¿Cómo acabamos convirtiendo el carbono en un producto básico? En el mundo se comercia con todo tipo de productos, desde caña de azúcar hasta coches de lujo, además de bienes intangibles como la propiedad intelectual y las patentes.
Ante la creciente amenaza del cambio climático, los economistas propusieron comerciar con el derecho a contaminar, creando un incentivo financiero para limitar las emisiones.
¿Cómo funciona la fijación del precio del carbono?
En esencia, quienes formulan las políticas tienen tres opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La primera consiste en fijar un límite específico que una empresa no pueda superar.
La segunda opción es establecer un impuesto al carbono, por el que la empresa paga según la cantidad de CO2 que emite. Las empresas que puedan reducir sus emisiones invertirán en opciones más limpias siempre que resulte más barato que pagar el impuesto.
La tercera opción es implementar un sistema de comercio de emisiones para crear un mercado de carbono. En este escenario, las empresas se compran y venden entre sí el «derecho a contaminar».
Prácticamente todo lo que compramos tiene una huella de carbono. Pensemos en un coche. Para fabricarlo se necesitó aproximadamente una tonelada de acero. Producir una tonelada de acero emite dos toneladas de dióxido de carbono. A los precios actuales, esto le costará a un productor de acero de la UE unos 16 dólares. Otras empresas que puedan evitar las emisiones de CO2 a bajo costo (por menos de 16 dólares) venderán sus derechos a aquellas empresas cuyos costos de reducción de emisiones sean más elevados.
La cantidad de permisos en el mercado está limitada; el total corresponde a un objetivo de reducción. Al comienzo de una fase de comercio, los permisos de emisión se asignan gratuitamente a las empresas o deben adquirirse en subasta. La cantidad de permisos disponibles disminuye con el tiempo, lo que presiona a las empresas participantes para que inviertan en opciones de producción más limpias y reduzcan sus emisiones de CO2. A largo plazo, esto impulsa la innovación y reduce el precio de las nuevas tecnologías.
La fijación del precio del carbono puede combinarse con créditos de compensación. La idea es pagar por reducciones de emisiones en otros lugares, en vez de invertir en el país donde se opera. Puede que un productor europeo de acero ya disponga de la tecnología más eficiente y opte por invertir en un proyecto de desarrollo limpio en India. Es probable que esos mismos fondos permitan evitar una cantidad mayor de emisiones de carbono en mercados emergentes o en desarrollo, donde los costos de reducción de emisiones son más bajos.
En la práctica, vemos una combinación de todas estas medidas en distintas jurisdicciones y para diferentes tipos de gases de efecto invernadero. Además de limitar o asignar un precio a las emisiones, existen incentivos positivos que reducen el costo de las opciones de tecnología limpia. Entre ellos figuran las exenciones fiscales, la reducción de aranceles para productos ecológicos y las subvenciones a las energías renovables.
Tanto los impuestos como los sistemas de comercio generan ingresos para los gobiernos: unos 22.000 millones de dólares en 2016. Estos fondos pueden reinvertirse en proyectos de desarrollo ecológico. En otros casos, los ingresos se utilizan para reducir la carga fiscal general.
¿Quiénes participan?
Hoy en día, más de 40 países y 25 gobiernos subnacionales han fijado un precio al carbono.
El sistema de la Unión Europea sigue siendo la iniciativa más importante hasta la fecha. China ha puesto en marcha ocho proyectos piloto y está creando un sistema nacional de comercio que aspira a convertirse en el mayor del mundo.
Pero los gobiernos no son los únicos partidarios de los mercados de carbono. Más de mil empresas e inversores han pedido que se fije un precio integral al carbono. 79 altos ejecutivos se sumaron posteriormente a la iniciativa de líderes empresariales sobre el clima del Foro Económico Mundial, y la Coalición de Liderazgo para la Fijación del Precio del Carbono sigue movilizando el apoyo de las empresas.
La fijación interna del precio del carbono también ha ido ganando impulso: más de 1200 empresas ya tienen en cuenta los riesgos climáticos a los que está expuesto su negocio. Esto las ayuda a planificar con antelación y a evaluar los riesgos financieros de futuras inversiones. Nuestro productor de acero podría operar en varios países y necesita presupuestar el costo de hacer negocios a medida que más organismos reguladores implementan precios al carbono.
Esta tendencia se vio reforzada por las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre divulgación de información financiera relacionada con el clima, una iniciativa del G20 presidida actualmente por Michael R. Bloomberg.
¿Qué viene ahora?
Con varios hitos próximos, el fin del Protocolo de Kioto en 2020 será el momento más importante. A partir de entonces, el Acuerdo de París regirá los sistemas internacionales de fijación del precio del carbono. Los detalles del mecanismo siguen negociándose; la principal diferencia es que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo han fijado objetivos de reducción.
El Protocolo de Kioto permitía compensar emisiones en países en desarrollo, mientras que París ofrece la oportunidad de ampliar el alcance e intensificar la integración de los mercados de carbono.
Con los sistemas actuales, nuestro fabricante de automóviles podría elegir un proveedor de acero que no esté sujeto a un impuesto al carbono.Vincular distintos sistemas de comercio en un mercado internacional de carbono estabilizará los precios y ofrecerá opciones más rentables para reducir las emisiones.
¿Cuáles son las deficiencias del comercio de carbono?
Los precios de los permisos deben ser suficientemente altos para que al productor de acero le resulte económicamente atractivo invertir en tecnologías más limpias. Durante varios años, los mercados de carbono han registrado precios relativamente bajos. A principios de 2017, el precio de una tonelada de dióxido de carbono oscilaba entre menos de 1 dólar en México y Polonia y 126 dólares en Suecia. Sin embargo, en la mayoría de los lugares los precios siguen por debajo de los 10 dólares por tonelada.
Una encuesta informal realizada en Davos en 2017 reveló que la gran mayoría de los directores ejecutivos cree que los precios del carbono deben subir a 20 dólares para reorientar eficazmente las inversiones, y que más de la mitad pidió precios superiores a 40 dólares para 2025. El mundo académico coincide: Lord Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham, afirmó que «para mantenerse dentro del objetivo de 2 grados, los precios del carbono deben alcanzar entre 50 y 100 dólares en los próximos 15 años».
En sistemas anteriores, las dificultades para evaluar las líneas de base de emisiones y la asignación gratuita de permisos de carbono provocaron un exceso de oferta en el mercado. Esto puede corregirse endureciendo los límites de acuerdo con los objetivos climáticos actuales y subastando todos los permisos disponibles.
Tradicionalmente, la aviación y el transporte marítimo internacionales no se han incluido en los sistemas de comercio. Sin embargo, en 2016, la Organización de Aviación Civil Internacional tomó medidas para crear un mecanismo basado en el mercado destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2020.
Ampliar el alcance regional y sectorial de los sistemas internacionales de comercio contribuirá en gran medida a remediar la fuga de carbono y a elevar los precios.
Entre las críticas más amplias al comercio de carbono figuran las preocupaciones de que ha demostrado ser ineficaz —y que algunos sistemas de compensación incluso resultan contraproducentes— y de que afecta de manera desproporcionada a los grupos de menores ingresos.
