La ciberdelincuencia es el único ámbito de la ciberseguridad en el que puede alcanzarse un consenso mundial, ya que la mayoría de los países la separan de sus intereses de seguridad nacional.
Un organismo mundial formal puede ampliar eficazmente la prevención, la investigación y la interrupción de la ciberdelincuencia.
Las definiciones jurídicas compartidas, la armonización de las leyes de extradición y la lucha contra la pobreza digital son bases esenciales para un marco de aplicación de la ley.
Los recientes incidentes cibernéticos que trascienden las fronteras —desde las vulneraciones de instituciones gubernamentales hasta los ataques de ransomware que paralizan infraestructuras críticas— ocupan cada vez más un lugar central en los conflictos mundiales. Estas perturbaciones ponen de relieve la necesidad urgente de una alianza mundial unificada; si bien las redes de intercambio de inteligencia como Five Eyes y las instituciones mundiales como las Naciones Unidas (ONU) han desempeñado históricamente un papel en la guerra internacional, no bastan para responder a la escala, la complejidad y la velocidad de las amenazas digitales actuales. Se necesita una postura firme y una estrategia centrada para abordar el problema de la ciberdelincuencia mundial.
Uno de los mayores desafíos del ciberespacio es que, por lo general, resulta difícil saber dónde termina la seguridad nacional y dónde comienza la actividad delictiva. Los incidentes cibernéticos pueden ser actos de espionaje industrial a gran escala, estrategias de defensa nacional, operaciones militares o simplemente delitos motivados por el lucro. La buena noticia es que los debates sobre la ciberguerra, las capacidades ofensivas y las amenazas de los Estados-nación siguen en curso. La mala noticia es que estas conversaciones están profundamente politizadas y, por tanto, es poco probable que conduzcan pronto a un consenso mundial.
En lo que el mundo puede ponerse de acuerdo ahora mismo es en que la ciberdelincuencia está fuera de control y debe abordarse con urgencia. En 2021, un ataque de ransomware paralizó el sistema nacional de salud de Irlanda, lo que obligó a cancelar citas y operaciones y provocó la filtración de los historiales de pacientes. En 2022, se utilizó el malware Conti para infiltrarse en 27 instituciones gubernamentales de Costa Rica, incluidos municipios y servicios públicos estatales, y exigir decenas de millones de dólares en concepto de rescate. En 2024, el ataque de ransomware contra Change Healthcare, empresa de tecnología sanitaria propiedad de UnitedHealth dio lugar a la mayor filtración de datos sanitarios de la historia de Estados Unidos, que afectó aproximadamente a 190 millones de estadounidenses. Todos estos incidentes, junto con cientos y miles de otros casos de ciberdelincuencia, han puesto vidas en peligro, han provocado el robo de miles de millones de dólares y han dejado al descubierto la verdadera vulnerabilidad de nuestra infraestructura digital.
A diferencia de la ciberguerra y los ataques de Estados-nación, que suelen suscitar debates sobre la seguridad nacional, la soberanía y la atribución de responsabilidades, la ciberdelincuencia ofrece una vía más clara hacia la cooperación internacional. Con la excepción de Corea del Norte, que depende de la ciberdelincuencia para financiar su presupuesto y eludir las sanciones internacionales, los demás países suelen trazar una línea divisoria entre la ciberdelincuencia y los intereses de seguridad nacional, lo que hace mucho más realista abordar el problema.
1. Acordar definiciones de ciberdelincuencia
Uno de los mayores obstáculos para una aplicación eficaz de la ley es el desacuerdo sobre qué constituye un delito en el ciberespacio. Algunos países consideran que los proveedores de programas espía son activos nacionales, mientras que otros los ven como delincuentes. Algunos acogen a bandas de ransomware siempre que no ataquen objetivos nacionales, mientras que otros invierten muchos recursos en llevarlas ante la justicia.
Sin establecer un acuerdo mundial sobre qué es aceptable en el ciberespacio y qué no, resulta difícil avanzar en el debate sobre la aplicación de la ley. A partir del trabajo de Partnership against Cybercrime (PAC), una definición jurídica de ciberdelincuencia reconocida mundialmente podría incluir ataques contra hospitales, servicios de emergencia, aeropuertos y servicios públicos; ransomware; extorsión digital; fraude financiero; phishing; y robo de identidad a gran escala, así como la gestión de infraestructuras delictivas, como redes de bots y mercados de la web oscura.
Al definir qué está prohibido, la comunidad internacional puede empezar a aplicar consecuencias, independientemente de quién esté detrás del teclado. En el ciberespacio, el impacto importa más que la atribución, sobre todo porque puede resultar increíblemente difícil demostrar quién está detrás de un ataque concreto. Cuando se disponga de esa prueba, debe haber una vía clara para exigir responsabilidades a los ciberdelincuentes.
2. Crear un organismo mundial para prevenir e investigar la ciberdelincuencia
El hecho de que las organizaciones ciberdelictivas operen más allá de las fronteras nacionales exige un enfoque multinacional de la aplicación de la ley y la coordinación de políticas. Dado que ninguna de las organizaciones y alianzas internacionales existentes —ya sean la ONU, la OTAN o Five Eyes— puede abordar el problema de forma integral y eficaz, urge crear una institución que cierre la brecha que se avecina.
