Agua envenenada del grifo en Flint, Míchigan. Vertederos de residuos tóxicos en el Bajo Valle del Río Grande. Una localidad china donde el 80% de los niños han sido envenenados por viejas piezas de computadora. ¿Qué tienen en común?
Todos son ejemplos de racismo ambiental, una forma de racismo sistémico en la que las comunidades de color soportan de forma desproporcionada riesgos para la salud debido a políticas y prácticas que las obligan a vivir cerca de fuentes de residuos tóxicos, como plantas de tratamiento de aguas residuales, minas, vertederos, centrales eléctricas, grandes vías de circulación y emisores de partículas contaminantes en suspensión en el aire. Como consecuencia, estas comunidades sufren tasas más altas de problemas de salud asociados a contaminantes peligrosos.
Fue el líder afroamericano de derechos civiles Benjamin Chavis quien acuñó el término «racismo ambiental» en 1982, describiéndolo como «discriminación racial en la elaboración de políticas ambientales, en la aplicación de normas y leyes, en la selección deliberada de comunidades de color para instalar instalaciones de residuos tóxicos, en la aprobación oficial de la presencia potencialmente letal de venenos y contaminantes en nuestras comunidades, y en la historia de exclusión de las personas de color del liderazgo de los movimientos ecologistas».
En la práctica, el racismo ambiental puede adoptar muchas formas, desde lugares de trabajo con normativas sanitarias deficientes hasta la ubicación de centrales eléctricas de carbón cerca de comunidades mayoritariamente no blancas. Puede significar que los ciudadanos beban agua subterránea contaminada o que estudien en edificios en ruinas con problemas de amianto.
Muchos de estos problemas afectan a las comunidades de bajos ingresos en su conjunto, pero la raza suele ser un indicador más fiable de la proximidad a la contaminación. Un estudio de referencia de 2007 del académico Dr. Robert Bullard, «padre de la justicia ambiental», reveló que «la raza es más importante que el estatus socioeconómico a la hora de predecir la ubicación de las instalaciones comerciales de residuos peligrosos del país». Demostró que los niños afroamericanos tenían cinco veces más probabilidades de sufrir envenenamiento por plomo por proximidad a residuos que los niños caucásicos, mientras que inclusolos estadounidenses negros que ganaban entre 50.000 y 60.000 dólares al año tenían más probabilidades de vivir en zonas contaminadas que sus homólogos blancos que ganaban 10.000 dólares. En el Reino Unido, por su parte, un informe gubernamental concluyó que los niños británicos negros están expuestos a hasta un 30% más de contaminación atmosférica que los niños blancos.
El plomo fuera de control y racismo ambiental
El caso de Flint (Míchigan) es un ejemplo paradigmático de racismo ambiental. En 2014, para ahorrar dinero, la ciudad cambió su fuente de agua por el río Flint, pero no trató adecuadamente el nuevo suministro, exponiendo a los 100.000 habitantes de la ciudad, en su mayoría negros, a niveles peligrosos de plomo procedentes de tuberías envejecidas y a otros contaminantes como E. coli. Entre 6.000 y 12.000 niños bebieron agua del grifo con altos niveles de plomo, una neurotoxina, mientras que 12 ciudadanos acabaron falleciendo por la enfermedad del legionario. Sin embargo, durante 18 meses, las quejas de los residentes por el agua de mal olor y de color alterado, por la caída del cabello y las erupciones cutáneas, fueron desestimadas hasta que la presión de la comunidad obligó a la ciudad a volver a conectarse al suministro anterior y a reconocer su negligencia. La Comisión de Derechos Civiles de Míchigan concluyó que la lenta reacción oficial fue un «resultado del racismo sistémico».
