Los efectos de la crisis financiera más devastadora en décadas han comenzado a desvanecerse. Pero el debate sobre los fundamentos de la economía mundial está lejos de haber terminado. De hecho, ha surgido una nueva ola de acaloradas discusiones sobre si las empresas deben anteponer los beneficios o el bien común.
Milton Friedman, destacado defensor del enfoque de gestión empresarial orientado a los beneficios, declaró célebremente que «el negocio de los negocios es hacer negocios». De hecho, desde este punto de vista, no hay contradicción entre maximizar los beneficios y procurar el bien común. La búsqueda de beneficios en sí misma es un objetivo socialmente beneficioso.
Una base conceptual para la perspectiva opuesta, a la que me adhiero, se encuentra en la teoría de creación de valor compartido del economista de Harvard Michael Porter. De hecho, mis propias publicaciones promueven el concepto de las partes interesadas como marco para una comprensión moderna de la gestión empresarial socialmente responsable.
El debate teórico podría continuar indefinidamente. Pero, en lo que respecta a la gestión práctica de las empresas, esa polarización ideológica no resulta particularmente útil. Si los directivos tuvieran que elegir entre cumplir las expectativas de los accionistas y atender sus responsabilidades sociales y éticas, probablemente sus empresas se vendrían abajo.
En cambio, los directivos exitosos reconocen que toda empresa es tanto una entidad económica como social y, por tanto, que no se puede descuidar a ninguna parte interesada. Como escribí hace más de cuatro décadas, una empresa, «como un organismo… depende de varias arterias», y debe nutrirlas todas si espera sobrevivir y crecer.
Suena sencillo. Pero puede resultar muy difícil cuando las exigencias, por ejemplo, de los accionistas de la empresa entran en conflicto con los intereses de sus empleados, clientes o comunidades locales. La buena noticia es que, en cualquier conflicto de este tipo, hay un objetivo claro y unificador: garantizar el éxito de la empresa a largo plazo.
Esto requiere, ante todo, que la empresa sea rentable. Pero la rentabilidad no debe ser un fin en sí misma; es una herramienta para ayudar a los directivos a determinar el uso más eficaz de sus recursos y evaluar la competitividad y vitalidad de la empresa. Así que, en vez de limitarse a repartir dividendos, las empresas deberían utilizar sus beneficios para reforzar su viabilidad a largo plazo.
La rentabilidad, el crecimiento y las salvaguardias frente a riesgos existenciales son cruciales para fortalecer las perspectivas a largo plazo de una empresa. Pero si estos tres factores constituyen el «poder duro» de una empresa, las compañías también necesitan «poder blando»: confianza y aceptación públicas, ganadas al cumplir con la responsabilidad social de la empresa. Solo cuando una empresa se ha ganado la confianza del público —su «licencia para operar»— puede su dirección crear valor a largo plazo para todas las partes interesadas, incluidos los accionistas.
En resumen, el verdadero conflicto no se da entre la maximización de beneficios y la responsabilidad social, sino entre pensar a corto y a largo plazo. En cierto sentido, este es un conflicto más fácil de resolver. Al fin y al cabo, un enfoque cortoplacista no solo socava las perspectivas de las empresas, sino que también amenaza a toda la economía. De hecho, el enfoque irresponsable de los directivos en promover los intereses inmediatos de los accionistas y, con ello, maximizar sus propias bonificaciones contribuyó significativamente a llevar al sistema financiero mundial al borde del colapso en 2008.
Para que la dirección de una empresa pueda atender los intereses a largo plazo de todas las partes interesadas, la toma de decisiones empresariales debe tener en cuenta los cuatro requisitos previos para la supervivencia de una empresa: rentabilidad, crecimiento, protección frente a los riesgos y confianza pública. Dado que satisfacer uno de estos requisitos suele ir en detrimento de los demás, un sistema así implicaría ajustes y compromisos continuos.
Estamos saliendo de un periodo en el que las empresas, presionadas para cumplir las expectativas de los accionistas, favorecieron la rentabilidad y el crecimiento, aunque eso implicara asumir riesgos excesivos y perder la confianza pública. Ahora las empresas deben trabajar para minimizar los riesgos y generar confianza, atendiendo las expectativas legítimas de todas sus partes interesadas, lo que incluye reducir el impacto adverso de sus actividades en el medioambiente y crear oportunidades de empleo de alta calidad.
Pero la responsabilidad social empresarial no se limita a la forma en que una empresa hace negocios. Las compañías deberían utilizar sus competencias esenciales para ayudar a encontrar soluciones a los problemas sociales más apremiantes de la actualidad. En otras palabras, además de servir a sus propias partes interesadas, una empresa debería aceptar su propio papel como parte interesada en nuestro futuro colectivo: una especie de quid pro quo por su licencia para operar.
Afortunadamente, cada vez más empresas actúan con sentido de responsabilidad social. Al colaborar con gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, las empresas están haciendo frente a grandes desafíos como la integración social y creando los sistemas necesarios para proporcionar educación y atención sanitaria a quienes más las necesitan. Estas empresas están aplicando el concepto de las partes interesadas a nivel micro y macro, respondiendo a las demandas de sus empleados, clientes y comunidades y, de este modo, fortaleciendo sus marcas.
Al hacerlo, estas empresas ofrecen una respuesta contundente a la pregunta de cuál debería ser su papel en la sociedad. Más importante aún, están demostrando al resto del sector empresarial que la tarea de promover el bien común merece la pena.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate.
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Autor: El profesor Klaus Schwab es fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.
Imagen: Un hombre pasa junto a edificios en el distrito central de negocios de Singapur el 14 de febrero de 2007. REUTERS/Nicky Loh




