Pese a la promesa de hace una década de eliminar gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles, las principales economías del mundo más que duplicaron las subvenciones a las centrales eléctricas de carbón en tres años, poniendo en riesgo los objetivos climáticos, según afirmaron investigadores de energía el martes.
Entre 2014 y 2017, los gobiernos del G20 redujeron más de la mitad el apoyo directo a la minería del carbón, de 22.000 millones de dólares a unos 10.000 millones de promedio cada año, según un informe del Overseas Development Institute (ODI), un centro de análisis con sede en Londres.
Pero en el mismo periodo incrementaron el respaldo a las centrales eléctricas de carbón —en particular a la construcción de estas plantas en otros países, a menudo más pobres—, de 17.000 millones de dólares a 47.000 millones al año, señala el informe.
China y Japón —que acogerán una cumbre del G20 en Osaka a finales de esta semana— fueron los mayores proveedores de financiación pública para la generación eléctrica con carbón, seguidos por Corea del Sur e India, según el informe.
Aunque el gasto de los presupuestos nacionales en carbón disminuyó, al igual que las exenciones fiscales para este combustible, otras formas de apoyo —procedentes de instituciones financieras de desarrollo, agencias de crédito a la exportación y empresas estatales— se dispararon, según el informe.
«Se ve que básicamente están exportando los sistemas energéticos contaminantes a países que se encuentran en etapas de desarrollo mucho más tempranas», afirmó Ipek Gencsu, investigadora del ODI y una de las autoras principales del informe.
Entre ellos figuran países como Bangladés, Indonesia, Pakistán y Vietnam, según explicó, donde el respaldo extranjero a la generación eléctrica con carbón ralentiza la adopción de sistemas de energía renovable más limpia y consolida los riesgos de energía contaminante y de contaminación atmosférica.
Para cumplir el objetivo acordado internacionalmente de limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, la generación eléctrica con carbón deberá eliminarse gradualmente entre 2030 y 2050, según la Alianza Powering Past Coal.
Esta alianza, creada en 2017 y liderada por los gobiernos británico y canadiense, reúne a 30 países, así como a empresas y otras organizaciones comprometidas con cambiar a la energía limpia lo más rápido posible para cumplir los objetivos climáticos.
Actualmente, el carbón suministra alrededor del 40 por ciento de la electricidad mundial, según la alianza.
Dado que las nuevas centrales eléctricas de carbón tienen una vida útil de unos 40 años, durante la cual deben amortizarse sus costes ante los inversores, la construcción de nuevas plantas de carbón podría atar a los países a su uso más allá de la eliminación gradual necesaria del carbón, afirman expertos en energía.
«Se dirigen hacia un desastre», vaticinó Gencsu, ya que es probable que los contribuyentes de los países que aceptan nuevas centrales de carbón tengan que pagar el rescate de los inversores si las plantas se cierran antes de tiempo para cumplir los objetivos climáticos.
Fondos de transición
Unos 3.000 millones de dólares al año en apoyo de los gobiernos del G20 al carbón pretenden aliviar en el país el costo de la transición para abandonar este combustible, mediante medidas como la recapacitación de trabajadores o la rehabilitación de antiguas minas de carbón cerradas, según el informe del ODI.
Pero los gobiernos también están ayudando a sostener a empresas de carbón que ya no son financieramente viables, a menudo para garantizar una base estable de energía que complemente las energías renovables fluctuantes, como la eólica y la solar, afirmó Gencsu.
Las subvenciones al carbón también persisten en muchos lugares debido a los poderosos lobbies del carbón o a que los políticos prefieren aplazar decisiones que podrían tener consecuencias políticas, señaló.
Ilan Kelman, investigador en sostenibilidad y cuestiones energéticas en University College London, afirmó que «las personas que reciben las subvenciones pueden tener mucha influencia sobre los políticos que las conceden».
Además, recortar bruscamente las subvenciones sin aliviar la carga sobre el presupuesto de las personas puede provocar malestar político, como ocurrió en Francia el año pasado, cuando subió los impuestos a los combustibles, lo que dio lugar al movimiento de protesta de los «chalecos amarillos», señaló Kelman.
A nivel mundial, las subvenciones directas a los combustibles fósiles ascendieron a 427.000 millones de dólares el año pasado, según la Agencia Internacional de la Energía.
Las subvenciones indirectas a los combustibles fósiles, que incluyen costes para los sistemas de salud derivados de la contaminación atmosférica y de la limpieza de vertidos de combustibles fósiles, se estimaron en 5,2 billones de dólares anuales en 2017, según un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional.
Gencsu afirmó que, para contener el cambio climático, los gobiernos, los bancos de desarrollo y otros organismos que apoyan el carbón «deben ser mucho más valientes y afrontar la realidad de la emergencia climática, y tomar decisiones políticas muy pronto».
