Agosto es siempre un buen momento para hacer balance. Entre el ajetreo de la actividad estival y el inicio del nuevo «curso escolar», la calma de este mes ofrece un momento para reflexionar sobre la situación de Europa y hacia dónde se dirige. La Unión Europea, y su sede en Bruselas, no es una excepción, sobre todo de cara a un año de transiciones. Pero, en medio de las especulaciones sobre los retos y cambios que se avecinan, el único nuevo nombramiento que podría determinar el éxito o el fracaso de la UE en los próximos cinco años, el de la presidencia del Consejo Europeo, ha pasado totalmente desapercibido.
La atención de Europa se ha centrado en tres cuestiones que representan una amenaza clara e inminente: el Brexit, la migración y el auge del nacionalismo, que en países como Polonia alimenta una creciente resistencia a la UE y al Estado de derecho. La forma en que se gestionen estas cuestiones afectará al futuro y al funcionamiento de la UE. Esto es especialmente cierto en el caso del Brexit, que, pese al pesimismo que se cierne sobre las negociaciones, parece probable que dé lugar a que ambas partes ganen tiempo con un acuerdo transitorio que cree el espacio necesario para un acuerdo permanente.
En cualquier caso, afrontar estos y otros retos exigirá la aplicación sostenida de políticas inteligentes y con visión de futuro, llevadas a cabo por las principales instituciones de la UE: el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Sin embargo, tras un periodo de cinco años de fragmentación política sin precedentes en la UE, las perspectivas de funcionamiento de estas instituciones son sombrías.
Empecemos por el Parlamento Europeo, que en los primeros días de la integración europea estaba marginado, carecía de poder y pasaba desapercibido: un lugar para los que ya no eran nadie y para los que nunca lo serían. Pero en la última década y media, el Parlamento ha trabajado intensamente para obtener más poder, abriéndose paso en el proceso legislativo formal, asegurándose la facultad de supervisión e incluso interviniendo en el proceso de selección del presidente de la Comisión Europea.
Pero la forma en que el Parlamento Europeo ejerce su nuevo poder podría estar a punto de cambiar tras las próximas elecciones en toda la UE, en junio de 2019. Hasta ahora, los partidos proeuropeos tradicionales de centroderecha y centroizquierda lo han dominado, sin que los partidos más extremos llegaran realmente a alejar a la institución de su centro de gravedad.
Sin embargo, desde las últimas elecciones europeas, la política del continente ha experimentado una profunda transformación, con 41 nuevos partidos que han obtenido escaños en parlamentos nacionales desde 2014. Es casi seguro que el Parlamento Europeo se fragmentará considerablemente, algo trascendental dado el poder que ha acumulado recientemente.
La misma fragmentación también debilitará a la Comisión Europea, ya que comisarios de al menos cuatro países (la República Checa, Grecia, Italia y Polonia) serán nombrados en el plazo de un año por gobiernos euroescépticos. Las especulaciones sobre quién sucederá al presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker ya han comenzado; sin embargo, en última instancia, la respuesta probablemente marcará poca diferencia.
La inoperante comisión de «última oportunidad» de Juncker última oportunidad será sucedida por una comisión de «próxima oportunidad», que quizá quede aún más lejos del objetivo. Después de todo, desde que la crisis financiera mundial estalló en 2008, se ha hecho evidente que el verdadero poder en la UE no reside en los ámbitos transnacionales de la Comisión, sino en los pasillos intergubernamentales del Consejo Europeo. Esta tendencia se ve reflejada en el supuesto deseo del Gobierno alemán de colocar a un alemán (quizá el ministro de Economía, Peter Altmaier, o la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen) al frente de la Comisión, para acercar la institución a Berlín.
En cuanto al Consejo, las perspectivas también son desalentadoras. Los líderes nacionales que lo integran carecen de la visión, el compromiso o la fuerza necesarios para marcar el rumbo del proyecto europeo. La canciller alemana, Angela Merkel, la principal potencia europea durante los últimos diez años, se ha debilitado. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha perdido impulso. El Reino Unido se encamina a la salida. Italia, Polonia y Hungría se muestran abiertamente escépticas con Europa. España tiene un gobierno minoritario no electo, y los Países Bajos están paralizados por la oposición de derechas.
En definitiva, ninguna de las instituciones de la UE parece estar en condiciones de responder a los graves retos a los que se enfrenta. Esto nos lleva a una de las incorporaciones más recientes a la estructura de la UE, creada por el Tratado de Lisboa: la presidencia del Consejo Europeo.
La importancia de la presidencia del Consejo Europeo suele pasarse por alto. Pero, como primer titular del cargo, Herman Van Rompuy, demostró que, durante su mandato, puede ser fundamental para el progreso. Durante la crisis del euro, Van Rompuy, trabajando en gran medida entre bastidores, logró el apoyo de los Estados miembros y de las tres instituciones fundamentales de la UE para medidas muy necesarias.
No todo el mundo puede soportar el peso del cargo. Un presidente del Consejo Europeo eficaz debe tener un temperamento que le permita guiar a un grupo diverso de personas poderosas hacia resultados mutuamente beneficiosos, sin acaparar el protagonismo. El sucesor de Van Rompuy, de perfil más alto, Donald Tusk, es un buen contraejemplo.
El presidente adecuado del Consejo Europeo puede actuar como timón de todo el proyecto europeo. Pero el inadecuado dejará a la UE sin rumbo en un momento en que la acción conjunta es urgentemente necesaria. Evitar ese resultado debería ser una prioridad máxima para los líderes de Europa.
