La deforestación vuelve a aumentar en toda la Amazonía, y el 90 % es ilegal.
La responsabilidad recae en diversos actores, entre ellos las empresas agroindustriales, los funcionarios corruptos y la inacción de los gobiernos.
Aunque hay señales positivas, ahora se necesita una respuesta mucho más contundente para evitar que la región llegue a un punto de inflexión.
La cuenca del Amazonas se acerca a un peligroso punto de inflexión. En unos pocos años, el mayor bosque tropical del mundo podría sufrir un «colapso forestal» que no solo afectaría a los países sudamericanos, sino que asestaría un golpe fatal a los esfuerzos mundiales por reducir las emisiones de carbono. No es ningún secreto quién tiene la culpa. Los principales responsables son el conjunto de industrias y personas responsables de la deforestación ilegal. Más del 90 % de toda la deforestación es ilícita, lo que significa que combatir los delitos medioambientales es clave para avanzar en la acción climática.
La magnitud de la devastación del bosque amazónico es literalmente sobrecogedora. Pese a la indignación y condena internacionales, las tasas de deforestación en toda la región aumentaron un 55 % en los primeros cuatro meses de 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Prácticamente todos los científicos que estudian la Amazonía creen que no hay ninguna razón válida para talar un solo árbol: lo que hace falta es aplicar políticas de deforestación cero, hacer más productivas las tierras existentes y restaurar los suelos degradados.
Las consecuencias de la deforestación desenfrenada son abrumadoramente negativas. Cada hectárea que se tala implica que partes del ecosistema en su conjunto se degradan y dejan de funcionar. La degradación reduce la eficiencia de los bosques y menoscaba su capacidad para generar lluvia. Sin lluvia, disminuye la evapotranspiración: los famosos «ríos voladores» de la Amazonía dejarán de transportar agua por toda la región. Esto tiene consecuencias peligrosas no solo para los 30 millones de personas que viven en la Amazonía, sino también para la producción de alimentos y la disponibilidad de agua para los casi 300 millones de personas que viven en ciudades de los ocho países que conforman la cuenca del Amazonas.
Diversos actores
Los gobiernos de toda la región suelen culpar de la destrucción de la Amazonía a los pequeños agricultores que producen alimentos para subsistir, pero la realidad es mucho más compleja. Estudio tras estudio demuestra que las grandes empresas agroindustriales y productoras de carne de vacuno, así como sus proveedores locales, son responsables de la mayor parte de la tala de bosques. En última instancia, diversos actores perpetran la deforestación y la degradación, tanto legales como ilegales, y están vinculados a las cadenas de suministro nacionales y mundiales.
La deforestación y la degradación ilegales se producen de varias maneras. La más evidente consiste en invadir ilegalmente terrenos y luego practicar la tala selectiva y despejar bosques para la agricultura comercial y la ganadería. Otra modalidad comprende tanto la minería legal como la minería ilegal, principalmente de oro, que tiene efectos duraderos en los ecosistemas locales, la biodiversidad y la salud humana. Los bosques también se ven afectados por el tráfico de fauna silvestre, impulsado por la demanda incesante de aves, reptiles y mamíferos raros en todo el mundo. Muchos gobiernos, organismos encargados de hacer cumplir la ley y grupos medioambientales abordan estos fenómenos por separado, pero hay pruebas de que muchas de las redes subyacentes que participan en estas actividades delictivas están conectadas.
En colaboración con Interpol e InSight Crime y en cooperación con organizaciones como ISA y MapBiomas, el Instituto Igarapé está siguiendo la pista de las redes que impulsan los delitos medioambientales en la cuenca del Amazonas. Para desarticular estas actividades, es fundamental sacar a la luz a los actores implicados y las formas en que los productos de origen ilegal inundan las cadenas de suministro mundiales. Muchas de las organizaciones delictivas implicadas en actividades ilegales cuentan con el respaldo de empresas legítimas y funcionarios gubernamentales corruptos, incluidos policías, notarios, funcionarios de aduanas y políticos. Las ganancias se blanquean de formas ingeniosas, por ejemplo, invirtiendo las ganancias ilícitas en tierras agrícolas legítimas o mezclando oro extraído ilegalmente con exportaciones legales. Los delincuentes medioambientales dominan la tecnología y emplean criptomonedas, drones y tecnologías satelitales para eludir la ley.
