La OMS prevé que el cambio climático causará alrededor de 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050.
Tras debatirse por primera vez en la década de 1990, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró que tener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano.
Las principales voces de la sociedad civil nos explicaron por qué esto es tan crucial para garantizar un medio ambiente saludable para todos.
El 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró que tener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano, con 43 votos a favor y 4 abstenciones. La medida se debatió por primera vez durante la década de 1990, y la nueva resolución es fruto de décadas de activismo de diversos grupos de la sociedad civil.
La OMS prevé que el cambio climático causará alrededor de 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050 debido a factores como la malnutrición, la malaria y el estrés térmico, y que los costos directos oscilarán entre 2.000 y 4.000 millones de USD al año para 2030. Más de una cuarta parte de la población del planeta depende de los bosques para su sustento, mientras que 1.200 millones de personas de países tropicales dependen de la naturaleza para satisfacer sus necesidades básicas.
Tras la declaración, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó: «Ahora se requieren medidas audaces para garantizar que esta resolución sobre el derecho a un medio ambiente saludable sirva de trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza».
Preguntamos a destacadas voces de la sociedad civil qué consideran necesario por parte de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para actuar y movilizar esfuerzos que garanticen y protejan un medio ambiente limpio para todos. Esto es lo que dijeron:
Debemos replantear nuestra relación con la naturaleza
Gopal Patel, cofundador y director, Bhumi Global
Es necesario replantear nuestra relación con el mundo natural para garantizar que podamos ofrecer a todos un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Durante demasiado tiempo nos hemos separado artificialmente de la naturaleza. Hemos creado una división artificial entre nosotros y el mundo natural. Esto se refleja en nuestra política, nuestros modelos económicos y nuestros estilos de vida modernos.
Esto no es natural y, como estamos viendo, tampoco es saludable ni sostenible para el planeta ni para la humanidad. La especie humana está intrínsecamente interconectada con la naturaleza. A lo largo de la historia y en todas las regiones del mundo, la naturaleza ha sido un denominador común. Es la base de nuestras civilizaciones, culturas y formas de vida. Volver a esta manera de pensar debe ser el fundamento de toda acción significativa para restaurar el medio ambiente, abordar la crisis climática y encaminar la naturaleza hacia su recuperación.
Es necesario un diálogo social
Kitso Phiri, secretario ejecutivo, Sindicato de Trabajadores Mineros de Botsuana
Hacer efectivo el derecho a un medio ambiente limpio y libre de riesgos exige que los interlocutores tripartitos se comprometan con el diálogo social para conciliar los intereses económicos y sociales. Aunque, por lo general, las leyes obligan a las empresas a reparar los impactos ambientales causados por sus actividades económicas, la debilidad de los mecanismos reguladores gubernamentales hace que su aplicación sea una tarea ardua. Estos desafíos son aún más pronunciados en el caso de las empresas multinacionales. Una sociedad civil igualmente débil se ve impedida de vigilar el nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales y de realizar aportaciones significativas a la formulación y gestión de las políticas ambientales.
Por tanto, los Estados deberían fortalecer sus políticas y regulaciones de gestión ambiental; desarrollar las capacidades de la sociedad civil y de las entidades gubernamentales; proporcionar fondos adicionales para la formación y educación de los interlocutores sociales; y establecer foros tripartitos de diálogo social sobre protección ambiental que incluyan a la sociedad civil.
Un cambio decisivo para las personas y el planeta
Monica Iyer, oficial de Derechos Humanos, equipo de Medio Ambiente y Cambio Climático, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
El reconocimiento por parte del Consejo de Derechos Humanos de que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano puede suponer un cambio decisivo para las personas y el planeta.
Pero hace falta mucho más para hacer realidad este derecho para todos. Los Estados deben intensificar sus esfuerzos para aplicar el derecho, trabajando codo con codo con la sociedad civil, las empresas y otras partes interesadas. Deben tomar medidas ambientales urgentes, respaldadas por financiación adecuada, y apoyar una transición justa hacia una economía sostenible basada en los derechos humanos. Las empresas deberían integrar las consideraciones ambientales en sus procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos y tener plenamente en cuenta cómo los efectos ambientales de sus actividades también pueden afectar a esos derechos.
Quienes tienen poder e influencia en los foros donde se elaboran las políticas ambientales, como la COP26, deberían dar mayor visibilidad a las voces y al liderazgo de las personas y comunidades afectadas, que suelen quedar excluidas pese a que a menudo son quienes más tienen en juego y mejor conocen las soluciones eficaces. También deberían promover la rendición de cuentas y asumirla por los daños causados por el deterioro ambiental.
La vida de las mujeres y las comunidades vulnerables depende de que todos tengan acceso a aire y agua limpios
Kahea Pacheco, codirectora, Women’s Earth Alliance
Se estima que cada hora se destruyen 240 acres de hábitat natural. Las mujeres y las niñas soportan la peor parte de este deterioro ambiental. Aunque alrededor del 30 % de la humanidad no tiene acceso a agua potable segura, UNICEF considera que las 200 millones de horas que las mujeres y las niñas dedican cada día a recoger agua son «un colosal desperdicio de su valioso tiempo». La evidencia demuestra que la participación de las mujeres y su intervención en la toma de decisiones sobre la gestión de los bosques locales mejoran considerablemente el estado y la conservación de estos. Además, el liderazgo de las mujeres indígenas, que han cuidado de forma sostenible nuestro mundo natural durante generaciones, es crucial para preservar la vida sin perpetuar una carga desproporcionada para comunidades ya vulnerables.
