Las insurgentes candidaturas de los senadores Bernie Sanders y Donald Trump en las campañas presidenciales de este año expusieron una profunda grieta en las políticas económicas estadounidenses: muy pocos votantes hoy confían en el rumbo económico del país en comparación con la generación pasada.

En realidad, los estadounidenses –en virtud de su apoyo a Sanders y Trump– han presentado un reto intelectual directo al modelo de políticas favorables al mercado y con apertura internacional de las últimas décadas. Con el estancamiento de los salarios, el crecimiento en la desigualdad y la desestabilización constante provocada por los cambios tecnológicos y la globalización en las vidas de los estadounidenses, cada vez más personas exigen una economía que genere una mayor participación social y una distribución más amplia de sus beneficios.

Desafortunadamente, el interrogante sobre cómo podemos mejorar no solo la cantidad de crecimiento económico, sino también su calidad –es decir, su recompensa final a la sociedad en la forma de progreso sostenido en los estándares de vida medios– no ha sido el enfoque principal de la política económica de los Estados Unidos durante mucho tiempo. No obstante, si los legisladores asumen con responsabilidad el restablecimiento de oportunidades y la movilidad ascendente a un vasto número de estadounidenses que quedaron atrás a causa de los cambios sísmicos en nuestra economía nacional y global, la tarea de la reforma económica estructural para abordar este desafío debe ser prioridad absoluta.

Es verdad que la política macroeconómica de los Estados Unidos no ha sido en absoluto inerte y complaciente desde la crisis financiera de 2008-2009, y en gran medida esto se debe a la Reserva Federal, la Administración de Obama y el Congreso para estabilizar la economía, fomentar una recuperación y reducir el déficit fiscal a un nivel más sostenible. No obstante, las reformas nacionales más importantes de los últimos veinte años: la Ley de Cuidados de Salud Asequibles, la reforma financiera de Dodd-Frank, Leave No Child Behind (Que ningún niño se quede atrás), el beneficio de medicamentos recetados de Medicare y las normativas recientes sobre energía y clima, no estuvieron destinadas ni tuvieron el efecto de adaptar estructuralmente la economía a los retos planteados al empleo, la producción y los estándares de vida estadounidenses a partir de los cambios tecnológicos y la globalización.

Mientras que otros países, incluidos nuestros principales competidores industriales en Asia Oriental y el norte de Europa, se han enfocado agudamente en su desarrollo económico nacional durante las últimas décadas, la política económica de Estados Unidos ha estado distraída por tres crisis nacionales e, incluso en mayor medida, las reacciones ideológicas desproporcionadas que desencadenaron. Estas distracciones en serie han logrado que quitemos el foco de la función fundamental del gobierno de facilitar un progreso económico sólido y compartido en un mundo en el que la producción y el capital son cada vez más móviles y la fuerza laboral de la economía global se ha duplicado prácticamente en menos de dos décadas.

Más recientemente, la crisis financiera exigió una atención y recursos enormes durante los primeros años de la Administración de Obama. La reacción hostil de los congresistas republicanos ante las políticas de estabilización del Gobierno y la Reserva Federal extendió esta inevitable distracción hacia la parálisis virtual, e hizo retroceder el tiempo treinta años en el discurso estadounidense sobre la función del gobierno en la economía y dio fin a cualquier esperanza de promulgar leyes sobre reformas importantes, aun cuando comenzaba a reabrirse el espacio fiscal.

En la década anterior, los ataques del 11 de septiembre e, incluso en mayor escala, la intervención mal preparada en Irak inspirada por un pensamiento neoconservador consumieron la atención y los recursos del país. La Guerra de Irak tuvo un costo de más de $2 billones, un costo de oportunidad importante que representa un promedio de aproximadamente $200 000 millones o alrededor de 40 % de los gastos discrecionales no relacionados con la defensa por año, por encima de un gasto por un monto similar en el conflicto con Afganistán.

Finalmente, el trauma de la estanflación a fines de la década de 1970 continúa dominando las mentes de la mayoría de los legisladores y economistas estadounidenses. De manera prácticamente subliminal, continuamos luchando esta última guerra, que generó no solo la desregulación útil para el mejoramiento de la eficiencia de los mercados de productos y capitales en la década de 1970 y principios de 1980, sino también la explosión de los déficits fiscales, la negligencia benigna de un dólar extremadamente sobrevaluado y desindustrializado, así como el sesgo de incentivos en favor del capital por sobre los ingresos laborales durante los años de Reagan.

Las repercusiones filosóficas de esa crisis persisten bajo la forma de una concepción extremadamente estrecha de la reforma estructural. La mayoría de los legisladores y economistas hoy percibe la política económica estructural en términos de medidas para aumentar la eficiencia distributiva y el crecimiento a través de disciplina macroeconómica y mercados competitivos. Se aprecia muy poco, como lo hizo una generación anterior de economistas estadounidenses y muchos de sus alumnos extranjeros, la función estructural igualmente importante que otras clases de instituciones económicas e incentivos para políticas pueden tener en la promoción de un patrón de crecimiento equitativo y resiliente en las áreas de los mercados de trabajo, educación, gobierno corporativo y de inversionistas, protección social, infraestructura, ética comercial y política, competencia, sustentabilidad ambiental y sistemas tributarios.

