La localidad de Wolfhagen cuenta con un innovador modelo híbrido de propiedad energética, repartido entre el municipio y una nueva cooperativa liderada por ciudadanos
El 100 % de su electricidad procede de fuentes renovables, y aún le sobra
Cada vez se defiende con más fervor la necesidad de una política medioambiental ambiciosa y transformadora, y en los últimos 12 meses se han propuesto una serie de “Nuevos Pactos Verdes” —en referencia al programa de reforma económica de Roosevelt en la década de 1930— en EE. UU., Europa y el Reino Unido. Estas políticas implicarían una enorme inversión estatal en el desarrollo de infraestructuras de energía renovable, la rehabilitación de edificios para mejorar la eficiencia energética y un transporte público eficiente y de alta velocidad.
Reconociendo que el cambio climático exige profundos cambios sistémicos en la economía, la versión estadounidense incluye la introducción de una garantía de empleo: un puesto de trabajo en el sector público estaría disponible para cualquier ciudadano estadounidense que lo desee. Y en Europa, las propuestas piden que los bancos públicos de inversión destinen cada año el 5 % del PIB a “reducir radicalmente las emisiones de carbono de Europa, construyendo infraestructuras resilientes y de cero emisiones”.
Sin duda, los compromisos serios para descarbonizar la infraestructura a gran escala son esenciales. Pero los teóricos de la justicia climática han sostenido desde hace tiempo que las soluciones técnicas serán insuficientes sin una transición paralela hacia una economía global que no dependa del crecimiento constante.
Afrontar la emergencia climática exige enormes cantidades de inversión, pero también requiere cambios drásticos en las formas de propiedad y gobernanza que sustentan la economía capitalista contemporánea. Necesitamos avanzar hacia modelos de democracia económica, en los que todo, desde las decisiones de inversión hasta los salarios, se decida democráticamente por los trabajadores y los ciudadanos.
Enfrentarse a un concepto abstracto como la “economía global” puede parecer un reto desalentador. Pero, al trasladar nuestra perspectiva al nivel de nuestras localidades y ciudades, los modelos innovadores de democracia económica ya están capacitando a las personas para aportar soluciones reales a la emergencia climática.
Con el 100 % de su electricidad procedente de fuentes renovables (y con excedente), la localidad alemana de Wolfhagen demuestra especialmente lo que se puede lograr cuando los municipios adoptan enfoques innovadores en cuanto a la propiedad y la gobernanza de infraestructuras clave. Lecciones significativas pueden extraerse del modelo híbrido de propiedad de Wolfhagen, que puede —y debe— aplicarse a sectores más allá de la producción energética.
Democracia energética
Desencadenado por el desastre de Fukushima —y unido a movimientos sociales de larga trayectoria contra los combustibles fósiles —en 2011 el gobierno alemán de centroderecha anunció que perseguía una política nacional de Energiewende: transición energética. Sin embargo, en Wolfhagen, una localidad del centro de Alemania con unos 14 000 habitantes, esta transición ya estaba muy avanzada.
Ya en 2005, la administración local decidió recuperar el control. En lo que serían los primeros pasos para cumplir el plan de Wolfhagen de volverse totalmente autosuficiente en energía renovable, el gobierno municipal decidió no renovar el acuerdo de licencia de la empresa privada E.ON y, en su lugar, puso al frente a una empresa pública: Stadtwerke Wolfhagen —al frente. Tras la decisión de 2008 de que toda la electricidad doméstica se suministraría con recursos renovables locales para 2015, la localidad se comprometió a construir un parque solar y un parque eólico.
Impulsada en parte por la falta de recursos financieros y en parte por la visión de un sistema energético coproducido y de propiedad compartida, Wolfhagen decidió seguir una forma innovadora de “participación cooperativa” que pondría la energía en manos de la propiedad conjunta del municipio y de una nueva cooperativa liderada por ciudadanos: BEG Wolfhagen. En declaraciones realizadas en 2011, el director de la empresa pública Martin Rühl explicó:
"Mediante la participación cooperativa queremos que los ciudadanos no solo sean copropietarios y copartícipes de los beneficios, sino que, mediante una forma de participación directa en Stadtwerke, también sean codecisores. En los proyectos futuros, los ciudadanos y los clientes de electricidad estarán en la mesa desde el principio."
Formada en 2012 por ciudadanos que habían hecho campaña a favor del desarrollo del parque eólico, la cooperativa es ahora propietaria del 25 % de la empresa energética. Con más de 800 miembros y un patrimonio superior a 3,9 millones de euros, la cooperativa hace algo más que permitir que los ciudadanos posean una parte de la empresa energética de la localidad: también les permite controlarla. La cooperativa cuenta con dos de los nueve puestos en el consejo de administración de la empresa energética, lo que otorga a los ciudadanos derechos de voto en todas las cuestiones relativas a la producción y el suministro de electricidad en la región, desde la fijación de los precios de la energía hasta la reinversión en nueva capacidad.
La propia cooperativa también dispone de un fondo de ahorro energético, que recibe sus fondos directamente de la empresa energética rentable. Gestionado por un Consejo Asesor de Energía —integrado por nueve miembros de la cooperativa, junto con uno de cada uno de la agencia energética local, de Stadtwerk y del municipio—, el fondo está diseñado para respaldar estrategias e iniciativas destinadas a aumentar la eficiencia energética entre sus miembros. En la práctica, esto significa que las soluciones para la descarbonización impulsadas por ciudadanos cuentan ahora con una fuente de financiación regular y gestionada democráticamente.
Una transición justa
Lo que demuestra la experiencia de Wolfhagen es que la rápida descarbonización de nuestro suministro energético es totalmente compatible con nuevos modelos de democracia económica. La acción firme y eficaz para afrontar la crisis climática puede lograrse mediante procesos de empoderamiento colectivo, sin recurrir al autoritarismo ecológico.
Los modelos híbridos de propiedad no solo tienen el potencial de aportar capital más allá del que puede proporcionar el Estado, sino también de hacerlo de un modo comprometido con el interés común. Esto va en contra de la lógica de las empresas privadas, comprometidas con el resultado final de obtener beneficios para los accionistas.
Aunque la financiación del gobierno nacional es indiscutiblemente necesaria, dada la magnitud de la emergencia climática, no tiene por qué ser un obstáculo absoluto para que las localidades y ciudades emprendan acciones. Los gobiernos locales no deberían utilizar al gobierno nacional como excusa para su propia inacción.
Si realmente vamos a afrontar la emergencia climática, necesitaremos ampliar drásticamente el número y la diversidad de espacios para un compromiso democrático significativo. Esto no solo significa implicar a la ciudadanía en las decisiones gubernamentales, sino también crear y financiar espacios en los que los ciudadanos (junto con los agentes gubernamentales y las iniciativas empresariales sociales) puedan colaborar para ofrecer alternativas radicales en toda nuestra economía.
En última instancia, la urgencia y la escala de la transición necesaria para afrontar de forma significativa nuestra emergencia climática exigen que los gobiernos nacionales lleven a cabo muchos de los ambiciosos planes de inversión previstos por los defensores de un Nuevo Pacto Verde.
Pero Wolfhagen demuestra que los enfoques innovadores en la propiedad y la gobernanza de los servicios públicos no solo pueden desbloquear más inversión de capital cooperativo, sino también crear nuevas formas de compromiso democrático en su gobernanza. Precisamente la creación de estos espacios democráticos puede permitir a los ciudadanos ir más allá de los esfuerzos individualistas por “reducir su huella de carbono” y situarlos en el centro de la innovación para lograr una transición justa hacia una economía sostenible y democrática.
