Algo menos de un cuarto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano emisiones proceden del uso que hacemos de la tierra para actividades como la agricultura y la silvicultura.
Los responsables políticos tienen una oportunidad histórica para impulsar un cambio profundo en el uso de la tierra en un momento en que otras circunstancias pueden facilitar su aplicación: una nueva conciencia ambiental pública, la evolución de la tecnología y los rendimientos de los bonos en mínimos históricos. Además, existe una forma de canalizar la financiación hacia proyectos que protejan la naturaleza, en lugar de degradarla, y que reduzcan las emisiones.
Hasta la fecha, las estructuras económicas han favorecido la conversión del capital natural en capital financiero. Como resultado, una gran proporción de tierra viable ha sido despejada para la agricultura.
Si bien gran parte de esto se ha justificado por la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y mantener los precios de los alimentos bajos, la realidad es que la oferta de cereales supera ya con creces nuestra demanda natural de alimentos. Durante el siglo XX, la mecanización, las semillas híbridas y el uso intensivo de productos químicos han incrementado los rendimientos de los cultivos tres o cuatro veces.
Sin embargo, en los últimos 20 años, las políticas sobre biocombustibles han agravado el daño ecológico. Al subvencionar y obligar al uso de cultivos para producir combustible, los gobiernos esperaban crear una demanda adicional para tratar de sostener los precios de los cultivos agrícolas, que han tenido dificultades para seguir el ritmo de la inflación.
Los biocombustibles han contribuido al cambio en el uso de la tierra. Bosques y praderas hasta entonces vírgenes han sido talados para cultivarlos o para sustituir los cultivos alimentarios que se desviaron a la producción de biocombustibles en otros lugares.
La falta de lógica ambiental inherente a las políticas de biocombustibles que contribuyen al cambio en el uso de la tierra parecería convertirlas en un primer paso sencillo para la reforma. Sin embargo, existe el riesgo de que eliminar estas y otras subvenciones agrícolas tenga un impacto significativo en las economías rurales. Es casi seguro que los precios de los cereales caerían, al igual que los precios de la tierra. Quizá la respuesta sea, en cambio, utilizar la política para apoyar a la población rural de otras maneras.
El Reino Unido se cuenta entre los varios gobiernos que estudian pagar subvenciones por ‘bienes públicos’, como la mejora ambiental, en lugar de por la sobreproducción de cultivos. Esto podría llevarse un paso más allá e incluir el control explícito de la oferta de tierras. Si los gobiernos comprasen tierras agrícolas a los agricultores a un precio fijado, estas podrían retirarse del uso agrícola y renaturalizadas para proporcionar los bienes públicos ambientales necesarios. Desde la perspectiva del agricultor, el capital permitiría reembolsar préstamos y favorecer la inyección de capital en las economías rurales, lo que ayudaría a compensar la pérdida de ingresos derivada de la caída de los precios de los cultivos a medida que se retiren los mecanismos de apoyo a los precios.
¿Qué harían entonces los gobiernos con la tierra? Aquí se requiere pensamiento creativo. Al mismo tiempo que la sociedad empieza a reconocer la crisis ambiental a la que se enfrenta, en el mundo financiero los tipos de interés se han desplomado hasta situarse cerca de cero. De hecho, billones de dólares en bonos gubernamentales ofrecen ahora rendimientos negativos. Esto deja a las instituciones de ahorro a largo plazo, como los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los fondos de dotación, sin un lugar donde invertir con seguridad y obtener siquiera una pequeña rentabilidad. Podría existir una enorme demanda de un activo seguro que ofrezca un sustituto de mayor rendimiento a los bonos gubernamentales convencionales, especialmente en Europa y Japón.
El mercado de bonos verdes ya está consolidado: a octubre de 2019, se han emitido varias decenas de miles de millones de dólares en bonos verdes, que financian diversos proyectos ambientales con los ingresos obtenidos. Pero solo una pequeña proporción se relaciona con el uso de la tierra, y esto no es más que apenas una hoja en el bosque frente a la verdadera escala requerida.
Los ‘bonos Edén’ serían una nueva clase de bonos gubernamentales con capacidad para devolver la tierra a su estado natural. Se emitirían a los inversores a largo plazo, pero estructurados como un arrendamiento sobre una parcela de tierra renaturalizada. Esa tierra sería luego recomprada por el gobierno a un precio fijo ‘de máxima solvencia’ dentro de, digamos, 50 años. Mientras tanto, el gobierno paga un pequeño tipo de interés a cambio de la garantía de que la tierra permanezca sin cultivar y de que se emplee a mano de obra local para gestionar la transición hacia el estado silvestre y para vigilarla. El titular de estos ‘bonos Edén’ podría incluso obtener ingresos adicionales vendiendo créditos de carbono y créditos por la provisión de otros bienes públicos, incluida la recuperación de poblaciones de especies en peligro de extinción. El titular de un bono Edén tendría que esforzarse más para obtener su rentabilidad, pero esta sería superior a la de un bono gubernamental convencional.
El Acuerdo de París sobre el Clima de 2015 fijó tres objetivos a largo plazo: el primero es limitar el aumento de la temperatura media mundial, y el segundo, aumentar nuestra capacidad de adaptación a los efectos del clima. El informe del IPCC sobre la tierra destaca que, sin cambios extraordinarios en la forma en que se utiliza la tierra, no se alcanzará ninguno de esos dos primeros objetivos.
También está claro que los cambios en la forma de utilizar la tierra solo llegarán si se cumple el tercer objetivo a largo plazo, a menudo pasado por alto. El Acuerdo de París también se comprometió a hacer «que los flujos financieros sean coherentes con una trayectoria hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima». Dada la elevada demanda de activos seguros y de rendimiento positivo, los responsables políticos tienen ahora la oportunidad de transformar nuestro enfoque sobre el uso de la tierra, alineando los flujos financieros con los objetivos de estabilización climática que se necesitan con urgencia.
