2020 fue un año récord para el desarrollo de energía limpia en Estados Unidos, casi duplicando la capacidad instalada en 2019.
EE. UU. instaló suficiente capacidad de generación renovable nueva para abastecer a 9 millones de hogares.
Para lograrlo, los estudios sugieren que EE. UU. necesita aumentar su despliegue de energía renovable al menos entre 2 y 3 veces respecto a los niveles actuales.
Pese a las difíciles condiciones económicas creadas por la COVID-19, 2020 fue un año récord para el desarrollo de energía limpia en Estados Unidos, con el país casi duplicando la capacidad instalada en 2019.
Según Bloomberg New Energy Finance, EE. UU. instaló 35 gigavatios (GW) de nueva capacidad de generación renovable en 2020, suficiente para abastecer a 9 millones de hogares. Las tasas de instalación de energía solar (18,7 GW, un 65 % más que en 2019) y eólica (16,5 GW, un 178 % más) se dispararon. Las compras de energía renovable de las ciudades (3,7 GW) y grandes compradores corporativos (10,6 GW) aumentaron considerablemente en 2020, un 23 % y un 14 % respectivamente frente a 2019.
El almacenamiento en baterías también creció a un ritmo especialmente impresionante, con 1,1 GW de capacidad añadida, un 178 % más que en 2019. Un analista de mercado describió este aumento en el despliegue de almacenamiento en baterías como “el palo de hockey que llevábamos tiempo esperando”, y estimó que las tasas de instalación de almacenamiento en baterías alcanzarán los 7,5 GW al año para 2025.
A finales de enero de 2021, EE. UU. tenía un total de 169 GW de capacidad eólica y solar instalada. En conjunto, las energías renovables no hidroeléctricas representaron el 12,5 % de la generación eléctrica total de EE. UU. en 2020, y la inclusión de la hidroeléctrica eleva esa cifra al 20 % de la generación eléctrica.
¿Cuánta más energía renovable necesitamos en esta década?
Pero, aunque los 35 GW de nueva capacidad renovable añadidos en 2020 fueron un récord, todavía no son suficientes.
El presidente Biden fijó el objetivo de alcanzar el 100 % de electricidad limpia para 2035 y se comprometió a reducir las emisiones de EE. UU. entre un 50 y un 52 % por debajo de los niveles de 2005 para 2030. Al mismo tiempo, la ciencia climática muestra que el mundo debe alcanzar emisiones netas cero a mediados de siglo o antes para prevenir los peores efectos del cambio climático.
Numerosos estudios sugieren que debemos aumentar el despliegue de energía renovable en EE. UU. al menos entre 2 y 3 veces respecto a los niveles actuales para cumplir estos objetivos de descarbonización. Los estudios muestran que durante la próxima década, la instalación anual media necesaria para nueva capacidad renovable en Estados Unidos oscila entre 50 y 95 GW al año, y la mayoría de las estimaciones se sitúan entre 60 y 70 GW anuales, unas dos veces el ritmo de instalación de 35 GW que estableció récords en 2020. Este ritmo tendrá que acelerarse en la década de 2040, con niveles de despliegue anual estimados por encima de 100 GW (más del triple de los niveles de 2020) en muchos escenarios de los estudios. Aunque existen diferencias importantes en los propósitos, los enfoques de modelización y los supuestos de los estudios (incluidos los relativos a los precios de la energía y al crecimiento de la demanda eléctrica debido a la electrificación del uso final), las conclusiones son coherentes.
¿Cómo pueden el Congreso y la Administración Biden aumentar la capacidad de energía renovable?
La ciencia muestra que, durante los próximos 10 años, cada año debe ser un año récord para las energías renovables. Los costes de las tecnologías de energía renovable se han reducido drásticamente, pero será necesaria una acción política significativa para transformar el sistema eléctrico nacional en la red de bajas emisiones del futuro.
Un sondeo nacional reveló un apoyo elevado (superior al 70 %) a las disposiciones de energía limpia incluidas en el American Jobs Plan. La administración publicó recientemente su presupuesto propuesto, que detalla las implicaciones en ingresos y gasto de estas medidas. Ahora corresponde al Congreso convertir partes de esta propuesta en legislación.
