La mayor escena del delito del mundo no se encuentra en ningún país ni región específicos. Se trata de la zona conocida como ‘alta mar’, es decir, aquellas partes de los océanos que quedan fuera de la jurisdicción nacional de los Estados costeros. La gobernanza y la regulación son limitadas en este ámbito, dado el principio de libertad de los mares.
En consecuencia, los hábitats frágiles han sido dañados por la pesca de arrastre de fondo en aguas profundas (buques pesqueros que raspan el lecho marino) y se ha destruido una biodiversidad marina única. Especies como el atún también han sido severamente sobrepescadas.
Muchos de estos delitos y actividades se han atribuido a grupos delictivos organizados que operan en el mar, pero también son responsables los usuarios legales del mar que llevan a cabo esquemas ilícitos. En 2012, la Asamblea General de la ONU señaló la existencia de ‘posibles vínculos entre la delincuencia organizada transnacional … y la pesca en determinadas regiones del mundo’.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un estudio sobre la delincuencia organizada transnacional en el sector pesquero identificó la pesca ilegal y la sobrepesca, el vertido de residuos tóxicos y la contaminación procedente de buques como actividades delictivas habituales llevadas a cabo por redes en alta mar. También se denominan delitos pesqueros transnacionales o delitos ambientales transnacionales.
El ‘acuerdo de París para el océano’ de la ONU es un avance bienvenido, y no solo para los conservacionistas
En septiembre de 2018, la ONU puso en marcha conversaciones formales para un tratado que conserve la biodiversidad marina en alta mar. Estas conversaciones suponen un bienvenido avance, y no solo para los conservacionistas.
Este proceso histórico y largamente esperado, que sigue a más de una década de debate, se prevé que requiera dos años de negociación antes de que se adopte un tratado en 2020. Ya bautizado como ‘Acuerdo de París para el océano’, sería el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para proteger la vida marina en aguas internacionales.
El tratado abarcará dos zonas marinas: la alta mar y la Zona, tal como las define la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). La alta mar representa ‘todas las partes del mar que no están incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico’. La Zona se refiere a ‘el lecho y el subsuelo marinos más allá de los límites de la jurisdicción nacional’.
Hasta ahora, en virtud de la CNUDM, ‘todos los Estados, ya sean costeros o sin litoral, [tienen] libertad de navegación, sobrevuelo, libertad para tender cables y tuberías submarinos, para construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional, libertad de pesca y libertad de investigación científica’. Los recursos de la Zona se consideran patrimonio común de la humanidad. La explotación de estos recursos se basa en el principio de primero en llegar, primero en ser atendido.
La explotación de los recursos del lecho marino se basa en el principio de primero en llegar, primero en ser atendido
Esto ha sido una zona gris en el derecho internacional, que deja la alta mar abierta a los delincuentes. Especialmente relevantes para el nuevo tratado son las formas de delincuencia organizada transnacional cometidas en el mar que ha identificado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Entre ellas figuran la contaminación procedente de buques, como el vertido ilegal e intencionado de petróleo en el océano, y los delitos pesqueros.
Estos últimos a menudo se superponen con otras formas de delincuencia organizada, como el contrabando de drogas y la trata de personas. Las lagunas legales han impedido hasta ahora el enjuiciamiento de quienes cometen estos delitos. El nuevo tratado de alta mar es una oportunidad para subsanar esta situación.
El futuro tratado no reemplazará ni sustituirá a la CNUDM ni a otros instrumentos jurídicos pertinentes. Se denominará Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y abarcará la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.
El reconocido biólogo marino y profesor de la Universidad de Columbia Británica, Daniel Pauly, aboga por una prohibición total de la pesca en alta mar, y afirma que ‘todas las especies que se extraen de alta mar —como el atún— podrían seguir capturándose en aguas costeras bajo control nacional’.
Los gobiernos africanos deben articular con claridad sus posiciones y prioridades en las negociaciones del tratado
Para los 55 países miembros de la Unión Africana, de los cuales 38 son Estados costeros, una mejor regulación de la alta mar permitirá una mejor gobernanza de los recursos marinos del continente. El tratado garantizará que todos los Estados, incluidos los que no tienen litoral, participen de manera más equitativa en la economía marítima mundial.
África podría beneficiarse considerablemente del tratado, y los países africanos participan conjuntamente en las negociaciones bajo la bandera del grupo G77 y China. Cómo negocien la inclusión de las prioridades del continente será clave.
Antes de la primera conferencia de septiembre de 2018, en la que el grupo estuvo representado por Egipto como presidente rotatorio, durante las sesiones preparatorias se identificaron cuestiones relevantes para África. La mayoría se mantuvo como temas prioritarios para el ciclo de conferencias de dos años. Entre ellas figuran los recursos genéticos, las evaluaciones de impacto ambiental, el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología marina.
Una mejor regulación de la alta mar debería ayudar a frenar la explotación descontrolada de los océanos y del lecho marino. Para los Estados africanos, esto significa participar en la economía marítima internacional y beneficiarse de ella. Para lograrlo, los gobiernos africanos deberán articular con claridad sus posiciones y prioridades, y desempeñar un papel proactivo en las negociaciones del tratado.