Este exceso del péndulo en reacción a la década de 1970 se ha impregnado en la cultura profesional de una generación de legisladores. Se vio acentuada por el predominio de los macroeconomistas y los especialistas en mercados financieros en los cargos de los principales asesores económicos y ministerios de finanzas de todo el mundo, que llevan consigo los prejuicios sobre la primacía de estos elementos de la política, y por el predominio de los abogados en los cargos de los ministerios de comercio, cuya propia tendencia cultural es hacer demasiado hincapié en la negociación de oportunidades de apertura del mercado y restar importancia a la función de un entorno institucional favorable, particularmente en países en desarrollo, en moldear el grado en que estos acuerdos fomentan el consumo nacional y la demanda agregada global.

Si nuestra economía necesita un reequilibrio hoy, no en menor medida se debe a estas distracciones y reflejos de la generación anterior. La frustración popular con la administración del poder político de la economía durante la generación pasada no es, por lo tanto, ni irracional ni inocente; esto tiene una validez fundamental. Si bien el sector privado ha tenido una capacidad de adaptación y dinámica increíbles durante este período, la política económica de los Estados Unidos ha sido desigual y se ha visto sacudida por la crisis en términos macroeconómicos y completamente tomada por sorpresa en términos estructurales. No es exagerado decir que no ha habido una estrategia real para abordar las tendencias económicas, lo que generó ansiedad en el público, algo evidente y que ha cobrado fuerza desde hace algún tiempo. La distracción y la dependencia del sendero filosófico han generado una herencia de complacencia, una apariencia de pies de barro en un mundo en el que muchos de nuestros socios comerciales nos han alcanzado en términos de nivel de vida y competitividad industrial, en parte por ser todo menos complacientes sobre la integración económica mundial o atraídos por la doctrina conservadora inspirada en la década de 1970.

Qué necesitamos: Un Acuerdo justo y honesto del siglo XXI

Las semillas de la revolución en la política económica estadounidense que necesitamos para combatir la desigualdad y la inseguridad y, al mismo tiempo, fortalecer el crecimiento, pueden encontrarse en la herencia de Theodore Roosevelt. Como republicano de acción progresista independiente y obstinado, Roosevelt transformó el panorama político estadounidense y puso en marcha un proceso transformador de reformas durante décadas que, en su origen, puso en marcha la economía para la gente trabajadora y redujo los excesos del capitalismo financiero y la desigualdad a principios del siglo XXI.

Los temas en el discurso del Acuerdo justo y honesto” de 1905 de Roosevelt y otros aspectos de su herencia pueden aplicarse a las circunstancias actuales. Se manifestó abiertamente en favor de los trabajadores y de la industria, y fue un defensor de la regulación equilibrada en relación con ambos. Aborrecía la desigualdad extrema y la competencia injusta, que consideraba como una represión de la oportunidad económica y la dignidad humana básica. Como su reflexión de 1910 lo indica:

Cuando digo que estoy a favor un acuerdo justo y honesto, quiero decir que no solo defiendo el juego limpio bajo las reglas de juego actuales, sino que defiendo el cambio de estas reglas de modo de trabajar para lograr una igualdad más sustancial de oportunidades y de recompensas por un servicio igualmente bueno.

Estos son valores cívicos estadounidenses que trascienden la afiliación partidaria y el tiempo. Desde medidas que contrarrestan la confianza a la conservación ambiental y la protección de los trabajadores, a la regulación de la salud pública y la seguridad, su programa de política interior y aquellas de distintas administraciones democráticas y republicanas posteriores, constituyeron un avance simultáneo en el crecimiento económico y la inclusión social. Prepararon el terreno para una expansión sostenida de la clase media de los Estados Unidos, cuya acumulación del poder adquisitivo fue la locomotora que impulsó al país a alcanzar un estado de superpotencia económica. Lo que desde hace mucho tiempo ha estado ausente de las prioridades de ambos partidos, y esto constituye una falla tanto de sus gestiones de políticas como de los funcionarios electos, es una estrategia seria que pueda fortalecer a aquellos interesados en “cambiar las reglas” (reequilibrar los incentivos en áreas clave de la política económica estructural) según sea necesario para superar los obstáculos a la “igualdad de oportunidades y de recompensa por servicio igualmente bueno” en la economía actual.