Estas son cuatro políticas principales que EE. UU. puede adoptar para acelerar la transición hacia una energía limpia con éxito:
1. Implantar un Estándar de Electricidad Limpia
Un Estándar de Electricidad Limpia es una de las formas más eficaces de garantizar que EE. UU. alcance el nivel de instalaciones de energía limpia necesario. Un Estándar de Electricidad Limpia, o CES, exige que una determinada proporción de la electricidad se genere a partir de fuentes libres de carbono, lo que aporta mayor certidumbre a la planificación y a la obtención de aprobaciones regulatorias para las inversiones en energía limpia de las empresas eléctricas y los promotores.
Es una herramienta probada y popular para descarbonizar el sector eléctrico: 30 estados ya cuentan con un Estándar de Electricidad Limpia o un Estándar de Energía Renovable, la mayoría de los cuales existen desde hace más de una década. En los últimos años, varios estados han ampliado sus Estándares originales de Energía Renovable para convertirse en Estándares de Electricidad Limpia del 100 %, y algunos incluyen también la eficiencia energética. Las políticas estatales han sido impulsores clave del despliegue de energías renovables hasta la fecha, y son responsables de casi la mitad de todo el crecimiento de las energías renovables en Estados Unidos desde 2000. Para 2030, se espera que generen demanda para 90 GW de nuevas adiciones de energía renovable.
Estas políticas también generan beneficios sustanciales. Un estudio de un laboratorio nacional de 2016 concluyó que, en conjunto, las Normas de Energía Renovable estatales generaron 5,2 millones de dólares anuales en beneficios para la salud pública gracias a la mejora de la calidad del aire. Otro informe más reciente, de Resources for the Future, concluyó que, de tres posibles políticas federales (créditos fiscales, un precio del carbono y un Estándar de Electricidad Limpia), el Estándar de Electricidad Limpia logra las mayores reducciones de emisiones al menor coste.
Los estados que han implementado Normas de Energía Renovable han logrado avances significativos en la descarbonización de sus redes eléctricas, pero el mosaico de políticas estatales y la distribución desigual han dejado a algunas redes muy dependientes de los combustibles fósiles. Un Estándar federal de Electricidad Limpia con un objetivo nacional claro, un calendario definido, una amplia cobertura y gasto específico para las comunidades de justicia ambiental sería rentable y podría ayudar a distribuir los beneficios sanitarios y económicos de la transición a la energía limpia a todos los rincones del país. De forma decisiva, un Estándar federal de Electricidad Limpia puede impulsar la acción en todas las regiones, sin dejar de permitir una acción estatal más ambiciosa.
El impulso en torno a un Estándar federal de Electricidad Limpia está creciendo. El presidente Biden pidió una Norma de Eficiencia Energética y Electricidad Limpia que llevaría a EE. UU. hacia una energía 100 % libre de carbono y a un uso de la energía más eficiente para 2035, en su American Jobs Plan, y en declaraciones recientes, de la administración, los funcionarios indicaron que dicha política podría aprobarse mediante el procedimiento de reconciliación presupuestaria. Trece empresas eléctricas publicaron recientemente una carta en la que pedían políticas, entre ellas un Estándar de Electricidad Limpia, para reducir las emisiones del sector eléctrico un 80 % por debajo de los niveles de 2005 para 2030. Y una amplia coalición de más de 150 grupos ambientalistas publicó una carta de adhesión a favor de un Estándar de Electricidad Limpia que exija el 100 % de energía limpia para 2035. Este respaldo en Washington se suma al 61 % de los votantes nacionales probables que indicaron en una encuesta de enero de 2021 que apoyarían un Estándar de Electricidad Limpia para lograr el 100 % de electricidad limpia para 2035.
