Dentro de tres décadas, varios elementos cruciales del Tratado Antártico podrán renovarse, lo que sumirá en la incertidumbre el futuro del continente.
Durante seis décadas, el tratado ha sido la piedra angular de la gobernanza de nuestro continente más austral, inhóspito y prístino. Ha impulsado la investigación científica, promovido la cooperación internacional, garantizado la desmilitarización, suspendido las reivindicaciones territoriales y reforzado la protección del medio ambiente. Sus custodios son las Partes Consultivas del Tratado Antártico (PCTA), entre las que destacan Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Noruega, Alemania, Chile y Argentina.
En el terreno, una nueva generación de robots y drones observa bajo las plataformas de hielo, explora las profundidades oceánicas y vigila los glaciares, inaugurando la era de la «Antártida inteligente». Las capas de hielo no están precisamente prosperando: el continente antártico ha perdido tres billones de toneladas de hielo desde 1992, pero la investigación científica está en auge.
Para muchos investigadores polares, esto es motivo de optimismo; sin embargo, en el ámbito político, el horizonte se oscurece. En su estado actual, el Tratado Antártico protege la ciencia antártica: es un baluarte internacional contra las injerencias comerciales o políticas. Pero, con el paso de los años, el tratado —y la cooperación que lo acompaña— podría empezar a resquebrajarse en silencio o incluso desintegrarse por completo.
Riquezas bajo el hielo
En 1998, siete años después de su primera firma como parte del tratado, entró en vigor el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. Su propósito era «reforzar la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados»: un compromiso noble, aunque poco definido, que ha resultado difícil de cumplir. Pero, escondido entre las siglas y la terminología técnica, el artículo 7 del Protocolo contenía una sola frase importante, fácil de pasar por alto para un lector desprevenido: «se prohibirá toda actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica». Sencillo y directo. Los recursos naturales de la Antártida, sean cuales sean, deben permanecer prístinos e intactos. Al menos por ahora.
Las bases de investigación como esta son lo más parecido a un asentamiento que hay en la Antártida.Shutterstock
El artículo 25 establece una salvedad: «Si, una vez transcurridos 50 años», dice, «cualquiera de las Partes Consultivas del Tratado Antártico así lo solicita, se celebrará lo antes posible una conferencia para examinar la aplicación del presente Protocolo». En otras palabras, dentro de 30 años, en 2048, las PCTA podrían rechazar la regulación contra la minería y empezar a despojar a la Antártida de sus recursos minerales, encaminando al continente hacia un futuro radicalmente distinto.
Muchos consideran que esto sería indeseable, inviable e impensable, pero quienes llevan mucho tiempo observando la región saben que las aguas inexploradas de la política polar siempre pueden sorprender.
Un clima cambiante
De hecho, lo «impensable» ya se ha pensado y se ha llevado a la práctica en parte. En la década de 1980, las PCTA elaboraron un marco internacional para la minería llamado Convención sobre la Regulación de las Actividades relativas a los Recursos Minerales Antárticos, cuyo objetivo era regular cualquier posible extracción futura de recursos. Establecía derechos de propiedad y concedía privilegios especiales a siete Estados reclamantes, incluido el Reino Unido. El marco no funcionaría hoy: China y la India exigirían sin duda revisiones de gran alcance. Pero, en la década de 1980, la convención solo quedó archivada cuando Francia y Australia se retiraron y empezaron a defender los protocolos actuales.
En efecto, varios Estados podrían tener ahora problemas con el tratado. Gran parte de la gobernanza establecida por el Tratado Antártico aún se remonta a cuando se negoció por primera vez a finales de la década de 1950, en un contexto político, tecnológico, jurídico y ambiental muy distinto. Solo participaron 12 Estados y se concluyó mucho antes de que China se convirtiera en una superpotencia polar. Se consideraba que las capas de hielo antárticas eran estables y aún reinaba un gran misterio sobre lo que había bajo ellas. Apenas había turismo, o no lo había en absoluto; ahora es la mayor industria que opera en la Antártida.
Avancemos hasta 2048: la Antártida se está derritiendo, se encuentran plásticos en el hielo y especies foráneas (incluidos aún más seres humanos) salpican el continente. Los drones y otros vehículos automatizados se usan habitualmente, y el verano polar es un hervidero de actividad, con miles de turistas que invaden cada colonia de pingüinos. La pesca comercial prospera en el océano Austral y surgen asentamientos permanentes en la península Antártica y las islas circundantes. Los beneficios que ofrece la explotación biológica han hecho realidad la vida en las condiciones extremas de la Antártida.
De hecho, grandes operadores polares como China y Estados Unidos solo siguen apoyando la prohibición de la minería porque pueden satisfacer sus necesidades energéticas en otros lugares. En la actualidad, las PCTA se centran en mejorar la tecnología para climas fríos y adquirir confianza en las condiciones antárticas, pero quizá no tarde mucho en que cuenten con la capacidad y los incentivos para hacer más. China ya utiliza vehículos submarinos para buscar hidratos de gas y nódulos metálicos en el mar de China Meridional. De forma inquietante, la minería submarina y la prospección energética en aguas profundas parecen encaminadas a convertirse en industrias en expansión durante las próximas décadas.
Un continente disputado
Entonces, ¿qué podría cambiar de aquí a 2048? Tal vez poco: las PCTA podrían decidir mantener el Protocolo y seguir prohibiendo la minería. O quizá no.
El reciente anuncio de un área marina protegida en el mar de Ross fue una buena señal para quienes defienden la conservación, pero requirió negociaciones difíciles y prolongadas. Esta «zona de protección general» prohíbe por completo la pesca y se suma a una «zona especial de investigación» ya existente, que permite la pesca limitada de austromerluza y kril. Estas zonas se revisarán en 2047 y 2052, lo que añade otra dimensión a lo que podría convertirse en un período de cambios sin precedentes para la gobernanza polar.
Si las PCTA deciden cuestionar las disposiciones del Protocolo, la minería automatizada podría comenzar poco después. Sus partidarios podrían argumentar que el medio ambiente antártico sigue deteriorándose de una forma que ninguna gestión regional puede frenar. O podrían sostener que la necesidad de nuevas fuentes de proteínas pesa más que las medidas de conservación «restrictivas». En cualquier caso, es posible que las cualidades «especiales» de la Antártida no despierten la misma emoción en el futuro.
Después de 2048, las naciones podrían repartirse la Antártida como cualquier otra masa continental y las aguas circundantes, e ir agotando poco a poco sus recursos. Quienes se preocupan por el futuro de la Antártida deben vigilar de cerca el continente y los mares que lo rodean, o arriesgarse a perderlos a manos de drones, perforadoras y políticos desesperados.