Los conservadores estadounidenses parecen constitucionalmente incapaces de hacer frente a este desafío debido a la lente polarizada a través de la cual su doctrina contempla el papel del gobierno en la economía. Por el contrario, los progresistas ven los mercados competitivos y sus claves institucionales como complementos naturales, incluso simbióticos, y no antagonistas. Si se puede pensar en una economía como un jardín o una granja cuya producción final es un progreso sólido, amplio y sostenido en los estándares de vida, las condiciones macroeconómicas adecuadas y la competencia dinámica representan las condiciones climáticas de luz solar y humedad. El entorno institucional (normas, incentivos de políticas, capacidad administrativa) definido en amplia medida por el gobierno en distintas áreas de política económica estructural (p. ej., educación y capacitación, mercados laborales, gobierno corporativo, mercados bancarios y de capitales, protección social, infraestructura, competencia, ética comercial y política, medio ambiente, protecciones para consumidores e inversionistas, servicios básicos, etc.) representa la mezcla de nutrientes en el suelo. Al igual que la calidad del suelo influye en el volumen y la consistencia de la producción agrícola, también la fuerza y la mezcla de las estructuras institucionales inherentes a una economía de mercado moderna influyen en la calidad de su crecimiento económico, es decir, la medida en que sus beneficios se distribuyen y sostienen de manera amplia en la forma de mayores oportunidades, ingresos y calidad de vida.

Esta comprensión pragmática de la función del gobierno en la economía se aprendió de una forma difícil después de las crisis financieras y las grandes desigualdades a principios del siglo XX. Es el legado progresista bipartidista olvidado de las Administraciones de Teddy Roosevelt, Taft, Wilson, Franklin Delano Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson e incluso Nixon, que construyó de forma acumulativa una infraestructura institucional nacional en estas áreas de la política económica estructural, que contribuyó de manera importante al elevado crecimiento, la alta igualdad y el rendimiento de bajo riesgo de la economía estadounidense en el período posguerra. Esta profundización institucional reequilibró el modelo de crecimiento de nuestra economía, que lo hizo simultáneamente más inclusivo, resiliente y sólido: una lección de importancia crítica de la historia económica de los Estados Unidos que debe recordarse en nuestra memoria nacional y readaptarse a las circunstancias económicas modernas.

En la primera mitad del siglo XX, la economía cambió rápidamente de ser agrícola rural a convertirse en un espacio industrial metropolitano. Las economías de escala se alcanzaron a través de una producción masiva y estandarizada para y por la economía nacional e impulsada por energía económica de combustibles fósiles. El trabajo tendió a organizarse por empleadores grandes y estables que pagan una serie cada vez mayor de beneficios a los empleados. La información era analógica y debió canalizarse a través de medios exclusivos, educativos y de otras instituciones. Las familias solían tener un único sustento masculino, mientras que las mujeres gozaban de menos educación, libertad e integración en la fuerza laboral.

El Acuerdo justo y honesto y las posteriores reformas institucionales progresivas del siglo XX, incluido especialmente, pero no de manera exclusiva, el Nuevo Trato, se elaboraron a partir de este contexto en favor de la creación de una clase media amplia a través del establecimiento y la difusión de oportunidades y seguridad básicas en áreas como educación, infraestructura, pensiones, vivienda, seguro por desempleo, seguridad y salud ocupacionales.

La economía global de la información actual presenta una serie de desafíos diferentes para la prosperidad compartida. La producción está cada vez más distribuida y dispersa espacialmente en el mundo, una tendencia posibilitada por la transmisión de datos instantánea y de bajo costo y las comunicaciones, así como de un comercio internacional y un régimen de inversiones más abierto. La tecnología digital y de otro tipo modifican los modelos de empleo y de negocios en una sucesión constante de industrias y sectores de servicios, donde el ritmo de la desintermediación probablemente se acelere a través de servicios minoristas, de turismo, financieros, legales, gubernamentales y de salud. El trabajo se divide y distribuye cada vez más a lo largo de la cadena de valor, y los empresarios se enfrentan a menores obstáculos de ingreso particularmente para la prestación de muchas clases de servicios.

Este entorno competitivo más dinámico fragmenta la organización de trabajo, y fuerza a alcanzar eficiencias de costos de toda índole, incluso con respecto al pago de beneficios de empleados y al uso de recursos y materiales. En tanto los robots automatizan más la producción industrial y los algoritmos desplazan a los servicios administrativos de nivel medio, el mercado laboral prima los conocimientos avanzados, la creatividad, la flexibilidad y los servicios locales relacionados con el placer y la edad; es decir, las dimensiones de trabajo menos propicias para la automatización. En este mercado laboral más áspero, las familias ya han experimentado una desestabilización de su oferta laboral, donde dos sustentos ahora no solo son normales sino fundamentales, y el subempleo constituye una función de las desigualdades en habilidades y geográficas ante la ausencia de trabajos disponibles.

En consecuencia, un nuevo Acuerdo justo y honesto para el siglo XXI debe estar destinado a fomentar el estándar de vida de la clase media y trabajadora mediante la mejora del contexto institucional que sustenta la oportunidad y seguridad económicas que se construyó en el siglo pasado de modo que se corresponda mejor con el contexto económico de hoy.

