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La nueva normativa también impide que se puedan usar a partir de 2022 términos como "biodegradable" y "respetuoso con el medio ambiente" en los embalajes.
Francia estrena estos días una nueva ley contra el despilfarro y a favor de la economía circular. Con medidas como la prohibición a las firmas de moda de destruir los productos no vendidos, la obligación de que las lavadoras incorporen un filtro para reducir los microplásticos o la autorización de la venta individual de medicamentos, la ley define un proyecto amplio para disminuir los desechos y reducir la sobreproducción. Además, incluye una normativa que ataca directamente a las campañas de desinformación de las empresas prohibiendo que usen a partir de 2022 términos como "biodegradable" y "respetuoso con el medio ambiente".
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La ley, que se promulgó el 10 de febrero y recoge 166 artículos sobre distintos aspectos de la reducción de residuos, incluye también un programa gradual de eliminación de plásticos de un solo uso para 2040 y varios pasos para mejorar la información al consumidor. Entre ellos, destaca la obligación por la que todos los productos tendrán que indicar si contienen disruptores endocrinos –sustancias ajenas que provocan alteraciones hormonales– o la nueva calificación que recibirán los artículos electrónicos donde se indicará su durabilidad, la posibilidad de repararlos y cuánto costarán los repuestos.
"Muchas compañías piensan que se puede tirar o destruir la ropa o los zapatos que no han vendido", dijo la secretaría de Estado del Ministerio de Transición Ecológica, Brune Poirson. "Esto no podrá hacerse ya", explicó.
Polémicas con H&M o Burberry
La prohibición de destruir productos de moda en buenas condiciones ha suscitado especial interés después de que en los últimos años varias firmas recibieran duras críticas por sus prácticas. En julio de 2018, Burberry reveló en su informe anual que había desechado ropa y complementos por valor de 34 millones de euros, el gigante sueco H&M salió en la prensa por vender toneladas de prendas que retiraba de las tiendas a plantas que las quemaban para producir energía, y la compañía propietaria de Cartier, Richemont, confesó haber destruido hasta 500 millones de euros en relojes para evitar su depreciación.
El gobierno francés estima que Francia destruye o tira a la basura productos por un valor de 630 millones de euros: entre ellos, 180 millones en productos de higiene y belleza, 49 millones en textiles y zapatos, 10 millones en electrodomésticos y 40 millones de juguetes al año. "Concretamente, desechamos alrededor de un juguete por segundo", señaló Brune Poirson en su discurso en la Asamblea Nacional. Con la ley se espera reducir en cinco años el 15% de la basura que produce cada ciudadano y el 5% de la actividad empresarial.
La nueva normativa prohíbe también que a partir de 2022 aparezca sobre un producto o embalaje denominaciones como "biodegradable", "respetuoso con el medio ambiente" u otras expresiones equivalentes. Aquellos productos con plástico compostable llevarán una mención que diga "No tirar en la naturaleza" y los que aseguren estar fabricados con material reciclado deberán especificar el porcentaje real incorporado en el producto.
La lavadora contamina (y mucho)
Los pasos contra los microplásticos, que exigirán que las lavadoras incorporen en los próximos cinco años filtros para reducirlos, suponen también un avance considerable y representan la primera ley en el mundo en este sentido. Poirson tuvo una reunión esta semana con varios fabricantes y ONG para debatir este asunto y, a pesar de las dificultades que arguyen las empresas de electrodomésticos, señaló que se trataba de una medida necesaria. "No nos queda otra opción", aseguró.
Según la organización Plastic Soup Foundation (PSF), el 35% de los plásticos primarios que contaminan el océano son microplásticos que se desprenden cuando lavamos las prendas fabricadas con materiales sintéticos como el poliéster o el acrílico. "La opción de acabar con ellos por completo no es realista porque los materiales naturales acarrean otro tipo de problemas como el uso del agua o algunos tintes", explica la coordinadora del programa para reducir microplásticos Ocean Clean Wash, Laura Díaz, "por lo que estos filtros son una opción que ayuda".
En general, la ley consolida el concepto de que 'quien contamina, paga'. A través de una enmienda, se obligará a las compañías a financiar la destrucción de los desechos que produzcan en vez de desentenderse de ellos una vez que pasan al consumidor. En el caso de las tabacaleras, eso implicará que tendrán que contribuir a la gestión de la limpieza de colillas. La normativa incluye a muchos otros sectores como los fabricantes de juguetes, de artículos de bricolaje, de productos deportivos y de materiales de construcción.
Críticas por falta de ambición
A pesar de abarcar muchos aspectos de la producción y el consumo, la ley, sin embargo, ha suscitado también críticas por su falta de ambición en temas como la prohibición de los plásticos de un solo uso, que no se completará hasta 2040. La organización WWF la calificó como "decepcionante" por no resolver una de los problemas más urgentes para reducir los desechos.
También el autor que promovió la ley de 2016 que obliga a los supermercados a donar sus productos caducados, Arash Derambarsh, considera que la normativa "hace demasiadas concesiones a los lobbies". En su opinión, aplaza demasiados años el problema de los plásticos y no será efectiva porque, a diferencia de la legislación contra el despilfarro de comida, no habrá penalizaciones para las compañías. "Antes de que creáramos la ley de los supermercados todo el mundo decía que era muy difícil", explica desde París, "pero después de un año vimos que funcionaba". "Todo es posible si de verdad hay voluntad política", argumenta.
En cualquier caso, para otras organizaciones ha sido un paso hacia adelante para construir un modelo donde la basura se reduzca y el despilfarro no se acepte como algo natural. Queda esperar unos años para ver si la ley, con los apoyos y reticencias que está provocando, conseguirá cambiar un modelo de consumo que hemos aceptado como parte de nuestra sociedad.