El Congreso ha presentado cuatro propuestas de Estándar de Electricidad Limpia en sus últimas tres legislaturas. La legislación vigente sobre la mesa es la CLEAN Future Act, que exige que todos los proveedores de electricidad alcancen el 80 % de electricidad limpia para 2030 y el 100 % para 2035. Al igual que la propuesta de Estándar de Electricidad Limpia del presidente Biden, la CLEAN Future Act incluye la energía nuclear e hidroeléctrica existentes como instalaciones limpias elegibles.
También ofrece créditos parciales para centrales de combustibles fósiles con emisiones por debajo de un determinado umbral de intensidad de carbono, lo que permitiría que algunas instalaciones de gas natural y las equipadas con captura y secuestro de carbono se acogieran. La gama más amplia de tecnologías elegibles es una diferencia clave entre las Normas de Energía Renovable a nivel estatal y un Estándar federal de Electricidad Limpia. Es probable que se presenten más propuestas a medida que el Congreso elabore propuestas legislativas para la agenda del presidente Biden.
2. Reformar y ampliar los créditos fiscales
Los créditos fiscales han desempeñado un papel importante en el impulso del crecimiento de las energías renovables y pueden estimular el conjunto más amplio de tecnologías necesarias para permitir la expansión y la integración de las energías renovables en la red, como el almacenamiento y la transmisión. Pero necesitan reforma y ampliación.
El régimen actual de créditos fiscales es un mosaico de políticas que cubren distintas tecnologías y se ha enfrentado a numerosas interrupciones y prórrogas. Esto genera incertidumbre para los promotores de energía limpia y ha dado lugar a ciclos de auge y caída en el despliegue, ya que los promotores se apresuran a cumplir los plazos de las políticas que expiran. Además, las prórrogas a corto plazo de los créditos fiscales impiden su uso por tecnologías que requieren plazos de desarrollo más largos, como los proyectos geotérmicos y la energía eólica marina.
La próxima generación de créditos fiscales federales debería ser a largo plazo, con plazos suficientes para que los promotores de proyectos planifiquen. Deben ser predecibles, con criterios claros para reducir gradualmente los niveles de incentivo, y ser fácilmente accesibles para los promotores de proyectos y los consumidores. Las prórrogas plurianuales de los créditos fiscales pueden permitir a los promotores utilizarlos en proyectos con plazos de desarrollo más largos. Esto podría diversificar los tipos de proyectos de energía limpia desplegados, incluidos aquellos que pueden despacharse según sea necesario para ayudar a la fiabilidad de la red.
Dos reformas concretas que merecen atención son aumentar las opciones de pago directo y ampliar los créditos independientes para el almacenamiento de energía y la transmisión. Las opciones de pago directo pueden aumentar la accesibilidad y la eficiencia de los créditos fiscales. La mayoría de los créditos fiscales (incluidos el Crédito Fiscal a la Producción (PTC) y el Crédito Fiscal a la Inversión (ITC)) exigen que el beneficiario tenga suficiente obligación tributaria. Esto obliga a los promotores de proyectos a asociarse con inversores de capital fiscal, que incorporan los proyectos a sus balances fiscales y reciben parte del crédito. Una opción de pago directo aumentaría la eficiencia global de los créditos fiscales al eliminar la necesidad de inversores de capital fiscal y la parte del crédito fiscal que estos cobran. Los pagos directos se implementaron en la recuperación económica de 2008 e incluyeron una opción de subvención en efectivo para los promotores de energías renovables y reembolsos en el punto de venta para los consumidores, pero caducaron en 2011.
Los créditos también pueden ampliarse para incluir un conjunto más amplio de tecnologías necesarias para desplegar grandes cantidades de energía eólica y solar en la red, incluidos el almacenamiento y la transmisión, así como la flexibilidad de la demanda y la electrificación. El crédito fiscal actual para el almacenamiento está vinculado al uso de energía renovable para cargar un dispositivo de almacenamiento, pero puede convertirse en un crédito independiente. Hasta ahora no se han implementado créditos fiscales para la transmisión, pero un nuevo informe estima que un ITC para la transmisión podría permitir 30 GW adicionales de energía renovable. Por último, los créditos fiscales para usuarios finales destinados a la eficiencia energética pueden reducir la huella energética del parque de edificios, al tiempo que ayudan a los consumidores a ahorrar en sus facturas de energía.
