8 millones de toneladas de plástico llegan al océano cada año, y estudios recientes sugieren que podrían llegar a ser 90 millones de toneladas para 2030.
Desde las prohibiciones de plásticos de un solo uso hasta los impuestos, estos enfoques normativos y jurídicos pueden ayudar a frenar la cantidad de contaminación por plásticos.
Un enorme 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano cada año, poniendo en peligro la fauna silvestre y contaminando los ecosistemas. Se prevé que esta cifra aumente: un informe reciente de Pew Charitable Trust sugiere que, sin mejoras en la gestión de residuos, 90 millones de toneladas de plástico podrían llegar a los ecosistemas acuáticos del mundo para 2030. Incluso se han encontrado plásticos en los cuerpos de las personas y en el aire.
El problema solo se ha agravado durante la pandemia de COVID-19. Además del necesario aumento de plásticos de un solo uso para equipos de protección personal (EPP), como mascarillas y pantallas faciales, algunos gobiernos y empresas han aplazado o cancelado las prohibiciones de bolsas y envases de plástico. Antes de la pandemia de COVID-19, el WRI y el PNUMA comprobaron que más de 100 países regulaban las bolsas de plástico de un solo uso.
Desde la pandemia, 50 ciudades estadounidenses han dejado de aplicar la regulación sobre plásticos. En diciembre, la ciudad de Vancouver (Canadá) aplazó más de un año los cargos por vasos desechables y su prohibición de bolsas de compra de plástico. Starbucks y Dunkin' suspendieron el uso de recipientes reutilizables. Y algunos programas de reciclaje se archivaron en Estados Unidos y en la Unión Europea debido a recortes presupuestarios derivados de la pandemia.
Aunque el mayor uso de plástico es necesario para combatir la pandemia, especialmente en el caso de los EPP, los países deben asegurarse de que estos cambios de emergencia no frenen el avance a largo plazo en la aprobación de leyes destinadas a reducir la contaminación por plásticos. Si los países quieren reconstruir mejor tras la COVID-19, la reforma legislativa para frenar los residuos plásticos es una parte esencial de la agenda.
Una nueva guía legislativa publicada hoy por el PNUMA y el WRI profundiza en cómo puede utilizarse la ley para combatir la contaminación por plásticos y apoyar una economía circular del plástico.
Los cambios en las políticas pueden reducir la contaminación por plásticos al incentivar cambios en el comportamiento de las empresas y los consumidores, así como en el diseño de los plásticos, las alternativas y el reciclaje. Estos son cuatro enfoques normativos y jurídicos de la guía del PNUMA y el WRI que los países pueden utilizar para reducir de forma permanente sus residuos plásticos:
1. Prohibiciones de plásticos de un solo uso
Las prohibiciones y restricciones de productos de plástico de un solo uso (que prohíben directamente su producción, distribución o uso) son algunos de los mecanismos jurídicos más utilizados y eficaces por parte de los gobiernos. Parte de su éxito se debe a la flexibilidad de la legislación sobre prohibiciones, que permite excepciones para productos médicos y otros usos necesarios, al tiempo que promueve el uso de productos alternativos, como bolsas de tela o de papel.
Las Islas Marshall, por ejemplo, en 2016 instauraron la prohibición de la importación, fabricación, venta o distribución de vasos y platos de poliestireno expandido, vasos y platos de plástico desechables, y bolsas de compra de plástico, al tiempo que promovían las bolsas de papel reciclado y las bolsas reutilizables. Se ha promovido como uno de los modelos a seguir en todo el mundo.
Panamá creó en 2018 una prohibición de bolsas de plástico, que entró en vigor en 2020, pero eximió las bolsas de plástico ligeras o finas destinadas a la manipulación y seguridad alimentaria.
La guía también describe las posibles consecuencias no deseadas de las que los legisladores deben ser conscientes al promulgar y aplicar las prohibiciones.
En el Territorio del Norte de Australia, una prohibición de bolsas de plástico finas en 2011 se relacionó con un aumento de las ventas de bolsas más gruesas, así como con un aumento de la basura de esas bolsas de plástico más gruesas.
Las alternativas a las bolsas de plástico también pueden tener mayores huellas de carbono, ser difíciles de compostar o liberar microplásticos en el medio ambiente.
2. Impuestos e incentivos económicos
Los gobiernos también pueden imponer impuestos para disuadir la producción o el uso de plásticos de un solo uso, o ofrecer desgravaciones fiscales, subvenciones y otros incentivos fiscales para fomentar alternativas a los productos de plástico de un solo uso.
En 2015, Portugal aplicó un impuesto a los productores de 0,10 € (unos 0,12 $) por bolsa para determinados tamaños de bolsas de plástico. Cuatro meses después, el consumo de estas bolsas se redujo un 74 %.
De manera similar, Dinamarca introdujo en 1999 tasas fiscales sobre el envasado basadas en el peso (modificadas más recientemente). Se aplican distintos tipos impositivos a los diferentes materiales de envasado de plástico, con el tipo más bajo para los plásticos reciclados y el más alto para los plásticos primarios. Tras la introducción del impuesto sobre las bolsas de transporte, se estima que la reducción del papel y el plástico utilizados en Dinamarca fue de alrededor del 70 %.
