Un nuevo informe de la Forest Declaration Assessment afirma que cumplir el Acuerdo de París no será posible sin reconocer y apoyar el papel fundamental de los pueblos indígenas y otras comunidades locales (PIPLC) en la protección de las tierras.
Alrededor del 90 % de las tierras de los PIPLC son sumideros de carbono, según afirman los autores del informe, Climate Focus y el World Resources Institute (WRI), que analizaron las tierras de los PIPLC en Brasil, Colombia, México y Perú.
Cada hectárea de tierra de los PIPLC captura una media de 30 toneladas métricas de carbono al año, aproximadamente el doble que las tierras situadas fuera de la protección de los PIPLC. Esto equivale a alrededor del 30 % de los objetivos del Acuerdo de París de los cuatro países.
Los países deberían facilitar la titulación de todas las tierras de los PIPLC, garantizar el consentimiento para los proyectos de desarrollo, comprometerse a proteger a los defensores ambientales y asegurarse de que los PIPLC se incluyan en los objetivos de la ONU, afirma el informe.
Un nuevo informe de la Forest Declaration Assessment afirma que cumplir el Acuerdo de París no será posible sin reconocer y apoyar el papel fundamental de los pueblos indígenas y las comunidades locales (PIPLC) en la restauración y protección de tierras.
Titulado “Sink or swim”, los autores del informe, Climate Focus y el World Resources Institute (WRI), se centran en el potencial de las tierras de los PIPLC en Brasil, Colombia, México y Perú para mitigar el cambio climático. A continuación, el informe examina si este potencial se refleja en las políticas climáticas de cada país y en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
La publicación del informe se produjo días antes de que la ONU publicara una evaluación sobre la mitigación del cambio climático, con recomendaciones sobre cómo reducir mejor las emisiones de carbono y mantener las temperaturas globales por debajo de 1,5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales.
Juan Carlos Altamirano, economista del WRI que dirigió la investigación del informe sobre las emisiones captadas en las tierras de los PIPLC, declaró a Mongabay que siempre habían sido conscientes de que las tierras de los PIPLC eran sumideros de carbono. Sin embargo, su investigación demostró que así era en al menos el 90 % de las áreas objeto de estudio.
En los cuatro países latinoamericanos, la investigación también reveló que cada hectárea (2,5 acres) de tierras de los PIPLC captura una media de 30 toneladas métricas (33 toneladas) de carbono al año, aproximadamente el doble que las tierras situadas fuera de la protección de los PIPLC. Esto equivale a alrededor del 30 % de los objetivos del Acuerdo de París de los cuatro países para 2030.
Sin estas contribuciones, señala el informe, otros sectores económicos clave tendrían que compensar la diferencia para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones prometidos. Por ejemplo, Brasil y Colombia tendrían que retirar el 80 por ciento de sus flotas de vehículos para compensar la pérdida de los servicios de secuestro de carbono que proporcionan sus bosques de los PIPLC.
“A veces los políticos o los promotores creen que estas tierras son improductivas […] y que criar ganado o talar árboles para obtener madera tiene más sentido desde el punto de vista económico”, afirma Altamirano.
“Pero no tienen en cuenta todos los servicios ecosistémicos que estas tierras proporcionan. Y si no las cuidamos, será aún más difícil realizar actividades económicas habituales, como la agricultura o la ganadería.”
La ganadería, la minería y la tala de madera son las principales amenazas para estos territorios, según el informe. Un estudio reciente reveló que la mayor parte de la deforestación impulsada por la agricultura comercial en los cuatro países es ilegal, y que la extensión mínima de la minería ilegal ronda el 75 % en Brasil, Colombia y México.
“Somos una piedra en el zapato del desarrollo”, afirma Harol Rincon Ipuchima, líder indígena del pueblo maguta en la Amazonía colombiana y coordinador de cambio climático y biodiversidad de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Ipuchima afirma que es necesario diversificar la economía, no basándola en la soja ni en la deforestación, sacrificando a la Madre Tierra por el desarrollo económico, sino basándola en lo que se aprende de la forma en que las comunidades indígenas han gestionado sus territorios.
“Tenemos todos los datos que demuestran que somos eficientes y eficaces y que deberíamos ser tenidos en cuenta”, afirma Ipuchima. “Todo lo que somos y todo lo que tenemos (nuestras lenguas, nuestra forma de entender el mundo, nuestro arte) forma un conjunto completo. Y estos elementos se combinan para cumplir las normas de mitigación [del cambio climático] y de protección de la biodiversidad.”
Lagunas en política y gobernanza
En el sudeste asiático, el aumento de la pobreza y la pérdida de medios de vida han contribuido a empujar a algunos miembros de las comunidades de los PIPLC hacia la minería insostenible en sus tierras, o hacia la tala de bosques y de árboles para cultivos comerciales.
Según los investigadores, esto ocurre cuando algunas personas empiezan a perder tierras y su relación tradicional con la naturaleza, interactúan más con el mercado y consideran que los incentivos financieros hacia actividades insostenibles pesan más que la conservación. Los investigadores sugieren asegurar y apoyar los medios de vida tradicionales de los PIPLC y sus tierras para evitar un deslizamiento hacia prácticas insostenibles.
