La corrupción a gran escala es el elefante en la habitación en el debate en curso sobre la historia de crecimiento de África. Si los países del continente africano desean atraer con éxito la inversión necesaria para un crecimiento inclusivo, los gobiernos y los agentes del sector privado deben adoptar medidas urgentes para combatir la corrupción. Esto no significa que la corrupción no sea un problema grave en otras partes del mundo, pero las lecciones de las economías de mayor crecimiento del mundo demuestran que la lucha contra la corrupción debe priorizarse si los inversores han de tener confianza en que su dinero estará seguro en un determinado país.
Hablar mucho y actuar poco en materia de corrupción es una de las mayores barreras a la inversión en el continente africano. Pese a los compromisos de los líderes africanos al declarar 2018 como Año Africano de la Lucha contra la Corrupción, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de este año, publicado por Transparencia Internacional, presenta un panorama en gran medida desalentador. Solo ocho de los 49 países participantes obtuvieron más de 43 sobre 100 en el índice. En definitiva, las actividades corruptas siguen frenando el crecimiento económico y la buena gobernanza en todo el continente.
Aunque la tecnología digital avanzada ya está disponible para que los investigadores forenses descubran y procesen judicialmente la corrupción en África, la lucha se ve obstaculizada por la falta de marcos jurídicos de apoyo, la falta de capacidad y de competencias de las fuerzas del orden y, en algunos casos, por el aumento de los obstáculos administrativos impuestos por las leyes de protección de datos. Sin embargo, los gobiernos africanos disponen de diversas formas de utilizar la tecnología forense para erradicar las actividades fraudulentas, mejorar la gobernanza y llevar ante la justicia a quienes sean culpables de corrupción.
Dotar de poder a las fuerzas del orden en la era de la protección de datos
Las normativas de protección de datos y privacidad son de vital importancia para salvaguardar la información personal de las personas. Sin embargo, la obligación de las fuerzas del orden de hacer cumplir las normas de protección de datos a menudo entra en conflicto con las necesidades de los investigadores forenses.
Estas normativas aumentan el nivel de autorización necesario para que terceros, incluidos los investigadores, accedan a información financiera detallada. En Sudáfrica, por ejemplo, para intentar rastrear fondos malversados, un investigador forense debe ponerse primero en contacto con el departamento forense de un banco y, a continuación, registrar una denuncia penal ante un agente de policía de guardia en una comisaría local. Si el asunto se eleva, es probable que el investigador deba ponerse en contacto con la división de delitos comerciales del servicio de policía, seguido de una solicitud de citación de la Sección 204 con arreglo a la Ley de Procedimiento Penal que, si prospera, debe notificarse al funcionario competente del banco antes de poder acceder al primer tramo de transacciones de la información sobre operaciones sospechosas. Este proceso puede tardar entre seis y ocho semanas, tiempo durante el cual el dinero puede haberse trasladado a otra cuenta bancaria, y se requiere una nueva citación.
Una oficina de pruebas digitales dedicada, con funcionarios formados para comprender la complejidad de la obtención de pruebas digitales, sería una herramienta valiosa para agilizar las investigaciones forenses y ayudar a los investigadores a rastrear la red de funcionarios corruptos vinculados a actividades fraudulentas. Esto reconocería que, en circunstancias específicas y controladas, es necesario un proceso de acceso a la información facilitado legalmente para asegurar las pruebas y mejorar la posibilidad de una investigación y un enjuiciamiento oportunos de los casos de corrupción.
Mejorar la transparencia de las licitaciones públicas
Aunque los procesos de licitación están diseñados para crear competencia entre los proveedores de servicios, prevenir la corrupción y garantizar que los gobiernos obtengan la mejor relación calidad-precio, estos sistemas de contratación pública también representan una oportunidad para que los defraudadores y los funcionarios corruptos accedan a fondos públicos bajo la apariencia de legitimidad.
En toda África, la falta de transparencia en los procesos de licitación ha incrementado la corrupción, no solo desalentando una inversión muy necesaria, sino también creando terrenos de juego desiguales y llenos de baches que impiden que las pequeñas empresas locales crezcan.
Los sistemas en línea que automatizan el proceso de licitación de grandes gobiernos y entidades estatales ya se han implantado en algunos países y ofrecen una forma no solo de generar datos útiles sobre las entidades que están detrás de las ofertas, sino también de examinar en mayor profundidad esta información si es necesario.
Los defraudadores sofisticados pueden presentar múltiples ofertas, bajo distintos nombres de empresa, sin levantar sospechas. Sin embargo, la tecnología puede mejorar la gobernanza al ofrecer un mecanismo para señalar a las entidades sospechosas que puedan estar cometiendo fraude en licitaciones en varios departamentos, así como para incorporar una funcionalidad que permita profundizar en los datos de acceso público con el fin de identificar a los beneficiarios efectivos últimos que se encuentran detrás de un determinado licitador.
La tecnología contra el blanqueo de capitales también puede ayudar al separar a la persona que adjudica la licitación del proceso de licitación, reduciendo el riesgo de corrupción.
La regulación y los costes de las investigaciones forenses digitales
La identificación y el análisis de las pruebas digitales deben considerarse cuidadosamente y deben desarrollarse marcos para garantizar que las pruebas críticas se obtengan mediante procesos rigurosamente controlados, a fin de respaldar posibles litigios de manera jurídicamente defendible.
Las tecnologías forenses no son prohibitivamente caras per se. Sin embargo, en muchos países africanos, la falta de marcos jurídicos básicos, de competencias tecnológicas y de tecnologías de la información fragmentadas o básicas a nivel estatal obstaculiza la eficiencia de las investigaciones, lo que obliga a los equipos de investigación a invertir más tiempo y personal, lo que encarece los costes.
El coste de acceso a la información sigue siendo elevado, ya que los departamentos gubernamentales locales son de difícil acceso y la información en papel es lo habitual en muchos países. La inversión en tecnologías de la información y sistemas interdepartamentales puede ayudar a reducir costes y a mejorar la transparencia.
Las empresas, los gobiernos y la sociedad civil deben reconocer el importante papel que desempeñan el acceso a la información y las pruebas en la prevención de la corrupción y el delito.Mediante la colaboración, tanto el sector público como el privado podrían trabajar juntos para crear la infraestructura o base de datos necesaria que proporcione un repositorio único o un portal de acceso a la información que genere confianza en los posibles inversores y en los gobiernos, demostrando en última instancia que la transparencia y una mejor gobernanza son posibles.
Un sistema simplificado proporcionaría a todos los participantes de una economía un acceso legítimo a los datos, no solo para prevenir directamente el fraude y la corrupción, sino también para ofrecer un acceso lo suficientemente amplio a la información pertinente que permita a todos gestionar colectivamente el riesgo de corrupción y hacer crecer las empresas de forma sostenible.