Portugal y Dinamarca han utilizado eficazmente estos instrumentos económicos para aumentar el uso de productos reutilizables y reciclados, respectivamente. Los impuestos e incentivos pueden aplicarse a empresas concretas (como supermercados o productores de plástico) o a productos concretos (como las tapas de vasos de café de plástico o las botellas de refresco).
Los gobiernos también pueden utilizar incentivos económicos para animar a los fabricantes a adoptar alternativas al plástico (como utilizar caña de azúcar para fabricar bolsas de plástico) o para generar ingresos que financien los esfuerzos de limpieza de residuos plásticos.
3. Normas de producto
Las normas de producto, las certificaciones y los requisitos de etiquetado pueden diseñarse para informar al público sobre los impactos ambientales del plástico y sobre los riesgos para la salud y la seguridad que implican su producción y uso. La legislación sobre productos de plástico de un solo uso puede establecer normas sobre la composición de los materiales, la reutilizabilidad, la recuperabilidad (para garantizar que el producto pueda reciclarse), la biodegradabilidad y la compostabilidad de los productos. Este enfoque puede favorecer la elección sostenible de los consumidores.
En Estados Unidos, los fabricantes y proveedores de envases deben entregar a sus compradores un certificado de conformidad que indique que sus envases no superan las concentraciones permitidas de metales pesados regulados debido al contenido reciclado.
La Unión Europea tiene normas sobre la fabricación y composición de los envases para garantizar que se "limiten a la cantidad mínima adecuada necesaria para mantener el nivel necesario de seguridad, higiene y aceptación". Exigir que los envases se diseñen y produzcan de forma segura, reflexiva y sostenible puede limitar la producción y el uso de plásticos nocivos.
4. Responsabilidad ampliada del productor
Los programas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) pueden garantizar que los fabricantes mantengan la responsabilidad sobre los productos de plástico de un solo uso durante todo el ciclo de vida de dichos productos. Estas herramientas legislativas pueden garantizar diseños más sostenibles al responsabilizar a los fabricantes de los plásticos de un solo uso durante la recogida, recuperación, reciclaje o reutilización de sus productos.
En Alemania, por ejemplo, un sistema de RAP adoptado en 1991 exigía el pago de una tasa de licencia en función de la cantidad y el tipo de envases introducidos en el mercado por los productores anualmente. Entre 1991 y 1998, la ordenanza dio lugar a una reducción estimada de residuos de1 millón de toneladas. La nueva legislación sobre envases aprobada en 2019 en Alemania, que también respalda la RAP, incluye un Registro Central de Envases, objetivos de reciclaje más ambiciosos para todos los plásticos e incentivos monetarios para los envases ecológicos.
En Finlandia, en virtud del sistema de RAP, todos los envasadores de productos, o los importadores de productos envasados considerados productores, son legalmente responsables de organizar un sistema de recogida y reciclaje de los residuos de envases de plástico que entran en el mercado. En 2016, la tasa de devolución del PET fue del 92 %.
No existe una solución milagrosa para frenar la contaminación por plásticos
No existe una solución milagrosa para resolver el problema del plástico en el mundo. Será necesario que los gobiernos, tanto a nivel nacional como subnacional, aborden la regulación de los productos de plástico de un solo uso, determinen qué enfoques normativos quieren utilizar y qué tipo de legislación respaldará sus objetivos.
Existen retos por delante: la falta de inversión y de apoyo a la industria del reciclaje para hacerla competitiva, el aumento de la producción de plástico virgen de un solo uso, y una responsabilidad mínima de los productores en muchos países fuera de la UE. También existe ningún marco jurídico mundial que facilite la acción colectiva de múltiples países, ningún acuerdo común sobre qué plásticos deben eliminarse progresivamente, y la presión de los fabricantes de plástico sobre los legisladores para que no avancen en la legislación. Pero para avanzar en la acción, debemos ser deliberados al adoptar soluciones multifacéticas.
Los legisladores deben considerar y adoptar enfoques diferentes y complementarios para ser más eficaces, entre ellos prohibiciones y restricciones, instrumentos económicos, normas de información y etiquetado, y responsabilidad ampliada del productor, incluidos la reutilización, el reciclaje y los sistemas de depósito y reembolso. También son esenciales los esfuerzos complementarios que respaldan estos enfoques, como los programas de educación del consumidor, los requisitos de contratación pública, la inversión en infraestructuras de gestión de residuos y las asociaciones público-privadas.
La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia del uso a corto plazo del plástico para frenar los brotes y ayudar a las personas a sentirse seguras. Pero no hay tiempo para una reflexión pausada sobre el problema a largo plazo de los residuos plásticos. Necesitamos mayor ambición e innovación por parte de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, así como la adopción reflexiva de una variedad de medidas preventivas de política y legislación para abordar la magnitud del problema.