El American Jobs Plan y el correspondiente Informe del Plan Fiscal Made in America piden un conjunto de créditos fiscales específicos. Entre ellos figuran una prórroga de 10 años del PTC y del ITC que los haría de pago directo; un nuevo incentivo fiscal para la transmisión de larga distancia; y incentivos fiscales ampliados para el almacenamiento en baterías, la captura y secuestro de carbono y la fabricación avanzada. Se han presentado en el Congreso actual cinco propuestas de crédito fiscal (incluidas tres medidas bipartidistas): la GREEN Act, la Clean Energy for America Act, la Energy Storage Tax Incentive and Deployment Act, la Electric Power Infrastructure Improvement Act y la Carbon Capture, Utilization and Storage Tax Credit Amendments Act.
3. Invertir en transmisión.
La ampliación de la capacidad de transmisión es fundamental para permitir las enormes cantidades de energía renovable que deben entrar en funcionamiento, y puede mejorar la fiabilidad y la resiliencia de la red, a la vez que reducir los costes. El Informe de las National Academies concluye que la capacidad de transmisión en todo EE. UU. debe aumentar aproximadamente un 40 % para 2030 con el fin de lograr emisiones netas cero a mediados de siglo. La falta actual de capacidad de transmisión disponible ya está impidiendo que nuevas energías renovables entren en funcionamiento. Se trata de un asunto que requiere atención inmediata, ya que los proyectos de transmisión de alta tensión suelen tardar 7-10 años en construirse.
Las evaluaciones de expertos sobre la capacidad de transmisión realizadas por NREL, Vibrant Clean Energy y otros coinciden de forma consistente en que una red más interconectada aumentaría la resiliencia del sistema eléctrico y generaría al mismo tiempo grandes ahorros para los consumidores. Ya existen 22 proyectos de transmisión listos para construir que podrían permitir que 60 GW de energía renovable entren en funcionamiento, pero estos proyectos se han visto frenados por ineficiencias en el proceso de planificación y autorización de la transmisión.
Añadir nueva transmisión de alta tensión es una tarea importante y probablemente requerirá reformas de los procesos de planificación y autorización existentes. Históricamente, determinar la distribución de costes y obtener las aprobaciones para la ubicación de las líneas de transmisión han hecho que el desarrollo de la transmisión sea complejo, especialmente para las líneas que cruzan fronteras estatales. En un informe presentado al Congreso el año pasado, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) reconoció que los procesos de ubicación y de jurisdicción múltiple son barreras clave para ampliar la transmisión. Los llamamientos son cada vez más numerosos para que la FERC revise las estructuras existentes de tarifas y de distribución de costes, y emita una nueva norma de planificación de la transmisión.
La FERC podría introducir reformas, entre ellas la creación de una autoridad nacional de planificación de la transmisión, que podría trabajar con autoridades regionales de planificación para facilitar el desarrollo de líneas de transmisión. Además, zonas de energías renovables, que se han utilizado con eficacia en Texas para desarrollar líneas de transmisión que dan servicio a las zonas ventosas del estado, podrían aplicarse a escala nacional para facilitar proyectos de transmisión que den servicio a regiones con abundantes recursos renovables.
Las inversiones en transmisión y la reforma de la planificación han recibido una atención creciente en Washington. En el Plan de Empleos Estadounidense, Biden propuso 100 000 millones de dólares en financiación para la transmisión y la creación de una Autoridad de Despliegue de la Red, mientras que el presidente de la FERC, Richard Glick, señaló la transmisión y las colas de interconexión de la red como prioridades que abordar este año. A finales de abril, el Departamento de Transporte publicó una guía para proyectos de energía limpia y conectividad en los derechos de vía de las autopistas federales, y el Departamento de Energía anunció hasta 8 250 millones de dólares en préstamos para ampliar la transmisión.