Al mismo tiempo, en los últimos años hemos visto ejemplos contundentes de cooperación internacional que han logrado desmantelar grupos de ciberdelincuencia y ransomware. Organismos como el FBI, Interpol y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, junto con las fuerzas del orden de países como Canadá, Alemania, Francia, España e Irlanda, han demostrado que la colaboración transfronteriza puede ser una fuerza poderosa para exigir responsabilidades a los ciberdelincuentes. Desde Hive en 2023, hasta Radar/Dispossessor y LockBit en 2024, los esfuerzos conjuntos de organismos policiales de distintos países y continentes han interrumpido las operaciones de bandas criminales.
Tenemos la oportunidad de aprovechar este impulso y convertir las operaciones conjuntas exitosas en la base de una colaboración más permanente y estructurada. Aunque la cooperación puntual ha demostrado ser eficaz, no basta para estar a la altura de la escala y la velocidad de las ciberamenazas actuales. Ha llegado el momento de formalizar estos esfuerzos mediante la creación de una Autoridad Internacional de Coordinación contra la Ciberdelincuencia (ICCA), una alianza permanente de países comprometidos con la aplicación coordinada de la ley, el intercambio de inteligencia, la armonización jurídica y la interrupción conjunta de las infraestructuras ciberdelictivas. Al formalizar la cooperación internacional en materia de ciberseguridad, podemos pasar de respuestas reactivas caso por caso a una estrategia mundial proactiva para combatir la ciberdelincuencia a gran escala.
3. Armonizar las leyes de extradición
Para acabar con los refugios seguros como Rusia, debemos armonizar las leyes de extradición de ciberdelincuentes y reforzar la aplicación de la ley contra la ciberdelincuencia dirigida por Interpol. Sin una cooperación internacional coherente, los actores de amenazas seguirán aprovechando las lagunas jurisdiccionales y operando con impunidad desde países que se niegan a procesarlos o extraditarlos o, peor aún, alientan y respaldan activamente sus actividades. Un marco jurídico unificado, combinado con consecuencias reales para quienes acogen a ciberdelincuentes, nos permitiría desarticular bandas de ransomware y grupos internacionales de ciberdelincuencia.
Es poco probable que se pueda hacer frente a los refugios seguros mediante la confrontación, pero sí mediante la presión. La ICCA impulsaría la armonización de las leyes de extradición por ciberdelincuencia, la simplificación de los procedimientos para compartir pruebas digitales y la imposición de sanciones colectivas —financieras o diplomáticas— a los países que se nieguen a cooperar o acojan activamente a delincuentes. Aunque no eliminaremos esos refugios de la noche a la mañana, los marcos jurídicos coordinados y los mecanismos de presión pueden reducir su eficacia y elevar el coste de acoger a delincuentes digitales.
4. Centrarse en reducir la pobreza digital
Al igual que la pobreza y la gobernanza deficiente han creado históricamente caldo de cultivo para la delincuencia, esas mismas dinámicas permiten ahora que prospere la ciberdelincuencia. En países donde personas cualificadas tienen acceso a Internet, pero no pueden encontrar un empleo digno; donde las autoridades locales carecen de capacidad para perseguir delitos cibernéticos; y donde la infraestructura digital no está sometida a una supervisión eficaz, la ciberdelincuencia se convierte en una opción atractiva para ganarse la vida, con poco riesgo y grandes beneficios. Estas circunstancias no solo crean entornos ideales para ciberdelincuentes individuales y bandas criminales, sino que también dan lugar a ecosistemas enteros, como plataformas de ransomware como servicio y redes de blanqueo de capitales.
Aunque Estados Unidos ha liderado los esfuerzos para impulsar programas cibernéticos tanto mediante la asistencia para el desarrollo como la seguridad ofensiva, ahora debemos reconocer que la pobreza digital y una gobernanza cibernética deficiente amenazan la seguridad mundial y requieren un enfoque internacional coordinado. Sin mecanismos de apoyo adecuados e intervenciones eficaces, muchas regiones corren el riesgo de convertirse en refugios seguros y plataformas de lanzamiento para la ciberdelincuencia mundial.
¿Cómo aborda el Foro los desafíos mundiales de ciberseguridad?
El Centro de Ciberseguridad ofrece una plataforma de confianza donde los líderes se reúnen para comprender los riesgos cibernéticos en evolución y sus implicaciones sistémicas. Se centra en fomentar la comprensión y la confianza en un mundo digital cada vez más interconectado.
Al facilitar la colaboración intersectorial y el intercambio de conocimientos, el Centro ayuda a sus socios a reforzar la resiliencia cibernética y abordar desafíos que requieren respuestas colectivas.
Lamentablemente, la ciberseguridad es una cuestión intrínsecamente política, dado el uso generalizado de herramientas cibernéticas por parte de actores estatales y no estatales con fines de espionaje, militares y de desinformación. La ciberdelincuencia, en cambio, es un problema apolítico y debería ocupar un lugar destacado en la agenda de todos, independientemente de dónde vivan o de sus creencias y convicciones personales. Los cuatro pasos aquí descritos no son fáciles, pero son necesarios si queremos proteger nuestra economía, cada vez más digitalizada, frente a actores maliciosos.