Sin embargo, a diferencia de muchas zonas de África y Asia, el informe reconoce que Brasil, Colombia y México se cuentan entre los pocos países del mundo que han reconocido formalmente los derechos de los PIPLC sobre la mayor parte de sus tierras consuetudinarias.
Mientras que México, debido a su historia de reforma agraria, solo necesita titular el 0,5 % restante de las tierras de los PIPLC según el informe, los otros tres países tienen un camino más largo por recorrer. Los autores del informe piden a los gobiernos que titulen todas las tierras de los PIPLC y detallan que los procesos de titulación deberían agilizarse dedicando recursos suficientes a los organismos responsables de la titulación de tierras, proporcionando financiación a las comunidades para cubrir sus costes y simplificando los procedimientos de titulación.
También se subraya el papel de las políticas sobre los derechos territoriales de los PIPLC en los países objetivo y las diversas formas en que pueden aplicarse. En Perú, los tribunales superiores del país han respaldado el derecho de los pueblos indígenas a excluir de sus tierras a terceros, incluidos quienes poseen licencias mineras.
Mientras tanto, tanto en México como en Colombia todavía pueden imponerse límites al alcance de los derechos de los PIPLC. Por ejemplo, el Estado puede otorgar licencias mineras en tierras tituladas de los PIPLC sin exigir el consentimiento de las comunidades.
“Muchos países tienen buenas leyes en vigor, pero, por desgracia, a menudo no aplican sus propias leyes, y eso ocurre también con las leyes que protegen las tierras de los pueblos indígenas”, afirma Darragh Conway, asesor jurídico principal de Climate Focus, que dirigió los aspectos normativos del informe.
Conway afirma que observan de forma sistemática que, cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales defienden sus derechos frente a proyectos de desarrollo que podrían destruir sus bosques y medios de vida, se ven amenazados con violencia, criminalización o intimidación legal.
Según Global Witness, Colombia encabeza el ranking mundial, con 65 defensores ambientales asesinados en 2020, mientras que Brasil y México también registran algunas de las cifras más altas del mundo, con 30 y 20 asesinatos, respectivamente. A nivel internacional, más de un tercio de todos los ataques mortales registrados tienen como objetivo a pueblos indígenas, cifra que asciende al 50 % en México.
Aunque los cuatro países han firmado el Acuerdo de Escazú—que incluye disposiciones para proteger los derechos de los defensores ambientales en América Latina y el Caribe—, solo México lo ha ratificado.
El informe pide a los otros tres países que hagan lo mismo y a los cuatro gobiernos que adopten legislación que garantice el cumplimiento de sus compromisos, como el fortalecimiento de las capacidades de aplicación de la ley para proteger a los PIPLC de la violencia.
Derechos sobre la tierra en el escenario internacional
El informe climático del IPCC publicado en febrero mencionó los derechos sobre las tierras de los PIPLC en 58 ocasiones, lo que refleja un cambio en la forma en que se considera que los derechos sobre la tierra son una solución para la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Los derechos sobre las tierras indígenas también han ocupado un lugar central en las negociaciones sobre el Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, que concluyeron en Ginebra el martes. Los miembros del grupo indígena y los negociadores reconocieron que conservar la biodiversidad y revertir la crisis de extinción de especies también implica garantizar los derechos sobre las tierras de los PIPLC a gran escala.
Se estima que los territorios indígenas albergan el 36 % de los paisajes forestales intactos que quedan en el mundo y el 80 % de la biodiversidad restante de la Tierra.
El nuevo marco mundial se adoptará en la conferencia de la ONU sobre biodiversidad, COP 15, en Kunming (China), en mayo de 2022. Los cuatro países del informe también firmaron en noviembre pasado la Declaración de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra de la cumbre climática de la ONU, en la que se comprometen a poner fin a la pérdida de bosques y a la degradación de las tierras para 2030.
Según el informe, situar la protección y el empoderamiento de las tierras de los PIPLC en el centro tanto del marco de biodiversidad como de la política forestal es fundamental para que el objetivo del Acuerdo de París esté al alcance.
“¿Cómo es posible que los gobiernos, después de disponer de tantas pruebas basadas en la ciencia moderna occidental, sigan sin entender la relevancia [de las comunidades indígenas]?”, declaró Guadalupe Yesenia Hernández Márquez, líder indígena zapoteca de Oaxaca (México), que formó parte del grupo indígena en las negociaciones de biodiversidad de la ONU.
“Solicitamos un papel en el marco mundial de biodiversidad posterior a 2020 [marco mundial de biodiversidad] porque hemos demostrado que se nos necesita”, afirmó Márquez. “Queremos seguir conservando [la biodiversidad], ya que nuestras vidas dependen directamente de la naturaleza, algo sagrado para nosotros.”
Imagen principal: mujeres de la comunidad indígena mam recolectando piñones en un bosque de Cajolá, Quetzaltenango, para venderlos más tarde en un mercado local. Su trabajo apoya los esfuerzos de reforestación y ayuda a las familias locales a sostenerse económicamente. Imagen cortesía de Sergio Izquierdo
Escucha relacionada del podcast de Mongabay: hablamos de varios proyectos de conservación liderados por pueblos indígenas en Estados Unidos con la Dra. Julie Thorstenson, miembro de la tribu Cheyenne River Sioux y directora de la Native American Fish and Wildlife Society, así como con la periodista científica y autora estadounidense Michelle Nijhuis. Escúchelo aquí:
