El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha emitido una moratoria permanente sobre nuevas talas de bosques para actividades como las plantaciones de palma o la explotación maderera, según ha declarado el ministro de Medio Ambiente.
Aunque es probable que los grupos ecologistas la acojan con buenos ojos, algunos consideran que no va lo suficientemente lejos para proteger los bosques que quedan en este archipiélago tropical.
La moratoria, que abarca unos 66 millones de hectáreas (254.827 millas cuadradas) de bosque primario y turberas, se introdujo por primera vez en 2011 y se ha renovado periódicamente como parte de los esfuerzos para reducir las emisiones procedentes de incendios provocados por la deforestación.
«El presidente firmó una instrucción para detener nuevos permisos y mejorar la gobernanza del bosque primario y de las turberas», declaró la ministra de Silvicultura y Medio Ambiente, Siti Nurbaya Bakar, en un comunicado.
Bakar explicó que la instrucción presidencial del 5 de agosto establece que los ministros, gobernadores y otros funcionarios no pueden emitir nuevos permisos dentro de la zona de moratoria.
Indonesia ha tenido una de las tasas de deforestación más altas del mundo: según Greenpeace, en el último medio siglo más de 74 millones de hectáreas (285.700 millas cuadradas) de selva tropical, una superficie casi el doble del tamaño de Japón, han sido taladas, quemadas o degradadas.
La decisión sobre la moratoria llega después de que las autoridades declararan el estado de emergencia en seis provincias de las islas de Sumatra y Borneo, donde el humo de los incendios forestales ha empezado a causar infecciones respiratorias agudas.
La contaminación del aire en Palangkaraya, en Kalimantán Central, en la isla de Borneo, estaba empeorando y había obligado a las autoridades a reducir el horario escolar, según Arie Rompas, activista forestal de Greenpeace Indonesia.
Rompas afirmó que la moratoria permanente sigue sin ofrecer una protección adecuada del bosque primario y de las turberas a largo plazo, y atribuyó el problema a la falta de sanciones y a lagunas en la normativa.
«La política no debería aplicarse mediante una instrucción presidencial, porque es el instrumento jurídico más débil», declaró.
Según los datos del ministerio, la superficie delimitada para la moratoria pasó inicialmente de 69,1 millones de hectáreas a 66,1 millones de hectáreas recientemente.
«Si es permanente, no debería permitirse cambiar el mapa», declaró, y añadió que Greenpeace había comprobado que se habían concedido permisos para aceite de palma, pasta de madera, explotación maderera y minería en 1,6 millones de hectáreas dentro de la moratoria original.
