Se dice que la gente de Sao Paulo pasa más tiempo en embotellamientos de tránsito —en su camino a cenas familiares, fiestas nocturnas, clases de yoga y citas románticas— que disfrutando de esas actividades. Con frecuencia se considera que la solución a este problema es más y mejor infraestructura, incluidos el transporte público y la vivienda asequible. Este auge en las inversiones en infraestructura no solo mejoraría la vida e impulsaría la economía, sino que también ayudaría a mejorar el medio ambiente y reducir las emisiones de CO2.

Sin embargo, la voluntad política de convertir esos planes en acción solo tendrá lugar si todas las partes se abren a nuevas formas de pensar sobre cómo pagar estas inversiones tan necesitadas.

A menudo, se afirma que hay una gran cantidad de dinero del sector privado en busca de activos, pero que faltan oportunidades de inversión. Sin duda, el sector privado ya financia miles de millones de dólares de inversión pública en todo el mundo —incluidas escuelas, hospitales, carreteras, trenes y viviendas— utilizando métodos como asociaciones público-privadas (APP).

El sector privado indudablemente podría invertir mucho más si existiera una manera sostenible de trabajar con activos comerciales públicos.

La necesidad de inversión es innegable en todos los sectores, ya sea transporte, vivienda o energía; sin embargo, los proyectos brillan por su ausencia y los resultados son deficientes. La reacción política contra muchos esfuerzos pasados para que los sectores privado y público cooperen ha hecho que los principales protagonistas estén atentos a cualquier transferencia indebida de riqueza pública al sector privado, así como de cualquier intento de delegar la deuda pública al sector privado.

Los gobiernos no tienen la capacidad para gestionar el riesgo comercial, no utilizan una metodología contable actual ni un estado de situación patrimonial de la misma manera que el sector privado. Por lo tanto, este desequilibrio institucional forzará al gobierno a ceder el riesgo comercial al sector privado junto con cualquier potencial de ganancia.

En definitiva, los contribuyentes o los usuarios de un activo (como las autopistas de peaje) pagarán la inversión pública, ya que solo existen dos maneras de financiar realmente las inversiones públicas: a través de impuestos y de tarifas a los usuarios. (Si bien los préstamos no pagan el costo de la infraestructura, son fundamentales durante el diseño y la construcción).

En el financiamiento está el verdadero cuello de botella, ya que no es muy popular que los políticos aumenten los impuestos o apliquen tarifas por consumo más elevadas. Sin embargo, existe una manera diferente de financiar las inversiones en infraestructura del sector público, que es a través de la gestión profesional de la "riqueza pública" existente. Esto no implica impuestos más altos, privatizaciones o austeridad.

En todos los niveles, los gobiernos poseen activos comerciales: aquellos que pueden generar un ingreso no tributario, si se gestionan adecuadamente. Entre ellos, se incluyen activos operativos, como aeropuertos y servicios públicos, y bienes inmuebles. La regla general es que un gobierno local posee activos comerciales de un valor como mínimo equivalente a su PBI total. La gestión profesional de este patrimonio público permitiría a los gobiernos duplicar el gasto total actual en infraestructura y mantenimiento.

Los bienes inmuebles de propiedad pública de una ciudad no solo son la parte más oscura de la cartera, sino también la más valiosa. Su valor generalmente es equivalente al PBI de la ciudad y alrededor de una cuarta parte del mercado inmobiliario total de la ciudad. La mayoría de los gobiernos no cuentan con la metodología contable adecuada y no tienen una lista consolidada de todos sus activos, y mucho menos una valoración de sus carteras. La propiedad está fragmentada, lo que se traduce en una mala administración.

La forma de posibilitar la administración profesional de estos activos es consolidar tantos de ellos como sea posible bajo una institución independiente o un grupo de empresas. Cuanto más amplia y variada es la cartera que se consolida, mayor es la capacidad de financiación.

A nivel de la ciudad, dicha institución se denomina Fondo Soberano Urbano (Urban Wealth Fund, UWF) y tendría una estructura administrativa profesional y la transparencia de los más altos estándares internacionales. Funcionaría como si fuera una empresa que cotiza en bolsa, aunque sería propiedad exclusiva del gobierno, ya que sería una empresa verdaderamente pública.

Esto debería ser tan obvio como la necesidad de un banco central independiente. La consolidación de sus activos comerciales dentro de este UWF le permitiría al gobierno utilizar todas las herramientas disponibles en el sector privado.

Colocar tantos recursos en una empresa pública podría generar dudas sobre la administración, dada la historia de corrupción en Brasil y América Latina. Sin embargo, la alternativa de tener este enorme capital oculto y administrado de manera fragmentada lo expondría a un mayor riesgo de despilfarro, sin que el público siquiera fuera consciente de la pérdida.

Así como los esfuerzos para fortalecer las instituciones —como la policía y el sistema judicial— tomarán tiempo en una democracia que funcione bien, es necesario que haya un esfuerzo por tomar el control de la riqueza pública. Se requerirá un control constante y a largo plazo de la administración de la institución, de su independencia política, transparencia y objetivo para optimizar el valor en beneficio de muchos y no de unos pocos.

Un UWF debidamente estructurado y administrado le daría al gobierno una contraparte profesional para asumir riesgos comerciales y convertirse en un socio realmente profesional que trabaja con bancos, inversores y toda la comunidad empresarial.

Actuaría como inversor profesional y gerente de proyectos de infraestructura, sin exigir fondos de los contribuyentes, asignando capital eficientemente y logrando un resultado más favorable para los contribuyentes y futuros usuarios. Si se implementara de manera correcta, los trabajadores de São Paulo que viajan a diario ya no tendrían que perder un mes al año sentados en el tránsito, y tendrían aire más limpio para disfrutar de la vida en la ciudad.

Una nueva manera de proporcionar transporte mejorado, vivienda pública, energía, agua y asistencia médica es algo que todas las fuerzas políticas pueden apoyar, en beneficio de la sociedad en general.