• La pandemia de COVID-19 ha obligado a cerrar las escuelas, afectando a hasta 1.600 millones de niños.
  • Se teme que muchos de los niños más pobres no vuelvan a la educación regular, ya que podrían verse obligados a trabajar para mantener a sus familias.
  • Es fundamental que los encargados de la formulación de políticas faciliten en la mayor medida posible el regreso de esos niños a la escuela, escriben el Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y el ex Primer Ministro británico, Gordon Brown.

La tan repetida idea de que la COVID‑19 es «el gran igualador» es un mito. No hay igualdad de sufrimiento o sacrificio durante una pandemia que afecta sobre todo a las personas más pobres y vulnerables.

Y aunque los ancianos con menos recursos se han llevado una cuota mayor del daño de la emergencia sanitaria, la pandemia ha generado una crisis educativa inédita que está afectando sobre todo a los niños más pobres y creando una generación que aprenderá menos. Los confinamientos y otras medidas de distanciamiento social obligaron a cerrar escuelas en todo el mundo, lo que en el peor momento alcanzó a unos 1600 millones de niños. Pero de ellos, los más pudientes tuvieron acceso a alternativas (por ejemplo, estudiar a través de Internet) que no están al alcance de los más pobres. Esto retrasó la educación de los niños más desfavorecidos del mundo (para quienes es la única forma de salir de la pobreza) y aleja todavía más el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 4 (ODS 4) de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos a más tardar en 2030.

Un objetivo que ya no se cumplía incluso antes de la pandemia, con cifras mundiales que hablan de casi 260 millones de niños no escolarizados y 400 millones que abandonaron después de los once años. En algunas regiones, por ejemplo en las áreas rurales de África subsahariana, pocas muchachas completan la educación secundaria, en particular por la difundida práctica del matrimonio infantil (hay unos cincuenta países donde no está prohibida, y muchos más donde la prohibición no se cumple). Esto lleva a que cada año unos 12 millones de niñas y adolescentes en edad escolar terminen casadas a la fuerza.

Cuando las escuelas reabran, es muy probable que muchos niños pobres no vuelvan a clases. La pobreza es la principal causa de inasistencia a la escuela, y las repercusiones económicas de la crisis de la COVID‑19 se seguirán sintiendo mucho después del final de las cuarentenas, sobre todo en el caso de las personas más pobres.

El resultado probable es que más niños se sumen a las filas de los 152 millones de menores en edad escolar obligados a trabajar (14 países todavía no ratificaron el convenio sobre edad mínima de la Organización Internacional del Trabajo). Y todavía más niñas y adolescentes serán obligadas a casarse antes de tiempo. Cuando el estallido en 2014 de la epidemia de ébola en África occidental obligó a cerrar las escuelas en Sierra Leona, la cantidad de adolescentes de entre 15 y 19 años de edad embarazadas o ya convertidas en madres creció a más del doble (de 30% a 65%). La mayoría nunca regresó a la escuela.

Con políticas adecuadas será posible iniciar la recuperación de las economías, recrear lentamente empleos y proveer medidas de protección social que alivien la pobreza de los desempleados. Pero escasa protección hay contra los efectos de una educación perdida, que pueden durar toda una vida.

Hoy más de la mitad de los niños del mundo (es decir, unos 900 millones) llegan a la edad de diez años sin poder leer un texto sencillo. Son 900 millones de niños que no reciben el conocimiento y las habilidades necesarias para mejorar sus oportunidades económicas en la adultez. Si no hacemos nada para ayudar a la «generación COVID» a recuperar el tiempo perdido, esa cifra puede llegar a mil millones o más. Cuando el devastador terremoto de 2005 en Cachemira obligó a cerrar las escuelas por catorce semanas, los niños más afectados sufrieron una pérdida equivalente a 1,5 años de aprendizaje.

Como señala el nuevo Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO, los niños que perdieron horas de clase necesitan programas para ponerse al día, como los que desde los noventa han logrado en América Latina mejoras de hasta 18 meses en los resultados educativos. Pero el apoyo necesario costará dinero, y hay un faltante de fondos para educación que es preciso remediar, ya que de lo contrario el ODS 4 seguirá siendo inalcanzable.

