Los gobiernos deben aprender a regular las industrias digitales sin frenar la innovación.
Las instituciones reguladoras actuales tienen sus raíces en el siglo XX y carecen de una supervisión lo bastante amplia para abordar la economía digital.
Para remediarlo, los gobiernos deberían examinar cuatro áreas distintas.
Los gobiernos han lidiado con el desafío de regular industrias nuevas y en rápida expansión, protegiéndose al mismo tiempo de posibles riesgos, desde que el cambio tecnológico acompañó por primera vez a la Revolución Industrial. En los siglos XVIII y XIX, los gobiernos tuvieron que apoyar el desarrollo de industrias completamente nuevas, a la vez que abordaban problemas en ámbitos como el trabajo infantil, el saneamiento y la calidad del aire.
Estos desafíos debieron abordarse como consecuencia de los profundos efectos económicos y sociales de estas industrias. El gobierno obtenía beneficios muy claros al apoyar su desarrollo, pero también existían enormes posibles perjuicios si se permitía que el mercado dictara las condiciones.
Hoy, los gobiernos enfrentan un ejercicio de equilibrio similar al regular la economía digital global que está tomando forma con la Cuarta Revolución Industrial. El sector público debe permitir que las empresas desarrollen productos y servicios digitales innovadores, al tiempo que establece medidas de seguridad regulatorias frente a posibles daños y directrices claras dentro de las cuales las empresas puedan operar con seguridad.
La diferencia es que, esta vez, las instituciones del sector público, arraigadas en el siglo XX y organizadas en torno a la regulación de industrias individuales, deben modernizarse para seguir el ritmo de las grandes empresas que cada vez abarcan más sectores como parte de la nueva economía digital. Tomemos los servicios financieros: actividades como comprar bienes y pagarlos en las redes sociales tienen componentes tanto minoristas como financieros y están sujetas a la regulación de múltiples organismos. Como resultado, se siguen introduciendo nuevas normas, supervisadas por distintas agencias, para cubrir áreas adicionales, lo que crea un mosaico de reguladores tanto a nivel nacional como internacional.
Incluso las nuevas normativas transversales a menudo todavía deben ampliarse para abordar de manera equitativa el alcance total de las actividades digitales en rápida expansión. Por ejemplo, el RGPD en Europa, una política diseñada para proteger a los consumidores salvaguardando los datos personales, puede dificultar que las empresas emergentes y las scale-ups accedan a las enormes cantidades de datos de consumidores que poseen las grandes empresas. Sin embargo, a menudo las empresas más grandes aún pueden compartir datos entre sus propias plataformas. Esto genera nuevos desafíos de competencia, que son regulados por un conjunto distinto de instituciones.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Para ser eficaces, los gobiernos deben rediseñar la forma en que regulan la economía digital, que crece rápidamente en todo el mundo, teniendo en cuenta cuatro desafíos digitales nuevos, paralelos y emergentes.
1. Alcance
Durante el último siglo, los reguladores han identificado desafíos dentro de mercados que dieron lugar a la creación de agencias u organismos reguladores dedicados a ese mercado específico, como la energía o las telecomunicaciones. O bien se centraron en un desafío concreto, como cómo hacer frente al poder monopolístico.
Pero en la economía digital, las mayores empresas abarcan desde bienes de consumo y comercio minorista hasta telecomunicaciones y energía. Los organismos reguladores también deben reorientarse en torno a definiciones igualmente más amplias de los problemas y los mercados.
Por ejemplo, en el Reino Unido, la Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA) y la Oficina del Comisionado de Información (ICO) son agencias transversales de competencia y protección de datos que establecen normas para toda la economía. En una reciente revisión de los mercados digitales, la CMA ha empezado recientemente a redefinir los mercados y el poder de mercado.
En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio trata la protección de datos como parte de su mandato más amplio de proteger a los consumidores y tiene experiencia en el análisis de la toma de decisiones automatizada. Bajo su nuevo presidente, una figura muy conocida en los círculos antimonopolio, podría adoptar una visión aún más integral de la protección de datos y la competencia.
2. Escala
Los reguladores también deben encontrar la manera de seguir el ritmo de un poder financiero sin precedentes que permite a las grandes empresas tecnológicas dejarlos atrás en muchos frentes. Algunas de las empresas más grandes tienen presupuestos anuales superiores al PIB de la mayoría de los países. Con servicios digitales que son parte integral de todo, desde cómo compramos hasta cómo nos desplazamos y cómo se procesan nuestros servicios financieros, las operaciones de los grandes actores digitales son de importancia crítica para el funcionamiento de las economías digitales nacionales. Como resultado, algunos responsables de políticas están considerando marcos regulatorios que exijan requisitos de resiliencia operativa.
