La directora ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Elizabeth Mrema, liderará los esfuerzos para alcanzar un acuerdo histórico que proteja la naturaleza en la Cumbre sobre Biodiversidad COP15 de diciembre, en Montreal.
Se espera que haya suficiente apoyo internacional para crear un “momento París” para la naturaleza en la COP15, en referencia al Acuerdo de París sobre el clima de 2015.
Como copresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con la Naturaleza, Mrema también contribuye a crear un marco para que las empresas y los inversores informen sobre los riesgos para la naturaleza.
Varias metas de las negociaciones de diciembre están directamente relacionadas con las empresas, como la Meta 15, que exigirá a las grandes empresas e instituciones financieras que evalúen y divulguen sus impactos y dependencias de la naturaleza para 2030.
Además de la naturaleza, es necesario salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, que protegen el 80% de la biodiversidad que aún queda en el mundo, afirma Mrema.
Mucho recae sobre los menudos hombros de Elizabeth Maruma Mrema. La abogada tanzana, directora ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, liderará los esfuerzos para alcanzar un acuerdo histórico que proteja la naturaleza en la cumbre sobre biodiversidad COP15 de Montreal, en diciembre.
Como si fuera poco, también es copresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con la Naturaleza (TNFD, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es crear un marco para que las empresas y los inversores informen sobre sus riesgos relacionados con la naturaleza: tanto el impacto que tienen sobre ella como su dependencia de la naturaleza para llevar a cabo sus actividades.
Tras haber sido nombrada solo en 2021, ella y su copresidente, David Craig, fundador de Refinitiv, avanzan a toda velocidad con el objetivo de elaborar una versión viable del TNFD para septiembre del próximo año.
El calendario se ha retrasado para que llegue apenas unos meses después de lo que se espera que sea un “momento París” para la naturaleza en la COP15, en referencia al Acuerdo de París sobre el clima de 2015, con 196 países que han refrendado el marco mundial de biodiversidad posterior a 2020 (GBF) del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Pero tras las negociaciones previas a la COP15 celebradas en Nairobi en junio, que solo dejaron dos de las 21 metas del GBF intactas, las ONG advirtieron de que podría convertirse con la misma facilidad en un “momento Copenhague”, en referencia a las conversaciones sobre el clima de 2009 que terminaron sin acuerdo.
Preguntada en una entrevista con Ethical Corporation si se arrepentía de haber dicho “sí” al puesto en el TNFD, dadas las exigentes responsabilidades de su cargo en la ONU, Mrema declaró: “No me arrepiento, aunque es demasiado trabajo: el convenio (sobre biodiversidad) supone un 200% de esfuerzo, y el grupo de trabajo, un 200%, pero me ha permitido comprender mejor el funcionamiento de la comunidad empresarial. …. Eso ha sido un beneficio positivo para mí.”
Afirma que en el mundo empresarial crece la conciencia sobre los riesgos de no proteger la naturaleza, dado que más del 50% de la economía mundial depende de los ecosistemas que esta proporciona. “Sin (proteger la naturaleza), son sus empresas las que se verán afectadas.”
El coste del fracaso volvió a destacarse en el último informe Planeta Vivo de WWF, que indica que las poblaciones mundiales de fauna silvestre se han desplomado un 69% de media desde 1970.
Otro informe publicado esta semana, la Forest Declaration Assessment, concluye que, un año después de la Declaración de Líderes de Glasgow, que pretendía detener e invertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030, ni un solo indicador mundial está encaminado, y la financiación para proteger y restaurar los bosques debe multiplicarse por 200 para alcanzar los objetivos.
Sin embargo, sostiene que las empresas que se involucran de forma positiva con la naturaleza podrían contribuir a combatir tanto la pérdida de biodiversidad como el cambio climático. Para 2030, las soluciones basadas en la naturaleza podrían contribuir con más de un tercio de las reducciones rentables de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Aunque las negociaciones políticas serán complicadas en diciembre, Mrema espera que su labor en el TNFD dé sus frutos, con varias metas directamente relacionadas con las empresas, en particular la Meta 15, que exigirá a las grandes empresas e instituciones financieras que evalúen y divulguen sus impactos y dependencias de la naturaleza para 2030.
Si bien más de 18,600 empresas divulgaron datos sobre el impacto del cambio climático a través de la plataforma voluntaria de divulgación CDP en el último año, un 42% más, la brecha se está ampliando en la presentación de informes sobre los impactos relacionados con la naturaleza, ya que solo algo más de 1,000 empresas informaron sobre datos relativos a los bosques (un 20.5% más) y 4,000 empresas divulgaron información sobre riesgos para la seguridad hídrica (un 16% más).
Más de 330 empresas han ya firmado una declaración, organizada por la coalición Business for Nature, en la que se insta a los gobiernos a reforzar el texto preliminar de la Meta 15 haciendo obligatoria la presentación de informes sobre el impacto de las empresas en la naturaleza.
“Actualmente, las empresas y las instituciones financieras no tienen la certidumbre política que necesitan para cambiar sus modelos de negocio”, reza la declaración de Business for Nature. “Y los gobiernos no disponen de la información que necesitan para aplicar estos cambios y hacer un seguimiento de los avances. La evaluación y la divulgación son un primer paso esencial para generar acciones, pero solo tendrán impacto si se vuelven obligatorias.”
Aunque el TNFD no aboga por que la adopción de sus directrices sea obligatoria, “eso demuestra la apropiación de esta agenda por parte de las empresas”, afirma Mrema. “Para mí, esto es la incorporación de las empresas.”