Tres prioridades para la reforma estructural

Las propuestas actuales de la Secretaria Clinton están entre la mitad y dos tercios del camino hacia reequilibrar los incentivos económicos y las reglas necesarias para fortalecer el ritmo y la amplitud del progreso en los estándares de vida de los Estados Unidos, y lograr una respuesta estructural y no incremental ante el desafío que las personas perciben en la globalización y la incorporación tecnológica del siglo XXI. A continuación se incluye un conjunto integral de las principales iniciativas políticas que no afectan al presupuesto en tres áreas que podrían ayudar a que su agenda recorra la distancia restante. Si se elaboran correctamente, los objetivos más ambiciosos de estas propuestas ya no estarán fuera del ámbito de viabilidad política después de las primarias de 2016 que cambian el panorama De hecho, podría ser un aditivo político en un electorado cada vez más frustrado por la inacción de Washington y las maniobras partidistas.

·Prioridad uno: Fortalecer las habilidades, la productividad, la compensación y la seguridad básica del recurso más importante de nuestra economía: nuestra gente.

Las propuestas de educación temprana, educación universitaria, salario mínimo, cuidados infantiles y licencia familiar de Clinton constituirían un avance importante hacia el fortalecimiento de la productividad, la compensación y la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, hay otras dos grandes piezas faltantes en este rompecabezas en el que Estados Unidos es una excepción entre los países avanzados y no es coherente con la naturaleza dinámica del entorno económico internacionalmente más integrado y tecnológicamente disruptivo de hoy. La corrección de estas debilidades estructurales en el mercado laboral de los Estados Unidos podría financiarse a través de las propuestas de reforma tributaria corporativa y financiera que se describen a continuación. Existe una alta demanda política reprimida dentro de la comunidad de negocios por estas últimas, que crea una oportunidad (en realidad, una responsabilidad) de hacer cosas nuevas e importantes sobre la capacitación y la seguridad de los trabajadores, por un lado y el cambio climático, por el otro.

La primera pieza faltante que debemos abordar es la falta de inversión en las competencias laborales. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, Organization for Economic Cooperation and Development), Estados Unidos ocupa el segundo lugar desde abajo con solamente 1/6 del nivel promedio de apoyo financiero para capacitación y otras políticas para el mercado laboral activo. La Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral aprobada en 2014 modernizó nuestro contexto para la gestión y la entrega de gran parte de esta ayuda, pero no hizo nada para aumentar el nivel inadecuado de financiación para la capacitación (ahora aproximadamente $2000 millones). De igual forma, si bien el programa de Asistencia por Ajuste Comercial (TAA, Trade Adjustment Assistance) fue autorizado nuevamente y mejorado con la aprobación de la autoridad de negociación comercial el año pasado, su presupuesto para capacitación continúa limitado a $450 millones. Por otra parte, el enfoque estadounidense hacia la formación profesional y las pasantías es particularmente débil a pesar de las proyecciones que indican que para el año 2018, un tercio de todas las vacantes laborales exigirán alguna calificación postsecundaria, pero no necesariamente un título universitario de cuatro años de duración. Estados Unidos necesita desesperadamente un enfoque general con suficiente financiación (en contraposición a uno relacionado únicamente con la competencia a las importaciones) para favorecer el desarrollo de habilidades constante y la adaptación de su fuerza laboral, algo que los círculos económicos y de política comercial han comprendido durante años pero nunca asumido con la seriedad suficiente para respaldar con una financiación adecuada. La financiación para la adquisición y la renovación de las competencias laborales (asistencia de capacitación para trabajadores desplazados, aprendizaje permanente y formación profesional, incluidas pasantías) debe triplicarse, con un costo de otros $15 000 millones a $20 000 millones por año.

Una segunda prioridad debería ser mejorar la seguridad laboral. Se calcula que un tercio de la fuerza laboral estadounidense depende actualmente del trabajo contratado para una parte sustancial o para la totalidad de su sustento, y esta proporción está creciendo a partir de que más industrias y sectores de servicios sufren la disrupción y desintermediación de la economía digital. Los países más avanzados de la OECD intentan mantener la flexibilidad de su fuerza de trabajo y evitar al mismo tiempo una carrera hacia el abismo en materia de seguridad de los trabajadores al exigir el prorrateo de estos beneficios. Este es un hueco grande y creciente en la calidad de vida y el nivel de dignidad humana dentro de la economía estadounidense. Tenemos una oportunidad de abordarlo como parte de una reforma integral del impuesto sobre sociedades (según se explica más adelante) que proporcionaría un beneficio compensatorio para las empresa en la forma de una reducción considerable de la tasa corporativa marginal a niveles más alineados con el resto de la OECD. Específicamente, según la defensa general presidida por el senador Mark Warner (D-VA) y descrita en un documento de la New America Foundation, los empleadores con más de 50 empleados o contratistas independientes deben (con una opción de participación para las empresas más pequeñas) contribuir con un mínimo de $2 a $3 por hora del valor de los salarios de empleados de tiempo parcial o contratistas a un fondo de beneficios de múltiples empleadores para la cobertura de beneficios por jubilación, compensación de los trabajadores, salud o desempleo.

