Las tecnologías emergentes que pueden supervisar a distancia la alta mar serán fundamentales para hacer cumplir el acuerdo propuesto para preservar la diversidad biológica de los océanos del mundo, afirmaron investigadores y activistas.
Los diplomáticos se reunieron en septiembre en las Naciones Unidas, en Nueva York, para iniciar las negociaciones sobre un tratado jurídicamente vinculante para proteger los recursos oceánicos, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para 2020.
Tecnologías como la cadena de bloques (la tecnología de registro distribuido en la que se sustenta la criptomoneda bitcoin) podrían ayudar a hacer cumplir el nuevo tratado mediante el seguimiento de la pesca en alta mar y la identificación de comportamientos ilegales, afirmó Dominic Waughray, jefe del Centro de Bienes Públicos Mundiales del Foro Económico Mundial.
«Si nos atenemos al derecho del mar, es absolutamente necesario contar con ese marco y esa negociación, con un conjunto de principios, pero ¿cómo se vigila y se hace cumplir? La tecnología», dijo, señalando la inteligencia artificial como otra forma de supervisar los océanos.
El tratado propuesto abarcaría la «alta mar»: una zona situada más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas que se extiende desde la costa de cada país hacia el océano, según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM).
En alta mar no existen normas reconocidas universalmente que regulen quién puede pescar dónde y cuánto puede capturar, y se estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada cuesta 23.500 millones de dólares al año.
Un proyecto piloto de la organización conservacionista WWF en la industria atunera del Pacífico permite que los pescadores marquen los peces con un código escaneable que se carga en un registro de cadena de bloques, de modo que las empresas y los clientes puedan confirmar el origen de cualquier atún a la venta en un minorista.
Esa transparencia permitirá a los compradores potenciales evitar capturas de origen ilícito, afirmó Waughray.
«Los minoristas reconocen la necesidad de cadenas de suministro limpias y transparentes», declaró a la Fundación Thomson Reuters.
Un statu quo fragmentado
Para Waughray, «la gobernanza de los océanos es el desafío clásico del bien público».
«Sabemos que la necesitamos para un océano sano, pero como nadie es su propietario... tenemos un problema real», afirmó.
Grupos de países han negociado normativas específicas para algunas zonas de aguas internacionales, como las normas que regulan la pesca del atún en el Pacífico o las poblaciones de peces del Atlántico entre Groenlandia y Europa.
Pero los expertos consideran que ese mosaico existente es inadecuado para gestionar los ecosistemas de las aguas internacionales.
«Muchos de estos organismos se han centrado en la extracción de recursos o en cómo repartir lo que hay», afirmó Liz Karan, directora sénior de alta mar del Pew Charitable Trusts, una organización sin ánimo de lucro.
«La esperanza de este nuevo tratado sobre la alta mar es proteger la biodiversidad más allá de las fronteras nacionales y cerrar estas brechas de gobernanza», declaró a la Fundación Thomson Reuters.
Sin un acuerdo mundial, el enfoque fragmentario ha logrado muy poco, afirmó Karan.
Por ejemplo, casi 10 años después de que la isla atlántica norteña de Bermudas liderara una iniciativa para fomentar la gestión colectiva del mar de los Sargazos y proteger sus praderas de pastos marinos ricas en anguilas, no existe ninguna medida vinculante, añadió.
Las pequeñas naciones insulares del Pacífico son las más perjudicadas por el sistema actual, afirmó Karan, y señaló que las ZEE de países como Kiribati, Nauru y las Islas Salomón dejan lagunas que permiten la entrada de buques pesqueros internacionales de gran escala.
«Estas zonas son objeto de una intensa pesca por parte de grandes flotas pesqueras de aguas lejanas, que pueden afectar a la pesca nacional de esos países», afirmó Karan.
¿Cascos azules en el mar?
Sin embargo, para hacer cumplir cualquier nueva norma puede que se necesite algo más que tecnología, según expertos en océanos.
«O bien se amplían las ZEE, o bien se constituye este tratado y la seguridad es supervisada por distintos países, que se turnan para regular cada parte del mar», afirmó Daniela Fernández, fundadora de Sustainable Ocean Alliance, una red de jóvenes defensores de la sostenibilidad oceánica.
«Tenemos misiones de mantenimiento de la paz de la ONU sobre el terreno, ¿por qué no tenerlas en el océano?», dijo.
Para los observadores cercanos de las negociaciones, como Karan, sin embargo, una propuesta de este tipo parece poco realista.
«Los recursos (para el mantenimiento de la paz en el océano) serían inmensos y los países que más han aportado a la ONU están retrocediendo», afirmó Karan.
«En el clima geopolítico actual, no veo ninguna vía para que los países acepten cascos azules en el agua.»
