Un aviso publicado recientemente de forma conjunta por nueve organismos —entre ellos, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, la Federación de Mujeres de Toda China y el Tribunal Popular Supremo— prohíbe a las empresas dar prioridad a cualquier candidato o rechazar una solicitud por motivos de género. Los empleadores pueden afrontar multas de hasta 50.000 yuanes (7.400 dólares) por publicar ofertas de empleo con requisitos sexistas, mientras que las agencias de contratación pueden perder sus permisos de actividad por prácticas discriminatorias similares.
Según el aviso, la medida busca eliminar la discriminación contra las mujeres durante la contratación y en el trabajo, así como animarlas a «participar en actividades sociales y económicas». Entre 1990 y 2018, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral de China cayó más de 10 puntos porcentuales, del 79,39 % al 68,58 %, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, un organismo de la ONU que promueve los derechos laborales.
«Las actitudes discriminatorias que se perpetúan durante el proceso de contratación han tenido un impacto negativo en la fuerza laboral femenina», señala el aviso.
Aunque varias leyes chinas —como la ley de protección de los derechos de las mujeres, la ley laboral y la ley de protección del empleo— garantizan la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo, algunas defensoras de los derechos de género afirman que están redactadas en términos vagos, se aplican con poco rigor o no responden a los intereses de las mujeres. Una encuesta de 2018 con más de 100.000 participantes, realizada por la plataforma de búsqueda de empleo Zhaopin, reveló que las mujeres cobraban un 22 % menos que los hombres y que más de una de cada diez mujeres trabajadoras creía que corría el riesgo de perder oportunidades de ascenso si decidía casarse o quedarse embarazada.
Preguntar por la vida personal de una candidata o empleada —desde su situación sentimental hasta sus planes de matrimonio y embarazo— ha sido una práctica habitual entre las empresas chinas que buscan evitar los costes asociados a la baja por maternidad. En algunos casos, las empresas incluso han despedido a empleadas por quedarse embarazadas.
La nueva directriz prohíbe a los reclutadores preguntar a las candidatas por su estado civil o sus planes de embarazo, exigir pruebas de embarazo a las nuevas empleadas o imponer restricciones relacionadas con el embarazo durante el empleo. El aviso conjunto también señala que los organismos gubernamentales ofrecerán asistencia jurídica a las mujeres que sufran discriminación de género en el trabajo, aunque no detalla claramente el alcance de esa ayuda.
Sun Xiaomei, defensora de los derechos de género y profesora de la Universidad de Mujeres de China en Pekín, declaró a Sixth Tone que la nueva directriz aún carece de medidas detalladas para poner fin a las prácticas de discriminación de género en los lugares de trabajo. Aunque el nuevo documento regula el proceso de contratación, sostuvo que no puede proteger los derechos de las empleadas una vez contratadas.
«El impacto que tendrá este aviso sigue siendo incierto», afirmó Sun. «El Gobierno debería publicar políticas, no solo un aviso. Nos enfrentamos a una crisis de discriminación de género en los lugares de trabajo tan grave que todas estas leyes que establecen los derechos de las mujeres no pueden resolverlo todo. Quizá sea hora de considerar nuevos enfoques».