·Prioridad dos: Fomentar el empleo, la productividad laboral y los salarios al poner a Wall Street a disposición de la economía en general a través de cambios en la gestión de inversionistas y empresarios, los pagos a ejecutivos y la política fiscal.

Las propuestas de Clinton en la próxima serie de reformas financieras podrían fortalecer aún más el sistema bancario, regular la negociación de alta frecuencia, crear una preferencia fiscal para las ganancias de capital a largo plazo y estimular la financiación de infraestructura pública-privada. Sin embargo, todavía no están a la altura de su aspiración mencionada de “reparar el capitalismo trimestral” y de fomentar un cambio en la inversión a largo plazo.

Sin embargo, tres ideas podrían ayudar a alcanzar este objetivo. La primera es que el gobierno haga un esfuerzo coordinado por fomentar el uso de los contratos de gestión de activos a largo plazo y mejores prácticas relacionadas por los fondos de pensiones, compañías de seguros, fundaciones filantrópicas y otros fiduciarios. Existe una contradicción en el núcleo de nuestros mercados de capitales, en donde los ahorros para la jubilación y la universidad a largo plazo de las familias estadounidenses de clase media se transforman sistemáticamente en conductas de comercialización a corto plazo que distorsionan la toma de decisiones corporativas en formas que socavan la seguridad propia en el trabajo y la productividad, y debilitan de esta manera la creación de valor a largo plazo y la competitividad de las empresas en las que trabajan.

La buena noticia es que ha crecido la conciencia sobre este problema, y se han desarrollado principios y marcos de trabajo de mejores prácticas sobre cómo los gobiernos y los fondos pueden abordar este problema. En particular, si los grandes fondos públicos, sindicales y de pensión corporativa comienzan a contratar y evaluar las empresas de gestión de activos durante un período mínimo de 3 a 5 años (como su estructura de pasivo subyacente sugiere lógicamente que deben hacer), observaríamos un efecto conductual en cascada a través de toda la cadena de valor de inversiones. En una industria obsesionada con la evaluación comparativa con la práctica común, los protagonistas de la cadena de valor tienen dificultades para moverse a menos que un gran grupo de ellos, y especialmente aquellos en la parte superior de la cadena (propietarios de activos), lo hagan de manera inmediata, y así restablezcan las percepciones estándar de lo que constituye un buen gobierno. El próximo presidente debe dirigir las Secretarías del Tesoro y Trabajo e invitar al presidente de la Comisión de Valores y Bolsa a trabajar de manera conjunta en una estrategia de contratación directa de alto nivel con el inversionista institucional y las comunidades de gestión de activos para catalizar este cambio sistémico en el comportamiento.

En segundo lugar, Estados Unidos debe establecer un impuesto para transacciones de valores de renta variable modesto. Ocho países del G20, específicamente, China, India, Indonesia, Italia, Francia, Sudáfrica, Corea del Sur y el Reino Unido, imponen impuestos a las transacciones financieras, generalmente sobre las ventas de valores en el mercado secundario del orden de 0,1 % al 0,5 %. Además, diez países de la Unión Europea están trabajando en una propuesta que ha recibido el apoyo de la canciller alemana, Angela Merkel, entre otros líderes, para su implementación en 2017 o con más probabilidad en 2018. Sería moderadamente útil para el objetivo de incentivar la participación accionaria más a largo plazo de alguna otra forma por los inversionistas institucionales exentos de impuestos si se incrementara el costo friccional del volumen accionario frecuente, no al punto de drenar la liquidez del mercado (que un impuesto al nivel propuesto no lo haría), sino para exigir a los fiduciarios lo piensen dos veces. Con una representación de más de un tercio de la propiedad de los valores de renta variable de los Estados Unidos y comúnmente en representación de los accionistas más importantes en las principales empresas, estos inversionistas no se ven afectados por la propuesta de preferencia impositiva de ganancias de capital a largo plazo de Clinton. Exigir un impuesto por transferencias del 0,1 % sobre las transacciones del mercado secundario de valores de renta variable de sociedades estadounidenses y primas de opción de renta variable, y del 0,1 % sobre el valor nocional de los futuros de renta variable y canjes de los Estados Unidos incrementaría aproximadamente $25 000 millones por año y reforzaría un cambio en el horizonte temporal considerado por los inversionistas institucionales y la industria de gestión de activos.

