Es necesario ampliar y rediseñar la financiación climática para que los gobiernos, los inversores y las empresas den prioridad a las soluciones ecológicas.
Alrededor de 5 billones de dólares serán necesarios cada año de aquí a 2050 para cumplir los objetivos climáticos y de biodiversidad y ampliar las nuevas tecnologías con bajas emisiones de carbono.
La legislación reciente, como la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, muestra cómo el sector público puede orientar los mercados en una nueva dirección.
La transición a una economía descarbonizada ofrece la oportunidad de erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y crear empleo digno para todos.
Cada día, los gobiernos, las instituciones financieras y las empresas deben elegir: invertir en activos físicos que emiten gases de efecto invernadero y dañan la naturaleza, o dar prioridad al desarrollo de soluciones ecológicas que propicien una economía estable, resiliente y equitativa. A medida que las comunidades sufren los graves efectos del cambio climático, se hace más evidente la opción de construir un futuro sostenible.
Las estimaciones apuntan a que se necesitarán alrededor de 5 billones de dólares de capital cada año de aquí a 2050 para cumplir los objetivos climáticos y de biodiversidad. Estas inversiones son esenciales para investigar y ampliar las nuevas tecnologías con bajas emisiones de carbono, sustituir el capital existente por alternativas sostenibles, alejar los modelos de negocio de las prácticas perjudiciales y permitir que los países ricos apoyen a los vulnerables en su resiliencia climática y la protección de la biodiversidad, garantizando al mismo tiempo que las comunidades históricamente marginadas compartan la amplia prosperidad generada.
Systems Change Lab está siguiendo seis grandes cambios en el sector financiero que pueden transformar radicalmente la forma en que se amplían y asignan las inversiones para lograr un futuro sostenible. Si estas transformaciones se llevan a cabo conjuntamente, harán posibles los cambios fundamentales necesarios para que el planeta y las personas prosperen:
1) Medir, divulgar y gestionar los riesgos financieros relacionados con el clima y la naturaleza
La transición hacia un futuro descarbonizado y positivo para la naturaleza trastocará los productos y servicios, especialmente los que generan muchas emisiones y perjudican los ecosistemas. Los riesgos afectan tanto a las instalaciones físicas, como las fábricas y las operaciones, como a los modelos de negocio existentes.
Las empresas, las instituciones financieras y los organismos reguladores deben tener acceso a información y comprender claramente los riesgos y las oportunidades para orientar las inversiones hacia transformaciones sostenibles de sus negocios.
Se necesitan divulgaciones precisas para que las instituciones financieras y los gobiernos puedan asignar capital de manera eficiente, así como supervisar y gestionar los riesgos a nivel de cartera y sistémico. Cada vez más empresas divulgan sus riesgos climáticos conforme a las normas creadas por el Consejo de Normas de Contabilidad para la Sostenibilidad, que sigue las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima. Un análisis del Systems Change Lab muestra que el 36 % de las mayores empresas del mundo han establecido divulgaciones de riesgos climáticos (frente a alrededor del 32 % en 2021). Para 2030, todas estas empresas deberán proporcionar divulgaciones.
También hay un impulso positivo en lo que respecta a las divulgaciones relacionadas con la naturaleza. El marco del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza está en proceso de finalización y también ha recibido un apoyo considerable del sector privado.
Pese a los avances en su adopción, las divulgaciones han sido voluntarias, con una calidad desigual y lagunas de cobertura. Los gobiernos deben desempeñar un papel crucial al exigir divulgaciones de alta calidad para garantizar una cobertura universal y uniformidad en los informes. Los organismos reguladores están tomando medidas. Las mayores economías y mercados de capitales del mundo están considerando exigir este tipo de divulgaciones e incorporarlas a la supervisión de sus economías.
En 2022, 36 países planificaron o establecieron divulgaciones obligatorias relacionadas con el clima, alineadas con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima. Entre ellos figuran Brasil, India, Japón, el Reino Unido, países de la Unión Europea y Estados Unidos.