Además de la mencionada Ley de Mejora de la Infraestructura de Energía Eléctrica, que crearía un ITC independiente para la transmisión, las propuestas actuales del Congreso incluyen disposiciones en la Ley CLEAN Future y en la Ley de Mejora de la Planificación de la Transmisión Interregional de 2021. Ambos proyectos de ley encargan a la FERC que emita una nueva norma sobre la planificación de la transmisión. La Ley CLEAN Future también autoriza 75 millones de dólares anuales hasta 2031 para un programa de asistencia en la ubicación de instalaciones de transmisión.
Este nivel de financiación propuesto coincide con el nivel de inversiones en transmisión que recomienda el informe de las Academias Nacionales, parte de las cuales se destinaría a garantizar que los estados, las comunidades y las naciones tribales puedan participar de forma significativa en la planificación y ubicación de la transmisión. Estas propuestas del Congreso son un primer paso importante para construir la infraestructura de transmisión necesaria para integrar la energía limpia en la red.
4. Poner un precio al carbono
Otra opción sería un precio del carbono aplicable a toda la economía, que abarque todos los sectores, incluido el industrial y las fuentes de difícil reducción de emisiones, como la producción de cemento y acero. Un precio del carbono enviaría una señal a toda la economía a favor de las inversiones bajas en carbono.
Desde hace tiempo, un precio integral del carbono se considera la herramienta de política más eficiente desde el punto de vista económico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un precio del carbono bien diseñado puede generar resultados tanto climáticos como económicos, impulsar la innovación en toda la economía y, al mismo tiempo, recaudar ingresos que pueden aliviar la transición energética para los sectores y hogares afectados. Un número creciente de empresas y asociaciones comerciales se están pronunciando a favor del precio del carbono. El estado de Washington aprobó recientemente un proyecto de ley de límites e inversión del carbono, convirtiéndose en el segundo estado del país, después de California, en establecer un precio del carbono aplicable a toda la economía.
Hasta ahora, en el Congreso actual se han presentado dos proyectos de ley sobre precios del carbono: la Ley de Innovación Energética y Dividendos y la Ley del Fondo Futuro Limpio de Estados Unidos. Estos proyectos de ley han obtenido un apoyo significativo en ambas cámaras del Congreso y son patrocinados por miembros clave del liderazgo demócrata, entre ellos el whip de la mayoría del Senado, el senador Durbin (D-IL), y el representante Deutch (D-FL), cofundador de la Coalición Bipartidista de Soluciones Climáticas de la Cámara de Representantes.
Esperamos que se presenten más proyectos de ley sobre precios del carbono en el futuro próximo. Cualquier proyecto de ley federal sobre precios del carbono también debería abordar los copontaminantes (como el dióxido de azufre, el material particulado y los óxidos de nitrógeno) e incluir mecanismos para minimizar los impactos en la calidad del aire en las comunidades afectadas por la injusticia ambiental y con una carga desproporcionada.
La acción del Congreso es fundamental
Ninguna de las cuatro políticas analizadas aquí es una solución milagrosa. Las políticas complementarias y las inversiones sostenidas son clave para una transición energética eficaz y equitativa. Entre ellas se incluyen medidas de gestión de la demanda, como la eficiencia energética, la respuesta a la demanda y otras medidas que aumentan la flexibilidad del lado del cliente.
Una dirección federal clara y una política sólida tendrán que ser una parte importante de lo que permita a EE. UU. duplicar sus tasas de instalación de energía limpia hasta aproximadamente 70 GW al año. La nueva administración federal ha expuesto sus prioridades, entre ellas un Estándar de Electricidad Limpia, créditos fiscales y una renovada atención a la transmisión; ahora corresponde al Congreso abordar estas medidas con la urgencia que exige la crisis climática.
En estos debates, los responsables políticos deben centrarse en la estrella polar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y extender los beneficios para la salud y económicos de un sistema energético más limpio a todas las comunidades. El Congreso debe ahora aprobar políticas federales ambiciosas y audaces para garantizar que el récord de energías renovables de 2020 no sea una excepción, sino el inicio de una década sólida de acción climática.