Una de las razones por las que resulta tan difícil combatir los delitos medioambientales es que los actores y actividades aparentemente «legales» están entrelazados con los «ilegales». Tomemos el caso de los sectores de la energía y las infraestructuras, donde suelen abundar la especulación inmobiliaria y los negocios turbios. Alegando que promueven el «desarrollo», políticos bien posicionados, empresarios y funcionarios públicos se enriquecen mientras arde la Amazonía.
La idea de que la Amazonía es un vasto territorio vacío que hay que ocupar, desarrollar y modernizar se remonta a mediados del siglo XX. Las fuerzas armadas de toda la región son especialmente recelosas de las injerencias externas y participan activamente en proyectos de «desarrollo» por toda la región; sin embargo, los ejércitos tienen dificultades para proteger la selva tropical.
La globalización también impulsa los delitos medioambientales. La creciente demanda de carne de vacuno y soja por parte de China, Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes ha contribuido al auge de la agricultura intensiva y la ganadería. Las fluctuaciones del precio mundial de los metales preciosos también han desencadenado una fiebre clandestina del oro.
Trabajar en conjunto
La cooperación regional para erradicar los delitos medioambientales es prácticamente inexistente. Una de las principales razones es la falta de confianza entre los gobiernos de la región (además, algunos funcionarios corruptos se benefician de las actividades ilegales). A nivel nacional, los organismos públicos rara vez se coordinan de manera eficaz para localizar, investigar, enjuiciar y sancionar los delitos medioambientales, lo que explica la impunidad generalizada.
A pesar de las iniciativas multisectoriales anteriores para frenar la deforestación y de innovaciones recientes como el Consejo para la Amazonía de Brasil, la falta de voluntad política para impulsar los esfuerzos de conservación forestal ha obstaculizado la labor de los fiscales y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. También es insuficiente la colaboración entre los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, pese al auge del activismo medioambiental en toda la región.
Para complicar aún más la situación, el resurgimiento del nacionalismo y el populismo ha debilitado la eficacia de iniciativas regionales como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que en gran medida sigue existiendo solo sobre el papel. Aparte de las reuniones regionales periódicas, aún hay relativamente pocos esfuerzos específicos para promover iniciativas conjuntas contra los delitos medioambientales. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene una misión en Colombia para apoyar el proceso de paz y ha trabajado en cuestiones específicas como la gestión sostenible de las aguas transfronterizas, pero no aborda de manera sistemática los problemas de seguridad y medioambiente en la Amazonía.
De forma más alentadora, varios grupos del sector privado están empezando a redoblar sus esfuerzos allí donde el sector público no ha asumido el liderazgo. El año pasado, más de 250 inversores de todo el mundo con activos por valor de 17,7 billones de dólares instaron a las empresas que operan en la cuenca del Amazonas a cumplir sus compromisos contra la deforestación en las cadenas de suministro de productos básicos. La experiencia demuestra que, cuando existen alianzas transparentes entre organismos públicos y el sector privado, es posible adoptar medidas eficaces para reducir la deforestación. Cuando estos acuerdos son débiles, es más probable que haya incumplimientos.
Los grupos del sector privado también se asocian con organizaciones sin ánimo de lucro con conocimientos tecnológicos para combatir los delitos medioambientales. Por ejemplo, Rabobank, el mayor banco del sector agroalimentario y agroindustrial y la segunda entidad financiera mejor clasificada en Forest 500, ya incorpora el uso de MapBiomas (que valida de forma cruzada los títulos de propiedad, los datos satelitales y los embargos gubernamentales) en su proceso de aprobación de créditos. Las grandes exportadoras Marfrig y Cofco empezaron hace poco a rastrear los productos hasta el nivel de las explotaciones agrícolas, utilizando herramientas cada vez más baratas, como la teledetección, la inteligencia artificial y la cadena de bloques, para obtener financiación y acceder a mercados extranjeros. Otras organizaciones, como Global Witness, Imazon, Global Forest Watch y Trase, también están intensificando su labor.
Aunque estos esfuerzos por combatir los delitos medioambientales son señales positivas, el mundo tendrá que hacer mucho más para alejar a los bosques amazónicos del precipicio.
Para obtener más información sobre los tipos de actividades que pueden contribuir a la deforestación y la degradación ilegales, haz clic aquí.