2) Ampliar la financiación pública para el clima y la naturaleza
El sector público puede desempeñar un papel importante en la protección del clima y la naturaleza mediante la inversión directa en iniciativas climáticas y la orientación de los mercados privados, además de formular políticas que promuevan una transición equitativa hacia una economía verde.
En la mayoría de las economías, los gobiernos son los mayores asignadores de capital y su inversión es crucial en ámbitos en los que la financiación privada no puede o no quiere asumir un papel de liderazgo, como el desarrollo de nuevas tecnologías de alto riesgo, las infraestructuras públicas y el apoyo a las comunidades desatendidas y marginadas.
La legislación climática reciente, como la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, es un ejemplo concreto de cómo el sector público puede orientar los mercados hacia nuevas direcciones favorables a la descarbonización, asignar financiación pública para invertir en nuevas soluciones con bajas emisiones de carbono y abordar
las desigualdades en las comunidades desfavorecidas.
Por ejemplo, se espera que políticas como la Ley de Reducción de la Inflación aumenten considerablemente las inversiones gubernamentales en investigación y desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de carbono, cuyo valor actual se estima en alrededor de 24.000 millones de dólares al año en todo el mundo. La respuesta de la comunidad empresarial, especialmente del sector de la financiación
sector, ha sido positiva, pues reconoce que se espera que la legislación aumente drásticamente la escala de las oportunidades empresariales y las inversiones tanto en soluciones climáticas consolidadas como incipientes.
Para prevenir algunos de los peores efectos del cambio climático, las estimaciones indican que la financiación pública para el clima deberá alcanzar al menos
1,3 billones de dólares cada año de aquí a 2030. En 2020, ascendió a 333.000 millones de dólares, una cifra muy inferior a la necesaria para alcanzar ese objetivo. Para cerrar la brecha, la financiación debe crecer a un ritmo más de ocho veces superior al histórico.
Afortunadamente, la Ley de Reducción de la Inflación y otras leyes similares centradas en el clima, que se están planificando en Europa y otras grandes economías, ayudarán. Algunas estimaciones indican que la Ley de Reducción de la Inflación generará 1,2 billones de dólares en 10 años en incentivos públicos para tecnologías limpias, con posibilidades de alcanzar una cifra mayor, según su adopción.
Por último, la financiación pública de los países desarrollados puede desempeñar un papel clave para cumplir su compromiso anual de 100.000 millones de dólares destinado a apoyar a los países en desarrollo en la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. En 2020, la cifra ascendió a 83.000 millones de dólares, por debajo del objetivo.
La calidad de la financiación también debe mejorar: los bancos multilaterales de desarrollo, uno de los principales proveedores de financiación climática, pueden aumentar la proporción de subvenciones y préstamos en condiciones favorables para dar a los países en desarrollo mayor flexibilidad financiera a la hora de atender sus necesidades climáticas. Nuevas iniciativas como la Iniciativa de Bridgetown —que busca ayudar a los países en desarrollo a cumplir sus objetivos climáticos mediante la reforma de la arquitectura financiera mundial— están cobrando impulso y atrayendo atención.
3) Ampliar la financiación privada para el clima y la naturaleza
El cumplimiento de los objetivos climáticos y relacionados con la naturaleza también depende de la participación del sector privado. Algunas proyecciones indican que tres cuartas partes de los 5 billones de dólares que se estima que se necesitarán cada año de aquí a 2030 procederán de fuentes privadas, mientras que históricamente la financiación climática se ha repartido por igual entre fuentes públicas y privadas. El sector empresarial puede ayudar a ampliar las soluciones climáticas necesarias para descarbonizar nuestras economías, pero las inversiones deben acelerarse más de 10 veces para alcanzar los 2,6 a 3,9 billones de dólares anuales que se estima que aportará el sector privado para 2030.
