Costa Rica continúa su larga trayectoria de conservación al ampliar sus áreas marinas protegidas.
En las negociaciones sobre estas zonas se incorporaron los intereses de múltiples partes interesadas, incluidos el sector pesquero y las comunidades costeras.
La delimitación precisa de los parques marinos y las leyes sobre la pesca de tiburones protegerán la biodiversidad del país y los medios de vida de los pescadores.
Costa Rica es conocida en todo el mundo por su compromiso con la conservación y el uso responsable de los recursos naturales. Entre sus medidas de conservación eficaces destacan los esfuerzos realizados en los años 90 para detener y revertir la deforestación. Contamos con un sólido sistema de áreas protegidas, tanto en tierra como en el océano: alrededor del 25,5 % de nuestro territorio terrestre está protegido (y el 57 % tiene cobertura forestal), y hace poco ampliamos nuestras áreas marinas protegidas (AMP) para que abarquen el 30,2 % de nuestras aguas.
El proceso de ampliación de nuestras AMP comenzó alrededor de 2018, cuando empezamos a reunirnos con los distintos sectores y partes interesadas vinculados con la vida marina. Fue un proceso muy abierto, y el Gobierno también trató de involucrar a las comunidades costeras. Pero, como en toda negociación, no todo fue perfecto y se hirieron algunas sensibilidades.
Los costarricenses somos conocidos por nuestro carácter pacífico y nuestro estilo de vida «Pura Vida», así que guardar rencor no forma parte de nuestra manera de vivir. En 2022, zarpamos con rumbo a «Paz para el Océano»; este concepto se concibe como un llamamiento mundial para crear conciencia sobre el papel del océano en el planeta y promover las acciones concretas necesarias para cambiar nuestra relación con él. Empezamos a abordar ciertas cuestiones relacionadas con el sector pesquero, que tenía algunas inquietudes sobre los aspectos legales de la ampliación de las AMP.
Celebramos numerosas reuniones con el sector pesquero y con el de conservación. Se tomaron decisiones. ¿Populares? Quizá no para todo el mundo. ¿Las acertadas? Sin duda. Así que, tras meses de negociaciones, surgieron varios resultados:
1. Un acuerdo entre el MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía) y el INCOPESCA (Autoridad Pesquera de Costa Rica) para la gestión de especies vulnerables. Establecimos una serie de normas vinculantes para la conservación, protección y uso sostenible de distintas especies de tiburones que habitan nuestras aguas, entre ellas el tiburón ballena, el tiburón tigre y el tiburón oceánico de puntas blancas.
2. Un nuevo decreto prohíbe la pesca de las tres especies de tiburón martillo que frecuentan nuestra zona económica exclusiva. Pero quizá igual de importante es otro elemento clave: obliga a los capitanes de los barcos pesqueros a registrar todos los tiburones martillo capturados como captura incidental y les ordena liberarlos. ¿Por qué es clave? Porque ahora nos permite acceder a datos directamente desde la fuente, para tomar decisiones informadas sobre estas especies de incalculable valor.
El gráfico de arriba muestra la disminución de las muertes de tiburones martillo en las capturas descargadas por los barcos en el puerto, y cómo en 2023, cuando se firmó el decreto, la cifra cayó a casi cero.
Este segundo gráfico me da esperanza: gracias a las nuevas regulaciones, el sector pesquero está tomando más conciencia de qué pesca y cómo lo hace. En 2022, los capitanes de los barcos pesqueros apenas presentaron información; a comienzos de este año, ya completaban formularios y registraban los tiburones martillo que devolvían al mar. Se liberaron vivos más de 500 tiburones y solo tres murieron. Esto va más allá de las cifras: demuestra que la flota pesquera nacional cumple las normas de manera sistemática.
3. Aclaración de las coordenadas utilizadas para ampliar el Área Marina Protegida Bicentenario y el Parque Nacional Isla del Coco; un resultado muy importante que permite a los pescadores saber dónde están sus límites. La primera imagen de arriba muestra las incursiones en el Parque Nacional Isla del Coco del 1 de enero al 1 de abril de 2023; la segunda muestra las incursiones durante el mismo período de 2024. La disminución es sumamente alentadora.
Para mí, estos tres logros derivados de nuestras negociaciones con el sector pesquero nacional son apenas el comienzo de nuestra travesía hacia un Océano de Paz. El diálogo, la transparencia y la inclusión son fundamentales; los pescadores respetan los términos de los acuerdos y entienden que las políticas públicas deben mantenerse a lo largo de las distintas administraciones, tener en cuenta sus necesidades y procurar que nadie se quede atrás. Un océano sano, productivo y resiliente nos beneficia a todos.
