En gran medida fuera de la vista, los delincuentes saquean los océanos. Roban millones de toneladas de pescado cada año. Se trata de una enorme pérdida económica, que se estima en decenas de miles de millones de dólares. Supone una amenaza aún mayor para la seguridad alimentaria: mil millones de personas dependen del pescado como fuente de proteínas y, en muchos de los países más dependientes, uno de cada tres peces es robado. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) frustra los esfuerzos de los gobiernos por gestionar sus recursos y perjudica a los millones de pescadores que cumplen las normas.
La pesca INDNR es una crisis de derechos humanos. Los buques que pescan ilegalmente suelen transportar esclavos. Cientos de miles de personas están atrapadas en barcos, expuestas a una brutalidad desenfrenada.
Además, constituye una amenaza para la seguridad. Los buques que pescan ilegalmente suelen estar implicados en el tráfico de drogas o armas y en el blanqueo de dinero. Y cuando la pesca ilegal destruye la seguridad alimentaria y los medios de vida de los países costeros, crea un terreno fértil para el reclutamiento de terroristas. La explosión de ataques piratas en el oeste del océano Índico y en el golfo de Guinea, por ejemplo, se relacionó con el auge de la pesca INDNR por parte de flotas extranjeras que diezmaron las poblaciones de peces que sustentaban a las comunidades locales.
Los buques INDNR han actuado con impunidad. Viajan de forma anónima, cambiando de un pabellón de conveniencia a otro. Los organismos encargados de la aplicación de la ley suelen disponer de poca información sobre el registro y la propiedad de un buque, o incluso sobre dónde está autorizado a pescar. Los buques ilegales también se amparan en la inmensidad del océano y en la casi imposibilidad de dar caza a embarcaciones en alta mar. Los pequeños Estados insulares en desarrollo han sido especialmente vulnerables, ya que disponen de vastos recursos oceánicos, pero de una capacidad muy limitada para patrullar sus dominios o detener a los infractores.
Pero no tenemos que dar caza a los barcos en alta mar si podemos identificar a los que pescan ilegalmente y cerrar los puertos y mercados de los que dependen.
Esa perspectiva ya está al alcance. Los avances tecnológicos están aportando nueva transparencia al sector. Los principales actores del mercado exigen cada vez más pruebas de procedencia. Y los gobiernos están adoptando un acuerdo internacional para impedir que el pescado ilegal llegue a sus puertos.
Los grandes buques oceánicos deben llevar transpondedores que les ayuden a evitar colisiones entre ellos. Sus señales pueden ser captadas por satélites. Global Fishing Watch y otras organizaciones utilizan ahora esos satélites para rastrear buques pesqueros en todo el mundo, desarrollando algoritmos que pueden detectar cuándo y cómo están pescando. Cada vez más, esta capacidad se complementará con cámaras de vídeo instaladas en los barcos, capaces de utilizar tecnología de reconocimiento facial para identificar y contar los peces capturados, y también de supervisar el trato dado a la tripulación. El blockchain y otras tecnologías permiten rastrear los productos del mar desde el momento de la captura hasta el estante del supermercado.
Gracias a estos avances tecnológicos, y quizá impulsados por ellos, un número creciente de empresas de toda la cadena de suministro exige la trazabilidad completa del pescado que compran. A través de la Declaración sobre la trazabilidad del atún, 66 minoristas y procesadores líderes se han comprometido a que, para 2020, solo comprarán atún que pueda rastrearse por completo hasta el buque y la marea en que se capturó. A través de la iniciativa Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS), las 10 mayores empresas de productos del mar también se han comprometido a actuar.
Los gobiernos están ahora en condiciones de intensificar sus esfuerzos. El Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), un acuerdo de la ONU que entró en vigor en 2016, tiene como objetivo impedir que los buques que han participado en la pesca INDNR desembarquen sus capturas. También ofrece una plataforma eficaz para que los gobiernos actúen conjuntamente.
El éxito del AMERP dependerá de una cobertura amplia y de una aplicación coordinada. La primera prioridad, por supuesto, es que participen todos los Estados rectores de puerto y de pabellón importantes, para que los buques con capturas ilegales no tengan adónde ir. Ochenta y cinco países [y la Unión Europea] participan actualmente en el AMERP. Varios otros países pesqueros importantes han anunciado que ratificarán el acuerdo próximamente. Es urgente impulsar nuevas ratificaciones.
Una vez que los Estados se hayan adherido al sistema, es igualmente importante que cooperen para que funcione. Necesitan compartir información básica sobre cada buque: su registro y propiedad, los derechos que tiene para pescar y las actividades de pesca que ha realizado. Necesitan crear sistemas que permitan la comunicación entre los puertos en tiempo real, de modo que un buque rechazado en un puerto no pueda colarse en el siguiente. Y los países ricos deben invertir para garantizar que los puertos de los países en desarrollo dispongan de los recursos y la capacidad necesarios para desempeñar su parte.
El océano es inmenso y sigue siendo difícil dar caza a los buques pesqueros clandestinos que navegan más allá del horizonte. Pero ahora disponemos de las herramientas para detectar los buques que desafían la ley y para cortar sus vías de suministro, de modo que no tengan dónde desembarcar sus capturas ni nadie que las compre. Actuando de manera concertada, tecnólogos, empresas y gobiernos pueden cerrar el océano a la pesca INDNR y a los muchos horrores que la acompañan.