Hay algunos indicios de progreso. Las empresas innovadoras han identificado los nuevos riesgos y oportunidades de negocio que surgen de la transición económica. Cada vez más empresas adaptan sus estrategias y modelos de negocio para reducir su exposición a esos riesgos, fijan objetivos de cero emisiones netas para reducir sus emisiones e invierten en nuevos productos y servicios para crecer en esta nueva realidad económica.
El número de empresas con objetivos basados en la ciencia, validados de forma independiente por la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París creció un 20 % en 2022 y sigue aumentando. Se espera que estos objetivos de reducción de emisiones influyan en sus estrategias empresariales e inversiones, tanto en sus propias operaciones como en el capital asignado a otras empresas. Sin embargo, estos objetivos corporativos requerirán un mayor escrutinio, mejoras, una supervisión sólida y un seguimiento de su implementación.
Los inversores también están alineando su asignación de inversiones —unos 7,5 billones de dólares en activos— con objetivos de cero emisiones netas, presionando a las empresas con altas emisiones para que transformen sus negocios y desplazando el capital hacia empresas que desarrollan soluciones con bajas emisiones de carbono.
Iniciativas de inversores como Climate Action 100+ han entablado diálogo con las empresas que más gases de efecto invernadero emiten, mediante propuestas conjuntas de accionistas y medidas de escalada, para reducir sus emisiones y adaptar sus negocios. Se espera que el capital alineado con objetivos de cero emisiones netas aumente a medida que los inversores comprendan cada vez más que las prácticas empresariales sostenibles no solo hacen que las empresas sean más competitivas y resilientes, sino que también ofrecen rendimientos financieros rentables.
Por último, la participación de la financiación privada en el apoyo a los esfuerzos de descarbonización y adaptación de los países en desarrollo ha sido durante mucho tiempo un objetivo. Aunque el historial de reducción del riesgo de la financiación privada es dispar, iniciativas recientes como el Acelerador de la Transición Energética y las Alianzas para una Transición Energética Justa son intentos novedosos de aprovechar la financiación privada para descarbonizar los países de ingresos medios y bajos.
4) Ampliar la inclusión económica y financiera de los grupos desatendidos y marginados
Nuestros sistemas económicos y financieros actuales no han logrado compartir la prosperidad económica de forma inclusiva, lo que ha dado lugar a desigualdades históricas que se han perpetuado y, en ocasiones, agravado, marginando aún más a grupos que ya estaban desatendidos.
La transición a una economía descarbonizada y sostenible brinda a las comunidades históricamente desatendidas la oportunidad de compartir la nueva prosperidad que contribuirá a una sociedad más inclusiva, justa y democrática.
El éxito en la aplicación de una transición justa permitirá al mundo cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y promover el pleno empleo. Este progreso no solo es moralmente correcto, sino que también obtendrá apoyo popular y aportará la legitimidad política y la estabilidad social necesarias para llevar a cabo la transición.
Para lograrlo, los gobiernos pueden coordinarse con el sector privado para crear empleos de calidad en industrias verdes, que permitan a las comunidades trabajar y participar en la construcción de un futuro descarbonizado. Además, el acceso a recursos financieros bien regulados, como cuentas bancarias y préstamos sujetos a una regulación adecuada, puede ayudarles a crear la seguridad financiera necesaria para ser resilientes y adaptarse a un entorno cambiante. En 2021, el 76 % de la población adulta mundial tenía acceso a una cuenta bancaria, lo que indica que los 1.400 millones de adultos restantes aún se consideraban «no bancarizados».
El sector público puede establecer la infraestructura que facilite el acceso de todos a los servicios financieros y, al mismo tiempo, proporcionar asistencia directa a las comunidades vulnerables mediante transferencias de efectivo, que sirven de puerta de entrada al sistema financiero formal y constituyen un aspecto importante de las redes de protección social.
