En la década de 1970, la comunidad internacional vivió debates acalorados sobre la propiedad de los recursos naturales, centrados en los métodos e instituciones que regularían su precio y suministro, así como en las rutas estratégicas y los puntos de estrangulamiento que determinaban el acceso a estos recursos. El petróleo era el recurso más importante de este tipo: al mismo tiempo, un combustible para la industrialización del siglo XX y una fuente de inestabilidad y riesgo geopolítico.
Con el tiempo, el orden internacional creó un nuevo conjunto de acuerdos, aunque no siempre de manera eficiente. La ONU adoptó una resolución que garantizaba la soberanía de los Estados sobre sus recursos nacionales; recuerden el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI)? Y, mientras que cárteles como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se volvieron fundamentales para negociar los precios, las rutas marítimas estaban protegidas por mandatos del derecho marítimo internacional. De hecho, fueron los Estados Unidos, que se oponían al NOEI, quienes se mantuvieron al margen de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por temor a que obstaculizara la explotación comercial del fondo marino profundo.
No es difícil entender por qué la gestión del petróleo fue un asunto polémico. Al igual que los datos hoy, el petróleo era un insumo crucial para el avance económico, militar y estratégico. Y, como tal, fue una causa permanente de tensiones en la política internacional, razón por la cual la comparación sigue teniendo relevancia. Preocupaciones similares impulsan la gobernanza de los datos: la propiedad, el crecimiento económico y la seguridad nacional.
No obstante, esta caracterización de los datos no siempre constituye una plantilla precisa para la formulación de políticas. Mientras las negociaciones sobre los flujos transfronterizos de datos sigan exacerbando las tensiones multilaterales y bilaterales, es esencial que India comprenda por qué la analogía de que «los datos son petróleo» es importante y en qué punto se queda corta. Delhi debe priorizar tres consideraciones en este debate.
La primera se relaciona con la seguridad nacional. A diferencia del petróleo, el flujo de datos genera una gran cantidad de información que proporciona conocimientos detallados sobre las preferencias, los hábitos y los comportamientos de las personas y de grandes comunidades. Durante siglos, esa información se consideró esencial para la obtención de inteligencia y el arte de gobernar. Incluso hoy, es un multiplicador de fuerza del poder nacional.
La proliferación de los datos y los sistemas digitales ha creado una zona de captación muy amplia para la aplicación de los intereses estatales. La protección de los recursos naturales era una función del poderío militar de los Estados; sin embargo, asegurar el ciberespacio exigirá una fuerte cooperación entre gobiernos, plataformas y el ámbito académico. En Estados Unidos, las plataformas tecnológicas son cada vez más actores de primera línea en la toma de decisiones de seguridad nacional. ¿Cómo deben gestionar estos riesgos los exportadores netos de datos, como India, que dependen de sistemas tecnológicos extranjeros? Hasta ahora, no han surgido modelos fiables.
La segunda es económica. A diferencia de los bienes físicos, el valor de los datos no necesariamente recae en quienes ejercen jurisdicción sobre ellos. Las mayores petroleras, ya sean de propiedad privada o estatal, pertenecen a las naciones con fácil acceso al recurso. En muchos casos, a las empresas se les ofrecen concesiones a muy largo plazo sobre un recurso cuya propiedad estatal no está en disputa. Sin embargo, mientras que India alberga 600 millones de usuarios activos de internet, América del Norte acoge 13 de las 15 mayores empresas tecnológicas del mundo por capitalización bursátil, y China alberga las dos restantes.
Por lo tanto, el valor de los datos se capta no en el punto de extracción, sino en tránsito: cuando fluyen y respaldan nuevos productos, métodos empresariales e industrias. De hecho, los flujos de datos ya generan más valor en la economía mundial que los bienes y servicios. Puede que esto sea un punto evidente, pero sus implicaciones no lo son. Los regímenes que gestionan la globalización de los bienes, los servicios y el capital se diseñaron para favorecer los intereses económicos occidentales. Y, aunque los Estados en desarrollo se beneficiaron económicamente de la externalización de las industrias manufactureras, el valor añadido de las inversiones, las regalías y los impuestos fue captado casi en su totalidad por Occidente.
Existe un riesgo real de que la globalización digital conduzca a los mismos resultados. Restringir por sí solo el flujo de datos no resolverá los desafíos de India. Sin embargo, Delhi debería aprovechar este momento para renegociar los regímenes comerciales, financieros y de propiedad intelectual que regirán el flujo no solo de datos, sino también de riqueza y de personas. El flujo de datos e información personal de los indios no puede intercambiarse libremente. Debe estar condicionado a una arquitectura que dé prioridad al desarrollo equitativo y a los resultados económicos.
La última consideración es política. Muchos sostienen que los datos no deberían considerarse en absoluto un recurso o un bien de consumo; más bien, deberían entenderse como propiedad única y exclusiva de la persona. Después de todo, los datos no pueden extraerse de forma aislada: son las interacciones digitales de las personas y las tecnologías las que producen un suministro infinito de datos en bruto. En este sentido, los datos son totalmente distintos de los recursos naturales. (Dicho esto, se pueden establecer algunas analogías: ¿de qué sirve conferir derechos de propiedad a los indios desfavorecidos si su condición social y cultural les impide ejercer este derecho?) Las implicaciones de los datos y de sus flujos para los derechos humanos exigen, sin duda, la creación de un nuevo conjunto de protecciones legislativas e institucionales para las personas.
No obstante, es difícil imaginar que esta responsabilidad corresponda a actores distintos del Estado. Silicon Valley no puede asumir el papel de garante de derechos, porque las empresas tecnológicas son exactamente lo que son: empresas. Cuando estas plataformas no responden a las preocupaciones de sus propios soberanos, la probabilidad de que destinen recursos a los Estados en desarrollo es baja.
Además, aunque se considere que los datos son inherentes a las personas, el orden westfaliano sigue privilegiando la autoridad del Estado para determinar la movilidad de las personas y de sus bienes.
Durante la ronda de Doha de las negociaciones de la OMC, a comienzos de siglo, hubo un intenso debate sobre las modalidades de movilidad laboral. Con el régimen propuesto del AGCS, las vías de acceso rápido facilitarían la movilidad de la mano de obra altamente cualificada, mientras que los trabajadores de cualificación baja y media quedaban fuera del acuerdo, a pesar de que la mayoría de los países en desarrollo tenían una ventaja comparativa en estas categorías. Como ocurría entonces, es hipócrita que el mundo desarrollado elija qué personas y qué «partes» de la persona (es decir, los datos) pueden fluir libremente.
A pesar de lo que sugiere el planteamiento de este artículo, los datos deberían fluir libremente. Este es el resultado más óptimo para la comunidad internacional. Sin embargo, este proceso no puede producirse de forma aislada. Este artículo es una provocación para abordar algunos de los impulsos regulatorios que han impulsado la presión por la localización. Los flujos transfronterizos de datos están provocando cambios estructurales en la economía mundial. A menos que maduren normas e instituciones complementarias y auxiliares, los beneficios de estos flujos se distribuirán de manera desigual, creando nuevas brechas digitales y riesgos para la seguridad nacional. Sería contrario al interés nacional de India aceptar sin crítica regímenes que exigen la libre circulación de datos sin tener en cuenta sus preocupaciones políticas, de desarrollo y de seguridad.
