Para muchos, la escasez de agua es un problema del futuro. Para 2025, una de cada dos personas en el planeta vivirá con estrés hídrico.
Para una de cada nueve, el problema ya está aquí. La Organización Mundial de la Salud estima que 844 millones de personas carecen de servicios básicos de agua potable; unos 2.000 millones utilizan una fuente contaminada con heces.
La atención internacional no se ha traducido en lo que hace falta: inversiones meditadas y sostenibles
En respuesta, en 2010 las Naciones Unidas declararon y definieron el agua y el saneamiento como derechos humanos.
El derecho humano al agua, en primer plano
Con razón, aunque tardíamente, el derecho humano al agua ha pasado a ocupar un lugar destacado en el escenario mundial. Sin embargo, mientras se desarrolla el drama del cambio climático, persisten las brechas entre la concienciación y la acción, afirma Samantha Kuzma, analista del World Resources Institute.
«La ONU reconoce oficialmente que el agua potable segura y equitativa y el saneamiento asequible son derechos humanos, y los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos instan a garantizar este derecho para todos», afirma. «Sin embargo, la atención internacional no se ha traducido en lo que hace falta: inversiones meditadas y sostenibles».
Las cifras son enormes y las carencias, considerables. Un estudio del Banco Mundial de 2016 estimó que el coste anual de prestar servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) conforme a las normas de los ODS podría alcanzar los 114.000 millones de dólares, tres veces el nivel actual de inversión.
La urgencia no disminuye y la ONU sigue elevando la apuesta: declaró el periodo de 2018 a 2028 Decenio Internacional para la Acción sobre el Agua.
Promover los derechos humanos exige actuar, no solo hablar
Hacer promesas es una cosa;cumplirlas suele ser otra. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de hacer realidad esta promesa del derecho humano al agua? ¿Les corresponde a los gobiernos, al sector privado o quizá a las alianzas transnacionales?
El agua es un trabajo en equipo, aunque también político, afirma Kuzma. «El primer paso es establecer la voluntad política para hacer posible el cambio», dice. «La presión debe venir de todos: inversores e instituciones financieras, diplomáticos, empresas privadas y ciudadanos, tanto los afectados como quienes no lo están».
Por grande que parezca el desafío, el éxito puede ser aún mayor. Tras la devastadora hambruna de la década de 1980, la región de Tigray, en el norte de Etiopía, invirtió mucho en infraestructura gris y verde para proporcionar agua limpia a casi 30.000 personas. La superficie de tierras irrigadas ahora es mil veces mayor que a mediados de la década de 1990 y Tigray, que antes era la región más pobre de Etiopía, es autosuficiente en producción de alimentos desde 2007.
Ruanda también está dando un giro, transformada desde los oscuros días de la brutal guerra civil. Ahora, casi tres de cada cinco personas tienen agua limpia y dos tercios de la población cuentan con un retrete digno.
Dos amenazas al acceso al agua: la infraestructura y los recursos
En esencia, los desafíos relacionados con el agua se dividen en dos categorías, explica Richard Munang, coordinador regional para África en materia de cambio climático del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. «La primera son las dificultades de infraestructura hídrica, cuyo principal problema es la incapacidad de captar y distribuir el agua desde sus fuentes», afirma el Dr. Munang. «La segunda son los problemas de recursos hídricos, donde el problema es la disminución de las fuentes superficiales y subterráneas. Desde la perspectiva del cambio climático, nuestro principal foco está en las tendencias de los recursos hídricos,especialmente en África».
Con un calentamiento de entre 2 y 4 °C, para 2100 la región experimentará una reducción de entre el 60 % y el 80 % de la escorrentía superficial, y las tasas de recarga de las aguas subterráneas caerán entre el 30 % y el 70 %.
Aunque las políticas quizá sean el principal motor del cambio, el problema radica más en la implementación y en adoptar un enfoque integral y coordinado que en crear nuevos marcos, sostiene el Dr. Munang. «Las políticas hídricas deben armonizarse e implementarse al mismo tiempo que las políticas ambientales y forestales, para garantizar que estos ministerios coordinen sus recursos —financieros, técnicos y tecnológicos— en la restauración de las zonas de captación de agua», afirma.
Sin embargo, las cuestiones de derechos humanos relacionadas con el agua no se limitan en absoluto a las comunidades rurales.
La proporción de la población mundial que vive en zonas urbanas ya alcanza el 55 % y se prevé que llegue al 68 % para 2050. Por ello, es fundamental desarrollar la resiliencia hídrica urbana, afirma Mark Fletcher, responsable mundial de agua en Arup.
«Muchas ciudades y localidades están en zonas costeras bajas, por lo que las inundaciones y la pérdida o el deterioro del suministro de agua suponen una amenaza directa para la vida humana, así como para la vida económica, social y ambiental de estas comunidades», afirma. «Las autoridades locales deben proteger a sus ciudadanos de los riesgos relacionados con el clima, ya sea por exceso, escasez o contaminación del agua».
Los conflictos también amenazan el derecho humano al agua
En lo que respecta al agua,no todas las amenazas a los derechos humanos están relacionadas con el clima; los conflictos son otro factor crítico.
En el este de Ucrania, los bombardeos y los disparos son una realidad cotidiana, pues el conflicto continúa desde 2014. A lo largo de la línea del frente, de 500 km, se extiende infraestructura hídrica crítica, que recibe impactos y sufre daños con regularidad, lo que afecta el suministro a ambos lados.
Bajo la consigna Protect Water Ukraine, la ONG checa People in Need (PIN) trabaja allí con socios transnacionales para proteger esta infraestructura y ayudar a aliviar el sufrimiento de la población civil, garantizando suministros vitales para escuelas, jardines de infancia y hospitales.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos WASH respaldados por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, las Operaciones de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores checo.
Ania Okinczyc, directora nacional de PIN en Ucrania, describe la magnitud del desafío: «El año pasado, la infraestructura hídrica a lo largo de la línea del frente sufrió daños, en promedio, cada tres días; solo en 2017 hubo unos 135 incidentes. Este año, más de cuatro millones de personas corren el riesgo de sufrir cortes y pérdidas de suministro».
Para empeorar las cosas, los sistemas centralizados de calefacción de Ucrania necesitan agua para funcionar. Así que, cuando las temperaturas caigan por debajo de cero este invierno, cientos de miles de personas tendrán dificultades para mantenerse calientes.
Sin embargo, como las partes en conflicto no logran acordar un alto el fuego, reparar las tuberías de agua, los sistemas de filtración y las bombas dañados no es solo una cuestión de ingeniería, sino también de protección de la población civil, concluye Okinczyc. «Desde 2014, veinticinco trabajadores del agua han resultado heridos y nueve han muerto mientras intentaban realizar reparaciones vitales en la línea del frente», afirma.
Del clima a los conflictos, de Etiopía a Ucrania, el problema del agua es a la vez mundial y local, y la solución es la misma. La responsabilidad es compartida; el riesgo, no. Sin embargo, si el agua llegara a convertirse en el próximo gran éxito en materia de derechos humanos, sería algo que todos podríamos celebrar, literalmente.