En tercer lugar, la deducción impositiva por la compensación basada en el rendimiento (acciones) debería limitarse a $1 millón por año, lo que cerraría un resquicio de larga data en el límite de deducción de $1 millón actual para la compensación en efectivo para los ejecutivos de nivel superior que se conservaría en vigencia de manera separada. Esto no solo incrementaría los ingresos de $3000 millones a $4000 millones por año, sino que reduciría la tentación de los ejecutivos de impulsar los precios de sus acciones a través de medidas a corto plazo que posiblemente no sean para el máximo beneficio a largo plazo de los accionistas y beneficiarios de la empresa.

·Prioridad tres: Fortalecer los cimientos de nuestra calidad de vida y la prosperidad y el bienestar de nuestros niños mediante la mejora de la eficiencia económica y ambiental de nuestra infraestructura de transporte, agua y sanidad además de la protección contra los peores riesgos del cambio climático.

Las propuestas de financiación de la infraestructura de la Secretaria y el enfoque regulatorio reciente del Presidente Obama orientado hacia la acción climática son muy significativos y alentadores. No obstante, hay dos iniciativas adicionales que sumarían un cierto imperativo moral a su presidencia, explotando el deseo universal de dejar un mundo mejor y convertirlo en un lugar más seguro para nuestros hijos y nietos. La primera mejoraría el nivel de las iniciativas de investigación de salud y energía limpia del Gobierno Obama-Biden duplicando la financiación federal al cáncer y la epidemia de Alzheimer, por un lado, y a la energía alternativa, por el otro, con $10 000 millones por año en fondos excedentes generados por las dos propuestas impositivas descritas anteriormente. La segunda reconocería que la lucha contra el cambio climático exige una estrategia de dos vías: no solo el desarrollo intensivo de nueva tecnología que pueda reemplazar los combustibles fósiles a largo plazo, sino también el desarrollo amplio de tecnologías limpias existentes para alcanzar un pico y luego acelerar la reducción en las emisiones globales en los próximos 5 a 10 años, tal como lo aconseja la comunidad científica. Necesitamos un impulso sistémico para complementar los específicos del sector emergente y subnacionales en los Estados Unidos, y se está abriendo un panorama político que permite hacerlo a través del impuesto al carbón dentro del contexto de una reforma neutra para los ingresos y equilibrada políticamente del impuesto sobre la renta corporativa, definido detenidamente para ajustarse en las fronteras conforme a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En concreto, el próximo presidente debe trabajar con los líderes del Capitolio de los Estados Unidos en una reforma equilibrada y de neutralidad recaudatoria del impuesto sobre sociedades que incluya una reducción importante en la tasa corporativa marginal del 35 % a una tasa potencialmente baja de hasta el 25 % (el promedio de la OECD) en combinación con un impuesto especial de externalidad industrial (o “sustentabilidad”) ajustable en las fronteras, que se deduzca por completo de determinadas inversiones de capital con alta eficiencia energética y requisitos de contribución de $2 a $3 por hora del valor de salarios de empleados de tiempo parcial y contratados (1099) a los nuevos planes de beneficios de planes de múltiples empleadores descritos anteriormente para firmas con 50 o más empleados o trabajadores contratados.

El Departamento del Tesoro establecería una tabla de tasas de impuestos especiales para una cantidad limitada de productos industriales con un uso intensivo de combustibles fósiles basados en el nivel promedio de la industria de carbón incorporado en cada producto de la lista a un nivel correspondiente a $25 por tonelada. Estas tasas se aplicarían de manera uniforme a la venta entre empresas (B2B, business-to-business) de estos tipos de productos correspondientes, ya sean nacionales o importados, y se reembolsarían por exportaciones. Si bien las normas internacionales actuales no permiten el ajuste en las fronteras de los impuestos sobre el carbón que se aplican a diferentes tasas a la misma clase de productos en función de su contenido de carbón, lo hacen por un impuesto especial que se aplica a la misma tasa en forma no discriminatoria a todos los productos “similares”. La intención de la política para exigir el impuesto no es importante; lo que resulta determinante es si se trata de un impuesto sobre un producto (a diferencia de una entrada de proceso) y si se aplica a nivel nacional e internacional en forma no discriminatoria. El Departamento del Tesoro también debería designar una lista de bienes de capital de alta eficiencia energética que calificaría para la deducción plena de gastos (amortización inmediata) sobre la base del enfoque “Top Runner” desarrollado por el Gobierno de Japón, pero acrecentado a través de consultas con las comunidades de negocios y ambientales con el objetivo de extender la lista a equipos industriales adicionales.

Esta reestructuración de los impuestos a las empresas probablemente generaría una reducción impositiva neta considerable para la gran mayoría de las empresas (incluidas en especial las pequeñas empresas) sin perjudicar más al resto. Esto se debe en parte a que la base fiscal se está ampliando para incluir una parte considerable de las importaciones industriales que actualmente no están cubiertas por ningún impuesto federal. Los perdedores netos probablemente se concentrarán en las industrias del carbón, petróleo, gas, cemento y las industrias derivadas que son usuarios desproporcionados de sus productos (aunque los efectos de la competencia internacional estarán compensados por la ajustabilidad en las fronteras) o empresas que tienen fuerzas de trabajo contratadas particularmente grandes y no pagan beneficios. Incluso en estos casos, el efecto probablemente se disipe de alguna forma gracias a la capacidad de estas empresas de trasladar algunos de los costos adicionales a sus clientes. Entre el 10 % y el 15 % de los ingresos por el impuesto del carbón se dedicaría a la ayuda de familias de ingresos más bajos y comunidades que dependen más de la producción de combustibles fósiles, incluidas las regiones que dependen del carbón.