La recuperación económica y la acción ambiental pueden ir de la mano
Jennifer Morris, directora ejecutiva, The Nature Conservancy
La conexión entre el bienestar humano y la naturaleza es indiscutible. Los gobiernos, las empresas y la sociedad civil deben colaborar en todos los niveles para proteger lo «mejor» que aún queda en la Tierra y en el mar, y mejorar la producción de alimentos, la ubicación de las instalaciones energéticas, la pesca y la planificación de infraestructuras. Existe una vía clara para financiar esta transformación: reducir las subvenciones ineficaces y las prácticas de las cadenas de suministro, generar nuevas fuentes de financiación e invertir de manera que la naturaleza obtenga beneficios.
De hecho, podemos cerrar casi la mitad del déficit de financiación para la biodiversidad sin nuevos fondos, reduciendo el flujo de capital hacia actividades perjudiciales y destinándolo a actividades que beneficien a la naturaleza. Si se hace con criterio, la recuperación económica y la acción ambiental pueden ir de la mano y propiciar vidas más saludables y prósperas.
Un llamamiento urgente a la participación pública y la rendición de cuentas
Amali Tower, fundadora y directora ejecutiva, Climate Refugees
La pandemia ha dejado claro cuán compartido es realmente nuestro medio ambiente, y también cuán desigual. Los países ricos y con altas emisiones, que se han beneficiado de las fuerzas que provocaron el cambio climático, se están aislando de sus efectos, de manera similar a como lo hicieron durante la pandemia. Es una cuestión moral, pero también de justicia. Los cambios más urgentes deben provenir de esos gobiernos —en particular, de los países del G20— para reducir sus emisiones, que representan la asombrosa cifra del 80 % de las emisiones mundiales, y completar la transición hacia economías verdes. Estos países deben conceder, no prestar, la financiación urgente para la adaptación al cambio climático que los países en desarrollo llevan mucho tiempo esperando, a fin de que puedan desarrollarse de forma sostenible y fortalecer su resiliencia ante los efectos desproporcionados del cambio climático en sus poblaciones, muchas de las cuales están en movimiento. También necesitan financiación climática paralela para pérdidas y daños, con el fin de evitar y minimizar los efectos y compensar los daños irreversibles, la migración forzada y el desplazamiento.
Los gobiernos también deben ratificar y actualizar sus leyes para garantizar plenamente el derecho a un medio ambiente saludable, lo que incluye exigir el cumplimiento a las empresas, en particular a las industrias extractivas. La contaminación ambiental y el cambio climático han demostrado ser cuestiones eficaces para movilizar a la población, y los litigios relacionados con el clima han demostrado su eficacia en Alemania y los Países Bajos, así como en materia de derechos individuales, cuando en Francia la contaminación fue un factor para determinar los derechos de residencia de una persona migrante. La sociedad civil debe aprovechar esta oportunidad como un llamamiento urgente para movilizar la participación pública y exigir cuentas a los gobiernos. La mayor esperanza reside en la resiliencia del Sur Global y en la juventud, que señalan el camino a seguir.
El derecho a un medio ambiente saludable ofrece esperanza a quienes más sufren sus efectos
Katharina Rall, investigadora sénior, Medio Ambiente y Derechos Humanos, Human Rights Watch
La aprobación de la resolución que reconoce el derecho a un medio ambiente saludable podría dar esperanza a muchas comunidades de todo el mundo que ya sufren gravemente las consecuencias del deterioro ambiental y el cambio climático. Para hacer realidad el disfrute de este derecho para quienes más sufren sus efectos, los gobiernos deberían reconocer el derecho a nivel nacional y desarrollar leyes y políticas sólidas de protección ambiental que salvaguarden los derechos de las poblaciones en situación de riesgo. Esto incluye exigir a las empresas que cumplan las normas ambientales y de derechos humanos, por ejemplo mediante regulaciones obligatorias de diligencia debida en materia de cambio climático y garantizando una amplia participación de los grupos de la sociedad civil y las poblaciones afectadas en la toma de decisiones ambientales, así como protegiendo a los defensores del medio ambiente que están bajo amenaza o son objeto de ataques.
Las empresas deben cumplir las leyes vigentes y garantizar que sus operaciones, incluidas sus cadenas globales de valor, no perjudiquen el medio ambiente ni vulneren los derechos de las comunidades cercanas, entre otras cosas mediante una rigurosa diligencia debida en materia ambiental y de derechos humanos. Deben poner fin a los intentos de silenciar a quienes defienden el medio ambiente, por ejemplo mediante demandas de acoso sin fundamento, conocidas como demandas estratégicas contra la participación pública, o SLAPP, y adaptar sus modelos de negocio a las normas internacionales ambientales y de derechos humanos.