5) Poner precio a las emisiones de gases de efecto invernadero y a otras externalidades ambientales
Uno de los mayores obstáculos para reorientar las inversiones hacia un futuro más sostenible es que no se contabilizan los costos externos negativos generados por la industria de los combustibles fósiles y otros grandes contaminadores, que recaen sobre la sociedad. Estos costos indirectos, a menudo denominados «externalidades», no quedan reflejados adecuadamente en los precios, pese a sus efectos negativos, como una menor calidad de vida, perturbaciones económicas y degradación ambiental. Como resultado, quienes contaminan se benefician de sus actividades perjudiciales y no rinden cuentas por estas externalidades, mientras que los precios distorsionados pueden desalentar los cambios en los patrones de consumo y los esfuerzos por reducir la contaminación.
Aplicar directamente un precio al carbono mediante mercados de carbono o un impuesto sobre el carbono a quienes contaminan puede garantizar que estos costos externos se tengan debidamente en cuenta en la planificación y la toma de decisiones encaminadas a reducir el daño ambiental. Aunque la fijación de precios al carbono no es una solución mágica para resolver el cambio climático, puede complementar un conjunto más amplio de medidas, como la política industrial y los incentivos a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías con bajas emisiones de carbono. Del mismo modo, gravar otras actividades perjudiciales para el medio ambiente, como la contaminación atmosférica, el uso de recursos naturales y los residuos, puede internalizar sus externalidades, cuyo valor se estima que alcanzará los 7,8 billones de dólares anuales para 2050.
En la actualidad, solo alrededor del 23 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero está sujeto a un régimen de fijación directa de precios al carbono. Los precios a nivel mundial promedian unos 23 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente, muy por debajo del mínimo de 170 dólares necesario para evitar los efectos más perjudiciales del cambio climático. Para alcanzar una cobertura completa en 2030 con algún nivel de fijación de precios al carbono, la cobertura deberá crecer a casi el triple de la tasa histórica.
6) Eliminar las subvenciones y la financiación perjudiciales
Las inversiones públicas y privadas siguen respaldando actividades incompatibles con un futuro sostenible, como el desarrollo de nuevas actividades de exploración de combustibles fósiles y la degradación de las tierras. Reorientar las inversiones hacia un futuro descarbonizado implica poner fin a estas prácticas perjudiciales y redirigir el capital para construir una economía sostenible.
El sector público sigue proporcionando una financiación y una inversión considerables a la industria de los combustibles fósiles mediante subvenciones, financiación de instituciones de financiación del desarrollo e inversiones en combustibles fósiles de empresas estatales. La financiación pública de los combustibles fósiles ascendió a 687.000 millones de dólares en 2020; sigue estando muy lejos de la eliminación gradual necesaria para 2030, que exige reducir el ritmo casi cinco veces respecto de la tasa histórica.
Del mismo modo, los gobiernos siguen concediendo subvenciones agrícolas perjudiciales que incentivan el uso excesivo de la tierra y de fertilizantes y pesticidas, lo que contribuye a la degradación ambiental. Por ejemplo, el apoyo agrícola total alcanzó los 530.000 millones de dólares en 2021 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en 11 grandes economías en desarrollo; se estima que el 87 % de ese apoyo «distorsiona los precios o perjudica a la naturaleza y la salud». Las subvenciones agrícolas y pesqueras deben estructurarse de manera que reduzcan su daño ambiental y fomenten prácticas sostenibles.
Financiación para un futuro sostenible
En estos seis ámbitos de cambio, ya hemos visto algunos avances positivos tanto de las finanzas públicas como de las privadas a la hora de canalizar los flujos financieros hacia la creación de una economía verde y sostenible. Aunque estas señales son alentadoras, los niveles actuales de inversión siguen muy por debajo de lo necesario.
Para garantizar un planeta habitable y próspero, debemos acelerar el impulso positivo que se ha generado, ampliar la financiación para el clima y la naturaleza, retirar gradualmente los activos con altas emisiones y asegurar que la prosperidad que aporta una economía sostenible beneficie a los grupos desatendidos y marginados. En esta década decisiva, es hora de actuar.