Esta reforma del impuesto sobre sociedades tendría cinco beneficios significativos:

· En primer lugar, al reducir la tasa marginal a la norma de la OECD, se eliminaría un incentivo clave para que las empresas cambien sus sedes y la producción en el extranjero, incluso a través de fusiones internacionales de inversión impositiva de reciente notoriedad, pero sin proporcionar una reducción neta en el impuesto sobre sociedades general de los Estados Unidos.

· En segundo lugar, sería poner el precio del carbón – el santo grial de la política climática– en lo que aparenta ser la forma disponible menos costosa en términos políticos; es decir, a través de un impuesto “entre empresas” no visible para los consumidores sobre una cantidad limitada de productos más relevantes en el contexto de un reforma neutra para los ingresos, así como a través de un incentivo positivo bajo la forma de una reducción en el costo de instalación de los equipos industriales más eficientes. Este enfoque de la zanahoria y el palo políticamente quirúrgico, pero económicamente adaptable, aceleraría considerablemente la descarbonización de la economía estadounidense. Además, al aumentar gradualmente el equivalente del precio del carbón del impuesto especial para fomentar la mejora constante en la eficiencia y, al mismo tiempo, mantener los ingresos del impuesto prácticamente constantes, incluso se puede lograr que las regulaciones de plantas energéticas sean innecesarias a largo plazo, lo que representaría otro punto de venta político para la comunidad de negocios. Además, los cerca de $100 000 millones por año generados por este arancel financiarían no solo los demás elementos de esta reforma impositiva corporativa, sino que aproximadamente el 3 % de esto también podría financiar un paquete de asistencia de ajuste especial para las comunidades que dependen del carbón y el petróleo y sus fuerzas de trabajo mucho más que los programas federales actuales.

· En tercer lugar, proporcionaría un impulso significativo a la actividad empresarial y las pequeñas empresas, que experimentarían un gran recorte impositivo, dado que las empresas con menos de 50 empleados y trabajadores contratados estarían exentas del impuesto especial industrial y del requisito del beneficio de trabajadores prorrateado, pero calificarían para la gran reducción del impuesto marginal.

· En cuarto lugar, el requisito del plan de beneficios de múltiples empleadores para empleados contratados taparía uno de los peores huecos de mayor crecimiento en la red de seguridad de los Estados Unidos sin exigir un nuevo programa de gastos federales.

· En quinto lugar, esta reforma por primera vez haría que un impuesto estadounidense pueda ajustarse significativamente en las fronteras (impuesto sobre las importaciones y reembolsado en las exportaciones), y compensaría en parte la desventaja competitiva de los Estados Unidos por no tener un impuesto al valor agregado (IVA), que es ajustable en las fronteras y empleado prácticamente por todos nuestros principales socios comerciales y, en consecuencia, percibido por la industria y la mano de obra de manera que nuestros productos están en desventaja en el comercio internacional. Por supuesto, los economistas argumentan que los tipos de cambios se ajustarán y eliminarán este efecto, pero los movimientos del tipo de cambio están dominados incluso en períodos prolongados por una variedad de otros factores, de modo que la ayuda a nuestras industrias de bienes comerciables (automóviles, aviones, equipos agrícolas y para la construcción, por ejemplo) puede ser significativa.

Si Estados Unidos promulgara esta clase de régimen impositivo industrial relacionado con el carbón, probablemente catalizaría una nueva oleada de diplomacia en el clima internacional constructivo. Los países con esquemas de límites máximos y comercio, que no son ajustables en las fronteras conforme a las reglas actuales ni suficientemente significativos en la actualidad para afectar el comportamiento, pueden tener una buena reacción a la naturaleza legalmente más inteligente y ambientalmente más eficaz de este enfoque impositivo y elegir imitarlo y quizás incluso alinearse con él. Esto creará una base para lo que el mundo necesita realmente: un enfoque coordinado y progresivamente significativo al precio del carbón en las principales economías industriales.

De la política a la revolución política

Por lo tanto, una nueva alineación de los incentivos con mutuos beneficios dentro de la economía que produzca un crecimiento más sólido con mayor equidad y menor riesgo para el medio ambiente es viable desde las perspectivas técnica, física y política. Las tres series de reformas estructurales descritas anteriormente, en combinación con las propuestas relacionadas ya presentadas por la Secretaria Clinton, equilibrarían una vez más la economía en distintos aspectos importantes y largamente esperados, incluida la creación de un marco integral y con financiación adecuada para fomentar las competencias, los ingresos y la seguridad de la fuerza laboral que invierta verdaderamente en las personas como prioridad en la estrategia económica del país.

