Desde hace mucho tiempo, la humanidad trata la naturaleza como poco más que un recurso explotable, y ahora vivimos con las consecuencias.
Conceder personalidad jurídica a cosas como los bosques, los ríos y las especies podría darles la mejor oportunidad de supervivencia y renovación.
Para lograrlo, primero debemos aprender a escuchar —y a comprender— el lenguaje de la propia naturaleza.
Las advertencias de los científicos ya no son suficientes. Ante las dramáticas pérdidas de biodiversidad que hemos sufrido en las últimas décadas, necesitamos escuchar con urgencia las voces de la propia naturaleza. Hoy en día, en la mayoría de las jurisdicciones, elementos de la naturaleza como los océanos, los bosques, los suelos y los ecosistemas se consideran meros objetos y se tratan como tales. ¿Qué pasaría si los elementos de la naturaleza se convirtieran, por sí mismos, en personas jurídicas?
El descenso
Considerados durante mucho tiempo como deidades, los elementos de la naturaleza han estado en el centro de cultos y rituales desde tiempos inmemoriales. Fue con la revolución agrícola —la domesticación del ganado, los ríos y las plantas— cuando comenzó la separación entre los seres humanos y su entorno. La división se profundizó con la mercantilización de la naturaleza, consecuencia del crecimiento del comercio y de la demanda de productos naturales como las especias y la seda. El progreso de la ciencia elevó a los seres humanos a la categoría de observadores, desde donde comenzaron a analizar, comprender y, en última instancia, dominar su entorno. Desde nuestra atalaya divina, los elementos de la naturaleza se convirtieron en nada más que objetos utilizables y desechables, sujetos a la única discreción de su «propietario». De hecho, obtenemos la madera de los leñadores, no de los bosques, y el pescado de los pescadores, no del océano. Esta relación antropocéntrica entre los seres humanos y la naturaleza ha llegado a sus límites (véase la figura siguiente) y el daño ambiental resultante se ha convertido, según la ONU, en la mayor amenaza para la seguridad mundial.
La justicia no es un escudo
Los elementos de la naturaleza no están protegidos de manera eficaz por nuestras jurisdicciones ni por nuestros gobiernos. Tomemos como ejemplo el artículo de Christopher Stone de 1972, Should Trees Have Standing?. Un arroyo contaminado no tiene capacidad para defenderse de quien lo contamina. Depende de un demandante —por ejemplo, el propietario de la ribera— para emprender acciones legales, siempre que el demandante tenga un interés y los medios para hacerlo. Si el tribunal falla a favor del demandante, la indemnización se calcularía en función de los daños causados al demandante, y no de los daños causados al arroyo y a su ecosistema. Por último, los demandantes son los únicos que reciben una compensación; ni el río, ni sus peces, su suelo o su ecosistema se beneficiarán de todo el proceso. Esto debe cambiar.
El ascenso: de objeto jurídico a persona jurídica
La ley define a una persona jurídica como una entidad humana o no humana que tiene derechos legales y está sujeta a obligaciones. Además, una persona jurídica puede demandar y ser demandada con su propio nombre. Hoy en día, todos los seres humanos se consideran personas jurídicas. Pero hubo una época en la que los esclavos eran considerados legalmente objetos, sin capacidad jurídica. Actualmente, las empresas también son consideradas personas jurídicas, con derecho a emprender acciones legales contra un individuo u otra persona jurídica. Ese cambio solo se produjo a finales del siglo XIX, y, sin embargo, esta innovación jurídica sentó las bases para que el capitalismo accionarial prosperara durante el siglo XX.
Más recientemente, se ha concedido capacidad jurídica a otras «entidades», como la chimpancé Cécilia en Argentina y el río Whanganui en Nueva Zelanda. A continuación podría venir el robot Sophia, las abejas, plantas y árboles costarricenses, o el lago Erie en Estados Unidos. Pero conceder capacidad jurídica a una entidad no significa necesariamente que tenga los mismos derechos que disfrutan los seres humanos.