Las poblaciones indígenas a menudo sufren racismo ambiental. En Estados Unidos, las comunidades de nativos americanos siguen expuestas a grandes cantidades de residuos nucleares y otros residuos peligrosos, ya que las corporaciones se aprovechan de leyes de tierras más débiles, mediante las cuales el gobierno federal posee tierras en «fideicomiso» en nombre de las tribus. Décadas de extracción de uranio en tierras de los navajos de Nuevo México han provocado problemas duraderos en la comunidad. Entre 1951 y 1971, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos llevó a cabo un masivo experimento médico con seres humanos en 4.000 mineros navajos de uranio, permitiéndoles trabajar sin informarles de los efectos de la radiación. Los efectos fueron previsibles: niveles elevados de cáncer de pulmón y otras enfermedades causadas por la inhalación de radón.
Las protestas de 2016-2017 contra el oleoducto de Dakota Access fueron otro ejemplo en el que las tribus se enfrentaron al poder de las políticas y perdieron. El oleoducto de 1.172 millas se consideró una amenaza para el suministro de agua de la Reserva India de Standing Rock, así como para lugares de importancia histórica y cementerios de gran sensibilidad cultural. Aunque no tuvieron éxito, las protestas captaron la atención del público, atrajeron marchas de solidaridad y el apoyo de Bernie Sanders. Sin embargo, con demasiada frecuencia el racismo ambiental se produce porque las comunidades carecen de los recursos necesarios para sensibilizar o para afrontar una costosa batalla judicial, recursos de los que sí disponen las comunidades blancas más acomodadas, que pueden desviar con mayor facilidad la ampliación de aeropuertos, centrales eléctricas o vertederos a otros lugares mediante un proceso conocido como NIMBYismo, término que significa «no en mi patio trasero».
El racismo ambiental es un problema a escala planetaria
La globalización ha aumentado las oportunidades de racismo ambiental a escala internacional. Se refiere al vertido de contaminantes como los residuos electrónicos en el sur global, donde las leyes de seguridad y las prácticas medioambientales son más laxas. Más de 44 millones de toneladas de residuos electrónicos se generaron en todo el mundo en 2017 (6 kg por persona en el planeta), y de esa cifra, cada año alrededor del 80% se exporta a Asia. Uno de los centros de residuos electrónicos es la localidad china de Guiyu, donde montones de piezas de ordenador desechadas apiladas junto al río contaminan el suministro de agua con cadmio, cobre y plomo. Las muestras de agua revelaron niveles de plomo 190 veces superiores a los límites de la OMS. Incluso un ligero aumento de los niveles de plomo, por su parte, puede afectar al coeficiente intelectual y al rendimiento académico de los niños. Otros ejemplos son el envío masivo de baterías estadounidenses usadas a México, donde los vertederos ilegales de las plantas gestionadas por empresas estadounidenses, europeas y japonesas han provocado un fuerte aumento de los casos de anencefalia (cuando los bebés nacen sin cerebro).
Entonces, ¿qué se está haciendo? El movimiento por la justicia ambiental trabaja para sensibilizar sobre la situación de las poblaciones vulnerables a través de estudios académicos, campañas de presión en los medios y activismo público. Los movimientos de base utilizan las redes sociales, junto con la desobediencia civil y las marchas, para hacer oír sus opiniones. La Unión Europea, donde la mayoría de los casos documentados de racismo ambiental afectan al pueblo romaní, ha financiado iniciativas como el proyecto «Organizaciones de Justicia Ambiental, Responsabilidades y Comercio», que se desarrolló entre 2011-2015 y reunió a científicos y responsables políticos de 20 países de todo el mundo para impulsar la causa de la justicia ambiental. Sin embargo, a medida que las leyes medioambientales se endurecen en los países desarrollados, muchos temen que las actividades de vertido se desplacen hacia el sur global.
Combatir el racismo ambiental corre el riesgo de quedar relegado en la agenda política en la era de la COVID-19, y sin embargo, con personas no blancas más propensas a morir por el virus, es probable que influya el mayor número de factores agravantes, como el asma y las enfermedades cardíacas provocadas por la exposición a la contaminación. El racismo ambiental forma parte del panorama más amplio del racismo sistémico, que debe combatirse para construir una sociedad más justa.