Este programa abriría un nuevo capítulo en la reforma del sistema financiero poscrisis, al impulsar un cambio fundamental de los incentivos dentro de los fondos de inversión y los equipos ejecutivos corporativos para centrarlos en la generación de trabajo y la formación de capital a largo plazo que mejore la productividad en la economía real en contraposición a estrategias para ganar dinero fácil que implican reducir los costos al mínimo o ingeniería financiera. También reduciría significativamente los incentivos fiscales y arancelarios existentes para la deslocalización de la producción industrial y trabajos relacionados con servicios de alto valor agregado, y proporcionaría un gran impulso a la innovación y a los empresarios de pequeña escala a través de un recorte considerable en los impuestos para pequeñas empresas y un aumento en la investigación y desarrollo básicos en las áreas con enorme potencial comercial futuro. Por otra parte, este programa podría disminuir la carga en la situación financiera de las familias y crear un impulso correspondiente para agregar demanda a través de un fortalecimiento de la estructura de apoyo del “contrato social” federal y corporativo para la educación, recapacitación, licencia familia, ahorros para la jubilación y cobertura de seguro por desempleo. Además, definiría un “precio” sobre el carbón orientado al lugar en el que marcaría una diferencia importante en la lucha contra el cambio climático.

De igual forma que la onda progresista de las reformas económicas estructurales que comenzó con el Acuerdo justo y honesto de Teddy Roosevelt redujo considerablemente la desigualdad previa y posterior a la transferencia en los Estados Unidos durante la mitad del siglo XX, la serie de reformas más integral descrita aquí representa una estrategia para movilizar una amplia iniciativa sobre la desigualdad en el siglo XXI en gran parte a través de la “distribución previa” (cambios en la forma en que opera la economía) en lugar de la redistribución. Al mismo tiempo, representa una estrategia de crecimiento con elementos de corto y largo plazo, un nuevo enfoque para aumentar la tasa así como también la capacidad de recuperación del crecimiento mediante el fortalecimiento de los atributos fundamentales de la economía, que todos acordaron en ese momento que fue un aprendizaje clave después de la crisis financiera.

Estos son los elementos de una respuesta más que suficiente a la erosión de la confianza pública en el futuro económico del país y la participación en el mundo, de la revolución de políticas que se requiere para responder de manera creíble y constructiva a la frustración económica acumulada de muchos estadounidenses.

Un esfuerzo serio de este tipo para reequilibrar el modelo de crecimiento de la economía, y convertirlo en uno más inclusivo y sólido, podría ser un tónico para nuestro sistema político, y ofrecer la mejor esperanza imaginable para revertir el rumbo de Washington hacia la polarización y la parálisis. Ofrecería un propósito central y atractivo para el siguiente gobierno, una mejora estructural completa de la economía estadounidense destinada a incrementar los beneficios de los estándares de vida generales de crecimiento y priorizar la economía real y, de esta manera, transmitir un claro sentido más amplio de la misión y llamado a la acción. La comunicación de un cambio fundamental en el curso del país proporcionaría a las personas de todas las tendencias y generaciones (trabajadores, empresarios, madres, personas mayores, generación del milenio) un motivo mejor que la política de identidad o su propia preocupación por respaldar el esfuerzo de un nuevo presidente para dirigir Washington y eliminar el colapso causado por estos desafío críticos.

Citar a Theodore Roosevelt, quizás mediante referencia a un programa como un “Acuerdo justo y honesto para el siglo XXI”, o un “Acuerdo Real” para priorizar la “Economía Real”, podría ayudar al transmitir el potencial histórico y el precedente transpartidario de un esfuerzo de este tipo.

Debido a las distracciones y el callejón sin salida de la doctrina de la generación anterior, gran parte de la estructura de apoyo institucional de nuestra economía para un progreso compartido y sostenible se ha deteriorado o se ha visto superada por los cambios económicos. La mejora reciente en las finanzas del país y la interrupción en sus políticas han creado una oportunidad única en una generación para llevar a cabo las reparaciones y mejoras necesarias y, al hacerlo, armar una coalición dominante de progresistas democráticos y económicamente independientes orientados a los resultados, y antiguos republicanos similares a los que movilizó FDR después del fracaso de la última Era Dorada del país, e impulsar un cambio y una ampliación en el centro de gravedad político del país en el proceso.

Esta es la clase de cambio que, finalmente, también crearía una reforma importante de las prácticas de financiamiento de campañas y registro de votantes de Estados Unidos, la “revolución” política que más se necesita para dar pleno derecho al voto a estadounidenses comunes y restaurar su confianza en nuestras instituciones democráticas.

Nota del editor: Este documento es una adaptación de una versión extendida, disponible aquí.