Recientemente entrevisté al escritor, artista y jurista francés (y lejano primo mío) Camille de Toledo, quien, junto con un comité, está trabajando para crear una asamblea capaz de ofrecer representación legal para el río más largo de Francia, el Loira.
«El derecho debería ser una herramienta para construir un mejor equilibrio entre los seres humanos y los elementos de la naturaleza, con el fin de transferir más derechos a aquellos ecosistemas a los que se han negado derechos durante siglos», afirma de Toledo. «Una persona jurídica solo podría tener derechos pero no obligaciones, o viceversa. Por ejemplo, los elementos de la naturaleza, como personas jurídicas, podrían tener derecho a su bienestar ecológico y a su biodiversidad: por ejemplo, el derecho de un bosque a conservar su biomasa; el derecho de un océano a estar limpio y libre de plásticos; el derecho de las abejas a no morir por los pesticidas industriales.»
Volviendo al ejemplo del arroyo contaminado, si se concediera capacidad jurídica al arroyo, este podría defender sus intereses y sus derechos. Si esos derechos fueran desatendidos, el arroyo podría emprender acciones legales en su propio nombre y recibiría una indemnización basada en el daño sufrido, que podría utilizarse luego para restaurar su ecosistema.
Nuevos actores de la bioeconomía
El Manifiesto de Davos 2020 aboga por una reorientación hacia el «capitalismo de las partes interesadas». Las empresas, a las que hace no tanto se les concedió capacidad jurídica, participan hoy, junto con los Estados y la sociedad civil, en numerosas iniciativas con un impacto social y ambiental significativo. Así pues, los beneficios a largo plazo de adquirir capacidad jurídica no se limitan a la mera asignación de nuevos derechos; se trata más bien de una emancipación, de la accesión a la condición de parte interesada activa y respetada.
Por lo tanto, conceder capacidad jurídica a los elementos de la naturaleza también puede implicar otorgar a los representantes de los océanos, los bosques y los ecosistemas un asiento junto a los demás responsables de la toma de decisiones del mundo. Después de todo, ¿no es también su mundo (los seres humanos representan el 0,01 % de la biomasa terrestre)? Resulta interesante señalar que conceder capacidad jurídica a los elementos de la naturaleza implicaría también reconocer sus activos materiales, como los fondos acumulados mediante indemnizaciones o a través de sus actividades comerciales. Estos fondos podrían utilizarse, por ejemplo, para contratar abogados en el caso de un lago contaminado, o para emplear apicultores que supervisen la explotación sostenible de una colonia de abejas. Estos mismos fondos también podrían invertirse en la restauración de un subecosistema dañado o en la expansión de un bosque en peligro, junto con las ONG existentes. Al reconocer a los ecosistemas como partes interesadas clave e incluso como agentes económicos esenciales, este modelo les daría una oportunidad de sobrevivir.
La gobernanza de la naturaleza
Para comunicarnos con los ecosistemas naturales, primero debemos comprender el lenguaje que hablan. Solo entonces podremos pensar en representarlos mediante tutores legales, consejos o asambleas. Este nuevo enfoque plantea, evidentemente, desafíos y cuestiones de naturaleza jurídica y ontológica, cuestiones que el comité de Camille de Toledo trata de responder mediante la consulta a —entre otros— juristas, filósofos, paisajistas e investigadores. Esta asamblea —que reuniría a todas las partes interesadas del Loira (residentes, investigadores, pescadores deportivos, plantas, suelos, agua y peces, por ejemplo)— será la voz del Loira.
Al final del día, escuchar la voz de la naturaleza y aprender su lenguaje es probablemente el mayor desafío al que los seres humanos nos hayamos enfrentado jamás. Si fracasamos en ello, podría ser también el último al que nos enfrentemos. En palabras de de Toledo: «Hacer que las entidades naturales sean actores jurídicos en la era del Antropoceno terminaría por retransferir derechos, poderes e incluso niveles financieros a aquellos de los que derivan los derechos de los seres humanos, es decir, a la propia Tierra y a todos sus componentes no humanos.»
