La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada cuesta a la economía mundial entre 26.000 y 50.000 millones de dólares al año, según las estimaciones.
Desde que el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA) entró en vigor hace siete años, los países cuentan con una vía prometedora para contribuir a la lucha contra la pesca INDNR, también en el océano más grande del mundo: el Pacífico.
Pero los gobiernos deben garantizar que la información esencial de cada buque —sobre propiedad y registro, licencias de pesca y actividades pesqueras— esté disponible públicamente para avanzar en la lucha contra la pesca INDNR.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa uno de cada cinco peces capturados en todo el mundo y cuesta a la economía mundial entre 26.000 y 50.000 millones de dólares al año. Los buques pesqueros que participan en estas actividades ilegales, en gran medida invisibles, también se han vinculado con el crimen organizado y con violaciones de los derechos humanos, como el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, la trata de personas y la esclavitud moderna.
Este año, dos prometedoras oportunidades regionales podrían impulsar los avances para hacer frente a este desafío en el océano más grande del mundo, el Pacífico, que proporciona alimentos y medios de vida a millones de personas. La pesca INDNR socava estos beneficios y el desarrollo sostenible de la región.
La Cumbre del G7 en Hiroshima de mayo de 2023 puede dar visibilidad mundial a la pesca ilegal y ayudar a definir el rumbo hacia la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de noviembre de 2023, donde se reunirán las 21 mayores economías de la región. Una coalición de líderes del sector pesquero pide a los gobiernos que impulsen la aplicación de medidas para ayudar a cerrar el océano Pacífico a la pesca INDNR.
El instrumento fundamental es el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA), que entró en vigor en 2016. El PSMA busca eliminar la pesca INDNR impidiendo que los buques que han pescado ilegalmente desembarquen sus capturas. A la fecha, 74 Estados y la Unión Europea son partes en el acuerdo. El desafío fundamental, sin embargo, es garantizar una aplicación amplia y rigurosa de estas medidas, para que los buques que practican la pesca INDNR no tengan dónde vender el pescado capturado ilegalmente.
Las investigaciones indican que el PSMA tiene potencial para marcar la diferencia. Un estudio dirigido por el Centro de Soluciones Oceánicas de Stanford cartografió las regiones y los puertos con mayor riesgo de abusos laborales y pesca ilegal. El estudio señaló dos factores de riesgo principales: el «Estado del pabellón» de un buque, es decir, el país donde está registrado, y el tipo de artes de pesca que lleva a bordo. De forma alentadora, el estudio determinó que, aunque los riesgos portuarios están extendidos por todo el mundo, durante el año posterior a la entrada en vigor del PSMA los buques de riesgo redujeron sus visitas a los países que habían ratificado las medidas del PSMA, en comparación con los que no lo habían hecho.
Sin embargo, la aplicación rigurosa del PSMA se ve obstaculizada por la falta de información oportuna y fiable sobre cada buque y sus actividades en el mar. Un informe reciente de Friends of Ocean Action y sus socios concluyó que, aunque la comunidad internacional ha establecido plataformas mundiales para compartir la información necesaria para hacer cumplir el PSMA, muchos países no han proporcionado esos datos sobre sus propios buques. Friends of Ocean Action y sus socios han creado el Proyecto de Riesgos de la Cadena de Suministro para que las empresas puedan identificar y abordar los riesgos en sus cadenas de suministro y, en última instancia, impedir que los productos capturados ilegalmente lleguen al mercado.
Sin embargo, las empresas no pueden abordar con éxito la pesca INDNR por sí solas si los gobiernos no cumplen lo que acordaron. Esto significa garantizar, por ejemplo, que la información esencial de cada buque —sobre propiedad y registro, licencias de pesca y actividades pesqueras— esté disponible públicamente.
Inspirados por esta investigación, los líderes del sector pesquero piden a los gobiernos que asistan a la Cumbre del G7 en Hiroshima y a la Cumbre de APEC de 2023 que actúen. Seis grupos —el Diálogo Mundial sobre Trazabilidad de Productos del Mar, Iniciativa Mundial para Productos del Mar Sostenibles, Alianza Mundial del Atún, Fundación Internacional para la Sostenibilidad de los Productos del Mar, Sea Pact y Empresas Pesqueras por la Protección de los Océanos— han publicado una declaración que pide a los países ratificar y aplicar plenamente el PSMA y compartir la información necesaria para que todos los países puedan hacer cumplir el acuerdo. Con la facilitación de la Agenda de Acción Oceánica del Foro Económico Mundial y el Centro de Soluciones Oceánicas de Stanford, esta coalición reúne a más de 150 empresas del sector pesquero. Es una demostración contundente de que, en lo que respecta a la pesca INDNR, las buenas prácticas empresariales y el buen gobierno están plenamente alineados.
En la declaración, la coalición reconoce la oportunidad de actuar en las aguas del Pacífico, especialmente entre las economías de APEC. Además de ejercer una influencia económica considerable —representan más del 60 % del PIB mundial—, muchos gobiernos de APEC ya han intensificado sus esfuerzos para abordar el desafío de la pesca INDNR. De las 21 economías de APEC, 14 han ratificado el PSMA; China, la mayor nación pesquera, ha indicado que lo hará antes de 2025. Además, las organizaciones regionales de ordenación pesquera, que ya operan en todo el Pacífico, están coordinando medidas portuarias uniformes. Este compromiso regional creciente de las influyentes naciones del Pacífico aumenta las probabilidades de que los buques que pescan ilegalmente sean detenidos cuando regresen a puerto.
Desde que el PSMA entró en vigor hace siete años, los países cuentan con una vía prometedora para contribuir a la lucha contra la pesca INDNR. Si ahora los gobiernos se comprometen a aplicar las medidas acordadas y colaboran en todo el Pacífico para coordinar sus esfuerzos, podrán proteger los medios de vida de los pescadores que respetan las normas y garantizar la sostenibilidad de las pesquerías del Pacífico durante muchos años.
