En algún momento de este verano, los habitantes de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) esperan el «Día Cero», el día en que casi todos los grifos de la ciudad se quedarán secos. Ese día, sus 4 millones de habitantes tendrán que hacer cola en aproximadamente 200 puntos designados cuando necesiten agua.
Con toda la atención puesta en cómo afectará el Día Cero al consumo doméstico, no podemos evitar preguntarnos qué tendrán que comer los residentes de la ciudad y cuánto costarán esos alimentos. La agricultura de la región, que durante mucho tiempo se ha beneficiado de un acceso casi ilimitado al suministro local de agua, también está viviendo un duro despertar. Y esa es una parte importante del problema.
Esta tragedia no era inevitable. Las autoridades de la ciudad sabían que tanto la ciudad como su agricultura extraían de los embalses más agua de la que se reponía. Y la situación no ha hecho más que empeorar desde que la sequía comenzó en 2015. Pero la sequía y la mala planificación solo son parcialmente responsables. Hay un problema más profundo: el coste del agua es invisible. En ningún lugar se contabiliza plenamente su coste, ni siquiera en la agricultura.
La falta de contabilización del coste del agua en la agricultura no es exclusiva de Sudáfrica. Es una crisis mundial, y Ciudad del Cabo no es la primera señal de alarma. La reciente crisis del agua en California llevó a imponer restricciones obligatorias al consumo de agua en las zonas urbanas, pero no en la agricultura, pese a que las explotaciones agrícolas de California utilizan el 80 % de las aguas superficiales del estado. Del mismo modo, cuando São Paulo, Brasil, agotó recientemente el suministro de agua para sus 20 millones de habitantes, el 59 % del agua del estado siguió destinándose a la agricultura y la industria.
El mundo se enfrenta a un desastre hídrico inminente que podría dejar sin recursos a nuestros sistemas alimentarios. Aunque el cambio climático altera los patrones de lluvia, se prevé que la demanda mundial de agua aumente un 55 % para 2050. Aunque la agricultura no es el único factor que impulsa el aumento de la demanda de agua, la creciente población mundial necesitará más alimentos, lo que ejercerá aún más presión sobre unos recursos hídricos ya limitados, que no se reflejan en el valor de mercado de los alimentos que consumimos.
Más que cualquier otro sector económico, la agricultura depende de los servicios naturales que proporcionan los ecosistemas saludables, de los cuales el agua gratuita es solo uno. Estos servicios también incluyen el aporte de suelo fértil, la polinización y la diversidad biológica de las plantas, incluidas las variedades silvestres emparentadas con nuestros cultivos alimentarios actuales. Pero ninguno de estos servicios es infinito. Y si no pagamos por ellos, no perdurarán.
Alrededor del 60 % de los servicios ecosistémicos ya se ha degradado. A medida que aumentan los fenómenos meteorológicos extremos, también crecen las amenazas a la producción mundial de alimentos y la posibilidad de crisis de precios alimentarios.
Poner en valor los servicios ecosistémicos y contabilizar formalmente su uso, del mismo modo que contabilizamos los flujos de recursos financieros de las empresas, supondría un cambio radical y permitiría a la sociedad medir y gestionar lo que la agricultura extrae de la naturaleza, empezando por el agua.
De toda el agua de la Tierra, solo el 3 % es agua dulce, que abastece nuestras necesidades de agua potable, producción de alimentos, saneamiento y generación de energía, y alberga una biodiversidad vital muy diversa. En la actualidad, la agricultura de regadío extrae el 70 % de esta agua. Y una gran cantidad se desperdicia. En Sudáfrica, donde más de la mitad del agua se utiliza para el riego, menos del 60 % llega correctamente a las raíces de las plantas.
Solo una contabilización honesta del valor del agua puede garantizar un uso más sensato. El «coste real» de una hamburguesa nada humilde, por ejemplo, incluye muchos impactos que van más allá de su precio de mercado: desde el dióxido de carbono emitido durante su transporte hasta la deforestación para cultivar pienso para el ganado, el agua utilizada para producir sus cereales y los costes sanitarios asociados al consumo excesivo de carne de vacuno. Así que incluso este alimento, que parece barato, es en realidad caro.
Comprender estos costes y asignarlos adecuadamente debería llevarnos a replantearnos qué alimentos producimos y cómo lo hacemos. Por ejemplo, las personas pueden optar por comer, y los agricultores por cultivar, productos que requieran menos agua.
La producción de carne requiere mucha más agua que la de verduras: entre 5.000 litros de agua por 1 kg de pollo y 20.000 litros por 1 kg de carne de vacuno. En comparación, producir 1 kg de trigo requiere entre 500 y 4.000 litros de agua. Y hacen falta 17.000 litros para producir un kilo de chocolate.
Por tanto, incluir el coste del agua en el precio de los alimentos y cambiar a cultivos alimentarios que utilicen menos servicios de la naturaleza no es solo una decisión sensata desde el punto de vista medioambiental: es esencial para sostener un suministro mundial de alimentos que, según se prevé, deberá alimentar a 8.500 millones de personas para 2030.
Sin duda, Ciudad del Cabo encontrará una solución a su crisis del agua. Los esfuerzos en curso para perforar pozos y desalinizar el agua son costosos, pero prometedores. Aun así, esta experiencia dejará cicatrices en una sociedad ya atribulada, y tardarán mucho en sanar.
Mientras tanto, a escala mundial, no reconocer el valor de los servicios ecosistémicos en la agricultura supone una gran amenaza para la seguridad alimentaria. Contabilizar mejor ahora el coste del agua, sobre todo en los alimentos que cultivamos y consumimos, quizá permita evitar un Día Cero mundial y mantener vivas nuestras aspiraciones de un mundo con seguridad alimentaria y abundancia.