La UNESCO calcula que antes de la crisis de la COVID‑19, cincuenta países no invertían en educación el mínimo recomendado de 4% del producto nacional, o 15% del presupuesto público. La falta de financiación suficiente de parte de gobiernos y donantes lleva a que muchos de los 30 millones de niños refugiados y desplazados a la fuerza pasen de la edad escolar sin pisar jamás un aula, pese a los esfuerzos de Education Cannot Wait y otras organizaciones.

Y la pandemia restringirá todavía más los presupuestos educativos; con tasas de crecimiento inferiores o negativas, se reducirán los ingresos fiscales disponibles para la provisión de servicios públicos. Puestos a distribuir fondos limitados, el gasto esencial urgente en salud y en redes de seguridad social tendrá precedencia, y la educación quedará subfinanciada.

Al mismo tiempo, el aumento de la presión fiscal en los países desarrollados reducirá las partidas de ayuda internacional al desarrollo, incluido en esto el sector educativo, que ya está quedando relegado detrás de otras prioridades en la asignación de fondos de ayuda en el marco de programas bilaterales y multilaterales. El Banco Mundial calcula que en el transcurso del año entrante, la inversión general en educación en los países de ingresos bajos y medios puede ser entre 100 000 y 150 000 millones de dólares inferior a lo que estaba planeado.

Esta crisis de financiación no se resolverá sola. El modo más rápido de liberar recursos para la educación es el alivio de deuda. En los próximos dos años, los 76 países más pobres tienen vencimientos por 106 000 millones de dólares. Los acreedores deben condonar estos pagos, con la condición de que el dinero resultante se reasigne a la educación, lo mismo que a la salud.

Al mismo tiempo, hay que aumentar los recursos de las instituciones financieras multilaterales y de los bancos regionales de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional debe emitir 1,2 billones de dólares en derechos especiales de giro (su activo global de reserva) y canalizar esos recursos a los países que más los necesitan.

El Banco Mundial, por su parte, debe liberar más recursos, mediante la reprovisión de fondos a la Asociación Internacional de Fomento (o su uso como respaldo para emitir deuda) para los países de bajos ingresos, y el uso de garantías y subvenciones de donantes voluntarios como los Países Bajos y el Reino Unido, que están dispuestos a liberar miles de millones de dólares en financiación adicional para apoyar la educación en países de ingresos medios inferiores, a través del instrumento denominado Facilidad Financiera Internacional para la Educación.

En los próximos días, diversas oenegés y todas las organizaciones internacionales del ámbito de la educación comenzarán campañas de «regreso a la escuela». A fines de julio se lanzará una nueva campaña denominada Save Our Future cuyo objetivo es promover una reconstrucción mejorada en vez de la restauración del statu quo previo a la pandemia. Esto implica modernizar aulas y programas de estudio, implementar tecnologías eficaces y colaborar con los docentes en la provisión de enseñanza personalizada. Además, la mejora de las condiciones edilicias (más de 620 millones de estudiantes carecen de servicios de saneamiento básicos en sus escuelas, algo que afecta sobre todo a las niñas) y la provisión de comidas escolares (una necesidad vital para 370 millones de niños) también ayudarán a mitigar los efectos de la pobreza y elevar los resultados educativos. Por su parte, Save the Children sumará a esta presión una campaña de movilización de bases para pedir un alivio de deudas que libere fondos para la educación.

Pero la inversión en escuelas es sólo una parte de la solución. En Sierra Leona, redes de apoyo a las niñas redujeron a la mitad la tasa de abandono durante la crisis del ébola. En países de América Latina, África y Asia, programas de transferencia condicional de efectivo mejoraron la asistencia a clases. El último Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo señala la necesidad de implementar programas similares ahora.

La generación COVID ya sufrió demasiado. Es hora de que la comunidad internacional dé a los niños las oportunidades que merecen. A pesar de los desafíos inmensos que enfrentamos, seguimos comprometidos con que esta sea la primera generación de la historia en la que todos los niños estén en la escuela aprendiendo. Ahora los gobiernos nacionales y la comunidad internacional deben intensificar acciones colectivas para conseguir ese objetivo.