África tiene la tasa de emprendimiento más alta del mundo, con un 22% de africanos en edad de trabajar que crean nuevas empresas, frente al 19% en América Latina y al 13% en Asia. Iniciativas como la Declaración de Monrovia (1979), el Plan de Acción de Lagos (1980), el establecimiento de la Comunidad Económica Africana (CEA) y de las Comunidades Económicas Regionales (CER) en la década de 2000 han contribuido al crecimiento del continente.
Sin embargo, como África es el continente más joven, con una edad media de 18 años, y alberga a más de 1.200 millones de personas, la distribución de los beneficios de este crecimiento entre los distintos grupos demográficos ha sido muy desigual. Aumenta la presión sobre el sistema para crear oportunidades de empleo más dignas que mantengan ocupada a esta población. La evolución de los sectores agrícola, manufacturero y de servicios es fundamental para la visión de África, pero se ve rezagada en cuanto a la inversión necesaria. África sigue siendo una economía predominantemente agraria que avanza hacia la industrialización, de ahí la necesidad de la urbanización. Pero los países que han logrado combinar el progreso económico con el dinamismo ambiental, social y de gobernanza se enfrentan a una presión extrema sobre sus recursos e infraestructuras, especialmente a medida que empeora el cambio climático.
Cuando las ganancias de bienestar derivadas del cambio tecnológico y la globalización no se comparten ampliamente y se ve afectada la movilidad social, se erosionan la confianza y la convivencia cívica en la sociedad y se fomenta el crecimiento de la delincuencia, la violencia y la marginación. En los Estados desarrollados de Occidente, el estado de bienestar se caracterizó por el crecimiento del nivel de vida como norma, no como excepción; y aunque con frecuencia no abordó la creciente desigualdad y las divisiones sociales, garantizó el recurso legal y las protecciones, las libertades cívicas y la promesa de movilidad social.
A medida que África se prepara para los avances tecnológicos, las perturbaciones derivadas de las crisis climáticas, la fragilidad geopolítica y las transiciones demográficas que transformarán de manera fundamental el trabajo y el panorama social, los líderes africanos deben garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos para seguir ofreciendo protección a un gran número de personas. Los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a decisiones difíciles. Los sistemas de protección social se diseñaron en torno a la idea de una única relación laboral a tiempo completo; y, según un informe publicado en 2018 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, no está claro cómo encaja en este marco estándar el creciente número de personas que trabajan por cuenta propia o cambian de empleo con regularidad.
Un nuevo informe del Banco Mundial señala que los países del África subsahariana (ASS) podrían beneficiarse de la adopción de tecnologías digitales de forma distinta a otras regiones. El informe se articula en torno a tres cuestiones principales que darán forma al futuro del trabajo en África: las necesidades de capital humano de una fuerza laboral joven y de rápido crecimiento, en gran parte poco cualificada; la prevalencia de trabajadores y empresas informales; y las políticas de protección social para mitigar los riesgos derivados de las perturbaciones en los mercados laborales.
Nuestra creciente capacidad para automatizar el trabajo humano en todos los sectores —agricultura, industria y servicios— hace que una fuerza laboral cada vez mayor sea cada vez más irrelevante para las mejoras del bienestar humano. Por el contrario, la automatización hace imposible alcanzar el pleno empleo en países que aún enfrentan un rápido crecimiento demográfico. Etiopía es uno de los países africanos con las mejores políticas y perspectivas, pero incluso allí será casi imposible crear empleo con la rapidez suficiente para absorber a una población en edad de trabajar que se prevé pasará de 43 millones en 2015 a 110 millones en 2050. Y las perspectivas de Etiopía son mucho mejores que las de Níger, donde se prevé que la población total pase de 24 millones en la actualidad a 66 millones a mediados de siglo, y a 165 millones en 2100.
Dadas las reservas naturales de África, cabría suponer que la riqueza generada por las actividades extractivas podría canalizarse hacia iniciativas de bienestar. Pero a menudo la «maldición de los recursos»; ha supuesto repercusiones positivas en los ingresos, pero no en la reducción de la pobreza, ya que benefició a los no pobres en lugar de a los pobres.
Para crear un estado de bienestar ágil e inclusivo en África, los principios básicos consisten en garantizar derechos colectivos dentro de la infraestructura judicial y jurídica, y en los sistemas de protección social. Según un reciente informe de Transparencia Internacional, existe una fuerte correlación entre la pérdida de medios de vida, estatus social, ahorros e incluso la vida de una persona y su exclusión del espacio compartido colectivo debido a la corrupción institucional y a lagunas jurídicas que permiten la discriminación y la exclusión, así como a la falta de acceso a información sobre los derechos de propiedad de la tierra y los procesos. Los responsables políticos deben proporcionar protección social garantizando la seguridad de la tenencia, la justicia en materia de tierras e intervenciones específicas para detectar y prevenir la corrupción en torno a la tierra.
En lo que respecta a los derechos de tenencia de las mujeres, incluso las estructuras jurídicas que reconocen los sistemas de tenencia comunal y colectiva de la tierra pueden no bastar si no tienen en cuenta la perspectiva de género. Por ejemplo, en Ghana, los grupos de discusión destinados a explorar la desigualdad de género en los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra revelaron que los hombres, que poseen más del 90% de la tierra de la región, creen que las mujeres tienen derechos porque los maridos deben proporcionar a sus esposas tierra para cultivar. Las mujeres no pueden heredar la tierra y, si la dejan en barbecho, corren el riesgo de perderla por completo.
Para construir un estado de bienestar inclusivo y ágil en África, los responsables políticos deben examinar los derechos y las nociones inherentes a las relaciones sociales en la sociedad. Propietario y arrendatario, hombres y mujeres, líder y ciudadano, empleador y empleado, médico y paciente, etc. No solo debe considerarse la importancia de los acuerdos gubernamentales, sino también la voz colectiva de las partes interesadas en lo que respecta a la oportunidad y la accesibilidad. Puede ser difícil y complicado de lograr, pero la viabilidad y la sostenibilidad de un estado funcional radican en los valiosos servicios ecosistémicos que puede proporcionar el acceso equitativo a los recursos y las oportunidades.