Además, muchos servicios digitales se extienden hoy más allá de las fronteras geográficas. Como resultado, la regulación en un ámbito podría no ofrecer una solución completa en ausencia de acuerdos entre un grupo más amplio de naciones y estados. Aquí es donde los organismos supranacionales desempeñan un papel importante al establecer normas para la regulación nacional y ofrecer orientación sobre cuestiones globales como el intercambio transfronterizo de datos.
Existen precedentes de regulación internacional en el mercado de servicios financieros, como el Consejo de Estabilidad Financiera, que supervisa los mercados financieros, coordina a las autoridades financieras y establece normas internacionales. La enorme escala internacional y transversal de los mercados digitales generará nuevos problemas y dificultará la coordinación internacional. No obstante, esto no es motivo para evitarla, reconociendo que, a corto plazo, podría adoptar la forma de una coordinación regional, en lugar de global, entre naciones con ideas afines.
3. Productos digitales
La regulación de los datos digitales frente a otros bienes también debe repensarse. Existe el supuesto implícito de que los productos físicos vendidos en una plataforma digital están cubiertos por los regímenes regulatorios vigentes.
Sin embargo, la actual ausencia de un organismo explícito de protección del consumidor transversal en cualquier país deja a los consumidores expuestos a la explotación digital de normas en los casos en que productos y servicios caen entre sectores. Un ejemplo es que los consumidores podrían suponer erróneamente que los alimentos vendidos por minoristas en línea cumplen las normas nacionales de seguridad. Otro es que una oferta de crédito «compre ahora, pague después» no regulada puede parecer un préstamo para el prestatario, de forma muy similar a una tarjeta de crédito o un descubierto bancario. Pero, aunque pueda parecerlo lo mismo para el cliente, las protecciones ofrecidas son diferentes.
Incluso cuando las empresas están sujetas a la misma regulación, la realidad de la supervisión diaria es que las actividades digitales a menudo aún no se examinan de la misma manera y, por tanto, no están sujetas a la misma intensidad de supervisión.
4. Comportamiento digital
Por último, las normativas deben diseñarse para abordar nuevas formas de comportamiento digital. Una de las lecciones más importantes de las reformas regulatorias anteriores ha sido que las personas no siempre responden como esperan los reguladores. Cuando el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, comenzó a abrir de forma significativa los mercados de electricidad y gas, se asumió que los mercados libres llevarían a los consumidores a comparar opciones y cambiar de proveedor en busca de una mejor oferta.
Estas suposiciones se basaban en supuestos económicos estándar sobre cómo los consumidores buscan maximizar su propio interés. Sin embargo, resultó que la gran mayoría de las personas se quedó con el proveedor establecido.
Los enfoques regulatorios digitales deben construirse en torno a una comprensión más sofisticada de lo que la gente realmente hace con los nuevos productos y servicios digitales, en lugar de cómo podríamos esperar que se comporte, incluso si los propios consumidores no siempre saben cómo se usan sus datos ni cómo se extrae su valor.
Una economía digital sostenible
Las innovaciones tecnológicas están integrándose cada vez más en nuestra vida diaria, generando nuevas oportunidades valiosas, pero también riesgos digitales que aumentan de forma exponencial. Proteger realmente a los consumidores, al tiempo que se fomentan más avances tecnológicos, requerirá que los gobiernos adopten una arquitectura regulatoria más moderna e integral.
Como punto de partida, los responsables de políticas pueden empezar a conciliar las disputas digitales entre agencias reguladoras mediante la creación de colegios reguladores y foros de cooperación que ayuden a ofrecer soluciones a algunos de los desafíos transversales que plantea la nueva economía digital. Esto ya está empezando a ocurrir, por ejemplo, a través del Foro de Cooperación en Regulación Digital en el Reino Unido, que busca comprender dónde se requieren puntos de coordinación y abordarlos de frente.
Pero lo que realmente se necesita es una nueva arquitectura de supervisión adecuada a la era de la economía digital. Dicha arquitectura regulatoria para la economía digital debería reunir y abordar de forma integral los riesgos transversales de nueva aparición en términos de alcance, escala, productos y comportamiento.