Mrema necesitará todo el apoyo posible en diciembre. Al igual que en las negociaciones climáticas de la ONU, debe alcanzarse el consenso con los 196 signatarios de las 21 metas. Aunque la Meta 15 tiene buenas posibilidades de ser aprobada, sea o no obligatoria, otras metas relacionadas con las empresas afrontan un camino mucho más difícil en Montreal: la Meta 19, que busca impulsar los flujos financieros del norte global al sur, y la Meta 18, que pretende “reorientar, reutilizar, reformar o eliminar los incentivos perjudiciales para la biodiversidad, de forma justa y equitativa, reduciéndolos en al menos US$500bn al año, incluidos todos los subsidios más perjudiciales, y garantizar que los incentivos, incluidos los incentivos económicos y normativos públicos y privados, sean positivos o neutros para la biodiversidad.”
Mrema afirma: “Sabemos que cada año se destinan entre 4 y 6 billones de dólares a subsidios perjudiciales para los combustibles fósiles y los sistemas alimentarios. ¿Se imaginan cuántos recursos habría para la implementación del marco si esto se reorientara a actividades positivas para la biodiversidad?”
Sin embargo, la Meta 18 es una de las más controvertidas. Tras las conversaciones de Nairobi, el director general de WWF, Marco Lambertini, acusó en particular a Brasil de “bloquear sistemáticamente los avances”, y añadió que los negociadores necesitarían “un cambio radical en la voluntad, la atención y la ambición políticas” para convertir el texto dividido en un acuerdo en Montreal.
En nuestra entrevista, Mrema fue más comedida en su valoración y afirmó que tanto Brasil como Argentina han participado de forma constructiva en las negociaciones técnicas. “Pero quién sabe lo que pasará cuando lleguen las decisiones políticas al final…. Los negociadores aún tienen mucho trabajo por delante en diciembre” para resolver los 1,800 corchetes del texto preliminar.
“Mucha gente busca un ‘momento París’ para la biodiversidad en Montreal, pero ese momento solo llegará si los gobiernos son capaces de adoptar un marco realmente aplicable, ejecutable, sencillo y flexible que se está negociando actualmente”, declaró. “No queremos acabar con un marco que, durante los próximos tres años, nos lleve a preguntarnos: ¿qué pretendían conseguir los negociadores? Eso solo retrasará la acción.”
El retraso es también lo que ella y David Craig intentan evitar en su enfoque para desarrollar los TNFD. No hay ningún representante gubernamental entre los 34 miembros del grupo de trabajo del TNFD, solo instituciones financieras y empresas, y su marco de evaluación de riesgos se está desarrollando en una serie de iteraciones, la primera de las cuales se publicó en marzo. “Es un acuerdo del sector empresarial y para el sector empresarial”, afirma.
Las 650 empresas e instituciones financieras del Foro del TNFD han sido invitadas a probar cada iteración en la práctica e informar de sus conclusiones para que puedan introducirse mejoras en la siguiente. Una tercera versión se publicará en noviembre y una cuarta en febrero, antes de que el marco definitivo se publique en septiembre.
“Estudiamos las recomendaciones del TCFD (Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima), teniéndolas plenamente en cuenta (en el marco del TNFD). La idea no era sobrecargar a las empresas con excesiva información, porque de inmediato habríamos recibido la oposición de aquellas que ya tienen dificultades” para informar sobre sus impactos climáticos, afirma Mrema.
No obstante, informar sobre la naturaleza es complejo porque no existe una métrica o un objetivo único, como el equivalente de CO2 y mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius. Y aunque la atmósfera terrestre se ve afectada por las emisiones de CO2 independientemente del lugar donde se produzcan, en lo que respecta a los impactos sobre la biodiversidad, la ubicación es clave.
Por difícil que resulte el ejercicio, es fundamental que las empresas tengan una visión completa de sus riesgos climáticos y naturales, para estar en condiciones de minimizar las concesiones que serán necesarias. Es una dura realidad que algunas actividades económicas fundamentales para la transición energética, como los parques eólicos y la minería, causarán un gran daño a los ecosistemas naturales y a las comunidades que los habitan.
En particular, según afirma, hay que salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, que protegen el 80% de la biodiversidad que aún queda en el mundo, y añade que el proceso de la COP15 ha hecho todo lo posible por facilitar las aportaciones significativas de los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes a las negociaciones, incluido el pago de su asistencia.
Este mes, más de 200 organizaciones firmaron una carta abierta en la que instan a la secretaría de la COP27 a situar en el centro de la acción climática los derechos humanos, y en particular los de los pueblos indígenas, argumentando que la transición energética “estará condenada al fracaso si se centra únicamente en ser rápida y no en ser también justa”. Los conflictos por los derechos sobre la tierra relacionados con proyectos de energía renovable ya han provocado 369 ataques contra comunidades indígenas desde 2015, según un nuevo informe del Business & Human Rights Resource Centre.
Mrema afirma: “No podemos frenar el desarrollo. Necesitamos las minas. Necesitamos los minerales. (Pero) corresponde a las empresas demostrar cómo mitigan los daños. Aunque no puedan mitigarse al 100%, deben demostrar cómo benefician a las comunidades locales.”
Esto también implica no tratar a la naturaleza como una “solución milagrosa” para compensar las emisiones de CO2 de las empresas, afirma. “Necesitamos una verdadera transición energética mundial.”
