Un nuevo informe del Parlamento Europeo establece recomendaciones para una gobernanza corporativa sostenible.
El actual régimen voluntario de diligencia debida en materia de sostenibilidad es insuficiente.
Cualquier régimen obligatorio debe seguir dejando margen a las empresas para trazar su propio camino hacia la sostenibilidad.
Desde su creación, la UE se ha enfrentado a numerosas crisis y debates sobre cómo avanzar en un plan para una Europa unida y pacífica de posguerra. En esencia, lo que comenzó como una unión económica imperfecta con la ambición última de integración política evolucionó y se transformó, paso a paso, en una organización que abarca ámbitos políticos que van desde el cambio climático, el medio ambiente y la protección de los derechos humanos hasta las relaciones exteriores y la seguridad, la justicia y la migración.
Uno de los avances recientes más importantes es el debate actual sobre las perspectivas y las opciones de política para promover una agenda sobre cómo las empresas pueden dirigirse y controlarse de forma sostenible: la denominada gobernanza corporativa sostenible.
La ola de quiebras y escándalos empresariales que alimentó el estallido de la crisis financiera mundial de 2008 ha suscitado un renovado interés público por la forma en que las corporaciones llevan a cabo sus actividades. El contrato social que vincula implícitamente a las empresas con el resto de la sociedad ha quedado sujeto a un escrutinio más riguroso. Posteriormente, el debate sobre la necesidad de un marco de gobernanza corporativa sostenible cobró nuevo impulso en el plan de recuperación de la UE posterior a la COVID-19, que gira en torno a la construcción de una economía europea ecológica, digital y resiliente a las crisis.
Por esta razón, la UE quiere incentivar a las corporaciones para que contribuyan más a este objetivo, formulando determinadas medidas de política que impulsen a las empresas a centrarse más en su desarrollo a largo plazo que en el rendimiento financiero a corto plazo. Dado que estas medidas afectan al núcleo del marco de Derecho de sociedades de la UE, plantean cuestiones críticas sobre hasta dónde pueden llegar las políticas que, bajo la presión de «reconstruir mejor y de forma más ecológica», se impulsan.
Dado que se espera que la Comisión Europea adopte una propuesta legislativa sobre gobernanza corporativa sostenible antes de que finalice 2021, y en vista de la próxima COP26, hay una cuestión cada vez más relevante: hasta qué punto pueden extenderse las restricciones impuestas a la autonomía del sector privado para dar forma a las estrategias de sostenibilidad de las empresas.
El régimen voluntario defectuoso
En el contexto de la próxima propuesta de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe no vinculante jurídicamente, en el que se exponen sus recomendaciones sobre cómo podría ser un marco de gobernanza corporativa sostenible. El informe subraya que el actual régimen voluntario de diligencia debida corporativa, regido por la Directiva sobre información no financiera (NFRD), que obliga a las grandes empresas a revelar sus políticas en materia de protección del medio ambiente, responsabilidad social, derechos humanos, anticorrupción y diversidad en los consejos de administración, ve mermada su eficacia por su adhesión al principio de «cumplir o explicar».
Por ejemplo, en virtud de la NFRD, las grandes empresas deben, entre otras cosas, informar sobre la diversidad en sus consejos de administración por motivos como la edad, el género o la formación y trayectoria profesional. Sin embargo, si estas empresas no cuentan con ninguna política de este tipo, la NFRD no les obliga a implantarla, sino únicamente a explicar por qué no lo hacen. En el clima actual, es muy probable que las empresas decidan voluntariamente implantar una política de diversidad. Pero, por ejemplo, las directivas femeninas y LGBTI infrarrepresentadas se beneficiarían más de un mecanismo de diligencia debida obligatorio y exigible, en lugar de la filosofía reactiva y las débiles medidas de rendición de cuentas del marco actual.
Por esta razón, el informe del Parlamento Europeo propone la introducción de un mecanismo obligatorio de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente que se aplique a todas las grandes empresas, a las sociedades cotizadas y a las pymes de alto riesgo que operen en la UE, junto con un mecanismo de cumplimiento. En pocas palabras, esto significa que las empresas estarán obligadas por ley a establecer y aplicar procesos adecuados para prevenir, mitigar y rendir cuentas de los impactos en los derechos humanos, la salud y el medio ambiente, incluidos los relacionados con el cambio climático, tanto en sus propias operaciones como en su cadena de suministro.
Preservar la autonomía empresarial
Sin embargo, la transición hacia un modelo de diligencia debida obligatoria debe pensarse con cuidado. Desde una perspectiva empresarial, un enfoque proactivo y orientado a la prevención, que incorpore la diligencia debida en materia medioambiental y de derechos humanos en el proceso de gestión de riesgos (identificación, medición y evaluación de riesgos, y medidas de reducción de riesgos), sería más adecuado para su finalidad, en lugar de imponer sanciones legales a posteriori. Esto permitiría, además, que las empresas vayan más allá de lo que ya exige la legislación de la UE para garantizar una conducta empresarial responsable mejor alineada con la sostenibilidad.
Ir demasiado lejos al imponer una diligencia debida obligatoria podría dar lugar a un marco de gobernanza corporativa sostenible asfixiante que socave el impacto real de las reformas. Lo que hay que hacer es correctamente diagnosticar los problemas del marco regulatorio actual y dar pasos posteriores y cuidadosos para subsanar sus deficiencias, capacitando a las corporaciones para integrar a fondo la sostenibilidad en sus estrategias operativas; detectando, replanteando y mitigando los efectos sociales y medioambientales perjudiciales de sus acciones (o, en algunos casos, de su falta de acción).
En la búsqueda de un camino hacia el progreso, los responsables políticos deberían intentar conservar un grado de flexibilidad muy necesario, otorgando discrecionalidad a las corporaciones y a sus consejos de administración para que logren integrar la sostenibilidad en sus procesos de gestión de riesgos y en sus agendas de gobernanza corporativa, en lugar de recurrir a imperativos legales excesivamente rígidos.
