Últimamente, todo el mundo habla de los impuestos al carbono. El 23 de julio, el representante Carlos Curbelo presentó un proyecto de ley que gravaría con un impuesto de 24 dólares por tonelada métrica de emisiones equivalentes de dióxido de carbono en 2020, con una tasa que aumentaría cada año a partir de entonces. Coincidió con el momento en que una propuesta de impuesto al carbono del Consejo de Liderazgo Climático volvía a circular con el respaldo de nuevos comités de acción política (PAC). Aunque ninguna de las dos iniciativas ha sido aprobada o adoptada todavía, estas medidas indican un apoyo bipartidista a un impuesto al carbono, ya que tanto demócratas como republicanos forman parte del Consejo de Liderazgo Climático. (Curbelo es republicano.)
El debate tampoco se limita a Estados Unidos. Canadá está ultimando las cifras del plan de impuesto al carbono para sus 10 provincias, mientras que países como el Reino Unido y Chile ya cobran tasas por las emisiones de carbono.
Los impuestos al carbono se están convirtiendo cada vez más en una política internacional, pero ¿cómo funcionan exactamente en la práctica? Veamos los conceptos básicos.
Un impuesto al carbono es una tarifa fija sobre las emisiones de carbono. Normalmente se cobra por tonelada y se dirige a los combustibles fósiles que liberan dióxido de carbono al quemarse, principalmente carbón, petróleo y gas natural. El gobierno recauda el dinero, como con cualquier otro impuesto, pero los fondos proceden de diversas fuentes.
Los impuestos al carbono están diseñados para reducir la dependencia de la energía contaminante, por lo que gravan directamente los combustibles fósiles en su origen, aplicándose allí donde el carbono “entra en la economía”. Esto significa minas de carbón, pozos de petróleo y gas o terminales de importación. A su vez, los impuestos encarecen estos combustibles, lo que implica que, con un impuesto al carbono vigente, particulares y empresas tendrían que pagar más en la gasolinera o en sus facturas mensuales de servicios. Esto haría que las alternativas de energía renovable fueran más competitivas en costos.
También reduciría drásticamente las emisiones de carbono. El Instituto Brookings afirma que un impuesto al carbono moderado puede reducir las emisiones en un 12 por ciento en un plazo de 20 años. El proyecto de ley de Curbelo pretende una reducción del 27 al 32 por ciento respecto a los niveles de 2005 para 2025, y del 30 al 40 por ciento para 2030.
El destino de los ingresos fiscales depende de la política. Muchas propuestas favorecen destinar el dinero a reducir los impuestos sobre la nómina, lo que, en esencia, equivale a ofrecer a los contribuyentes un reembolso. Otras piden auténticos reembolsos, como el plan del Consejo de Liderazgo Climático, que distribuiría mensualmente cantidades a los ciudadanos mediante depósito directo, aportación a una cuenta IRA o cheque. El proyecto de ley de Curbelo incluye planes detallados para invertir el dinero en infraestructura, reparando carreteras y reconstruyendo comunidades costeras devastadas por las frecuentes inundaciones.
La cuestión de los ingresos es una pieza clave del rompecabezas, ya que existe una preocupación legítima de que un impuesto al carbono afectaría con más dureza a los hogares de ingresos bajos y medios. Algunos críticos también sostienen que los impuestos al carbono son demasiado conservadores, por lo que logran reducciones comparativamente pequeñas en las emisiones totales.
Entonces, ¿tendría un impuesto al carbono apoyo suficiente para aprobarse en Estados Unidos? Por ahora, es difícil saberlo. Las propuestas actuales parecen poco probables de cobrar impulso, sobre todo porque la Cámara de Representantes aprobó una resolución “que expresa la opinión del Congreso de que un impuesto al carbono sería perjudicial para la economía de Estados Unidos” antes de que el proyecto de Curbelo llegara siquiera al pleno.
En cuanto a la opinión pública estadounidense, parece haber un ligero respaldo a la fijación de precios al carbono. Una encuesta de Gallup de marzo de 2018 reveló que el 53 por ciento de los encuestados estaba a favor de un impuesto al carbono, mientras que el 45 por ciento se oponía. (El 2 por ciento restante no tenía opinión.)
El futuro de los impuestos al carbono puede ser algo incierto, pero, con propuestas sobre la mesa en Estados Unidos, Canadá y otros países, es una conversación que no muestra signos de perder impulso mientras seguimos debatiendo las mejores formas de combatir el cambio climático.
