La tecnología permite el sufragio electrónico, pero la falta de marco legal, confianza e infraestructuras limitan su uso, generalizado en países como Estonia.

¿Se podría votar desde cualquier ordenador o móvil? La tecnología, según las empresas de programación, lo hace posible, pero falta legislación, una infraestructura informática independiente, formación en la ciudadanía, compromiso de los poderes públicos y garantías plenas de seguridad. Según los defensores de la Democracia 4.0, un movimiento que defiende la participación activa y permanente de la ciudadanía, el voto electrónico permitiría dar todo el sentido al artículo de la Constitución que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo. Pero las experiencias realizadas en algunos países arrojan luces y sombras.

“Es el futuro, tanto en elecciones como en sistemas participativos de grandes corporaciones o en cualquier tipo de consulta”, asegura Santos Vicente, director digital (chief digital officer) de Gfi España, una multinacional que ha ensayado un sistema de sufragio telemático fundamentado en tecnología blockchain e implementado en la plataforma llamada Smartvote, que asegura que un voto no puede ser alterado y que es único, verificable y anónimo (es imposible asociar un voto a una persona concreta), según afirma.

Alfonso Dopico, consultor estratégico en Gfi, no se atreve a fijar un coste de establecer un sistema de votación electrónica a gran escala, pero asegura que a la larga sería más barato que el actual sistema de votación físico. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de marzo una ampliación de crédito de 134,8 millones de euros para financiar los gastos de las generales del 28 de abril. Dos semanas antes, el 15 de febrero, hizo lo mismo con los gastos de las elecciones locales y al Parlamento Europeo: 176,8 millones de euros procedentes del fondo de contingencia

“La idea es sugerente, pero el principal problema es la seguridad”, advierte Rafael Rodríguez Prieto, profesor de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Dopico replica que, aunque técnicamente se puede hackear un proceso electoral realizado mediante blockchain, “haría falta una fuerza bruta tan grande que nadie tiene la tecnología para hacerlo”. Según simplifica para explicarlo, el blockchain en el sistema de sufragio sería como un tetris en el que cada voto forma parte de un mosaico y está asociado a otros elementos replicados y verificados en multitud de dispositivos por lo que alterar uno obligaría a hacerlo sobre más de la mitad de los ordenadores que participan en la cadena y al mismo tiempo.

DNI electrónico de una ciudadana de Estonia

Rodríguez Prieto apunta otro conflicto con las personas que no están familiarizadas con los sistemas digitales. En países como Estonia, uno de los más avanzados en votos y servicios electrónicos, permite los sistemas tradicionales y los digitales y el 44% de los votantes de los pasados comicios recurrieron a la última fórmula. En este país, el DNI contiene dos certificados digitales distintos: uno para confirmar la identidad del titular y el otro para permitir que ese individuo firme documentos con una firma digital. En ambos casos, el ciudadano cuenta con códigos PIN especiales. Esta fórmula dificulta la usurpación de identidad

Otro problema que señala el profesor de Filosofía del Derecho es la titularidad de la infraestructura de Internet, “que tiene unos propietarios”.

Dopico señala que para casos de participación ciudadana en sistemas electorales o de consulta sería necesaria la creación de una blockchain pública con todas las garantías legales y de control, algo que en su opinión es perfectamente viable y, además, garantizaría la seguridad del proceso. Santos señala como ejemplo que unas elecciones europeas como las del 26 de mayo implicaría que la cadena de bloques de cada país permitiría comprobar que los resultados finales coinciden con los votos emitidos ya que todas actuarían en la garantía de seguridad y en la verificación, que sería inmediata.

Otra pega al voto electrónico reside en que se ejerce en un ámbito donde no se puede asegurar que se ejerce libre de presiones. En Estonia, se permite cambiar el sentido del voto durante un tiempo establecido e incluso hacerlo presencialmente el último día aunque se haya votado a través de un dispositivo previamente. El último voto es el que cuenta.

Educación

Pese a las dificultades, el profesor la universidad sevillana, defiende las experiencias de voto electrónico por lo que suponen en fomento de la participación, siempre que vayan acompañadas de procesos educativos ante las tecnologías de la información y para que los individuos puedan hacer valer no solo sus derechos sino también sus deberes. En cualquier caso, señala como ejemplo, una ley refrendada por la mayoría de la población contaría con más consenso y sería más difícil de cambiar.

Los partidarios de la llamada Democracia 4.0 señalan estos sistemas como imprescindibles para garantizar que la soberanía nacional reside en el pueblo y apuntan que, como establece la Constitución, “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En España se han realizado pruebas en 2004 con algunas mesas de voto electrónico remoto, pero no se han generalizado. El sistema electoral se fundamenta en que el escrutinio definitivo, que es público, se realiza por las Juntas Electorales entre el tercer y sexto día posterior a las elecciones con las copias originales de las actas. Es totalmente manual, por lo que está a salvo de intentos de injerencias telemáticas.

En otros países, como Holanda, se renunció al voto electrónico en 2008 tras la detección de fallos de seguridad y lo mismo sucedió en Reino Unido tras 30 pruebas entre 2002 y 2007. Según los programadores, el blockchain actual evitaría los problemas detectados.

Solo tres países (Brasil, India y Venezuela) utilizan al 100% el voto electrónico. Estados Unidos, Colombia y Ecuador lo utilizan de forma parcial.