Ley Fintech en México: ¿Cómo vamos?

Después de meses de trabajo intenso y de pocos decibeles, la tan esperada Ley de Tecnología Financiera mexicana, o Ley Fintech, está por llegar a las mesas de discusión del Poder Legislativo. Será la regulación oficial para las empresas y emprendimientos alrededor del sector financiero mexicano cuya oferta de valor está centrada en el aprovechamiento de tecnologías: ofrecen créditos, procesamiento de pagos, recomendaciones de inversión, entre otras.

En los últimos meses, el número de compañías fintech ha explotado a alrededor de 185, y captaron unos 100 millones de dólares. Es uno de los ecosistemas más avanzados en América Latina. Eso sí, el rango de usuarios y monetización está concentrado en unas pocas, muy destacadas, mientras que otras están en etapa de incubación, validación de modelo de negocio, o simplemente idea.

Al ser un tema tan novedoso y poco regulado, las empresas fintech han operado en espacios que no están explícitamente prohibidos por la reglamentación vigente del sistema financiero, conformada por unas 11 leyes en distintas materias, entre las que se encuentran la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, de Transparencia, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y de Protección y Defensa al Usuario.

En el último trimestre de 2015, se comenzó a trabajar en la Ley Fintech, ante la creciente presión de diferentes actores –empresas fintech, emprendedores, consumidores, bancos e instituciones financieras- por establecer “reglas de juego parejas”. Más aún, los emprendedores querían tener acceso a diferentes frentes de negocio que estaban prohibidos por la ley, pero que el avance tecnológico actual puede ayudar a impulsar.

En el camino sucedieron eventos que han influido en cómo llegamos al día de hoy:

En septiembre de 2016, se dio el relevo de importantes funcionarios en la Secretaría de Hacienda, por lo que nuevos ejecutivos se tuvieron que hacer cargo del seguimiento a la Ley Fintech. Finalmente, se optó por revisar todo el trabajo casi desde cero para que el nuevo equipo respaldara la propuesta.

Al mes siguiente, la startup Foodies cometió fraude por casi un millón de pesos a inversionistas de Fondeadora, lo cual puso a flote la imposibilidad de que la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) interviniera al no estar regulado el crowdfunding. Sin Ley Fintech, el apoyo a proyectos de crowdfunding o ahorro vía aplicaciones depende principalmente de la honestidad y buena voluntad de los emprendedores.

En noviembre de 2016, Donald Trump ganó la presidencia estadounidense, cambiando sustancialmente las prioridades del gobierno federal. Aunado al primer inciso, el proceso de desarrollo y auscultación de la Ley Fintech se extendió hasta marzo de 2017.

El contar con esta Ley pondría a México en el selecto grupo de países que se movieron rápidamente y que cuentan con normatividad en materia de tecnologías financieras, lo cuál se presume, daría certidumbre jurídica para atraer inversiones internacionales.

En el proceso han trabajado la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la CNBV, además de que ha habido comunicación permanente con las startups, lo cuál ha llevado a un borrador de 76 páginas cuyos cinco ejes son profundización financiera, protección al consumidor, preservación de la estabilidad del sistema mexicano, promoción de la competencia, así como prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Durante el mes de abril, los bancos están revisando los borradores para emitir sus comentarios. Esta etapa siguió a la etapa de comentarios para empresas fintech, que recabó una treintena de señalamientos. En caso de que todo salga según el plan acordado, se pasará a votación en ambas Cámaras, se promulgará la Ley, y comenzará la discusión de la(s) ley(es) secundaria(s) y su(s) reglamento(s), para los que darán hasta 24 meses para su aplicación definitiva.

La propuesta tiene un enfoque relevante en transparencia en procesos internos, donde se puede identificar un carácter orientado a la vigilancia a la captación de efectivo –principalmente para prevención de lavado de dinero-, los pagos y la administración de activos virtuales.

Finalmente, hay que resaltar dos cosas de la propuesta. Por un lado, su existencia trae certidumbre al ecosistema y permite separar a las empresas fintech que son serias de las que no lo son, o apenas son una idea guajira de tantas que hay. Esto la hace una ley de avanzada a nivel latinoamericano.

Por otro lado, puso el dedo en la llaga de un viejo problema: la forma de combatir el lavado de dinero sigue siendo en diferentes facetas, ya sea inefectiva, ineficiente y/u obesa, lo cual cobra una onerosa cuota de competitividad, inclusión financiera e innovación. Habrá que dar seguimiento a este proceso en México, pues será referencia para economías latinoamericanas que serán las siguientes, incluyendo Colombia, Chile y Argentina.