La Fundación Black Jaguar ha puesto en marcha un proyecto para recuperar 1 millón de hectáreas de bosque a lo largo de los ríos Araguaia y Tocantins de Brasil.
El corredor tendrá 2.600 km de longitud, atravesará 6 estados brasileños y requerirá plantar 1.700 millones de árboles.
El proyecto busca mejorar tanto los ecosistemas como la economía mediante la conservación de tierras y la silvicultura agroforestal sostenible.
El principal desafío del proyecto es convencer a los propietarios rurales sobre los beneficios económicos del corredor verde.
La Fundación Black Jaguar (BJF) tiene un único objetivo, pero muy ambicioso: la ONG fundada por el empresario y ambientalista neerlandés Ben Valks pretende reforestar 1 millón de hectáreas (2,4 millones de acres) a ambos lados de los ríos Araguaia y Tocantins, en los biomas de la Amazonía y el Cerrado de Brasil.
El corredor natural de 2.600 kilómetros (1.615 millas) de longitud, una vez completado, se extendería 20 kilómetros (12,4 millas) hacia afuera desde ambas orillas de los dos cauces. Según la organización, requerirá la plantación de unos 1.700 millones de árboles y cumplirá una doble función: apoyar la producción agroforestal y preservar el medio ambiente.
El proyecto de BJF ya está en marcha, con decenas de miles de árboles plantados. Pero su mayor obstáculo está por llegar: el cinturón verde planificado se establecerá únicamente en tierras privadas, por lo que requerirá la cooperación de numerosos propietarios que inicialmente se muestran reticentes.
El mérito del proyecto no radica solo en su inmensa escala: la restauración prevista atravesará seis estados brasileños (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará y Maranhão). También contribuirá en gran medida a proteger y garantizar la conectividad de la fauna silvestre en los dos biomas más grandes e importantes de Brasil: la sabana del Cerrado (que ocupa el 48 % del área del proyecto) y la Amazonía (que ocupa el 52 %). Ambos biomas se encuentran bajo una presión intensa debido a la expansión de pastizales y tierras de cultivo.
El Código Forestal hace posible el corredor verde
Si esta vasta visión se hace realidad, o cuando ocurra, el territorio reforestado formará el Corredor de Biodiversidad de Araguaia, un concepto concebido por primera vez en 2008 por el biólogo Leandro Silveira, del Instituto Onça Pintada. Ese mismo año, Silveira, uno de los principales conservacionistas de jaguares del mundo, fundó el Fondo para la Conservación del Jaguar (JCF). Ahora, BJF trabaja para hacer realidad el corredor verde.
Una de las tareas del JCF es cartografiar la distribución de cinco especies clave en la región y estudiar en particular la ecología del jaguar en la zona del corredor. El papel de BJF, desafiante pero crucial, consiste en crear un corredor natural continuo uniendo los puntos verdes: conectar los fragmentos de vegetación nativa existentes con bosque recién replantado que cubrirá las tierras actualmente deforestadas y degradadas en propiedades rurales de titularidad privada.
Es el Código Forestal de Brasil —consagrado en la ley federal en 1965 y revisado por última vez en 2012 — que hace viable el proyecto. Esa legislación exige a todos los propietarios privados de la Amazonía y el Cerrado proteger una proporción significativa de la naturaleza en sus propiedades. Estas áreas de conservación privada reciben varias denominaciones, entre ellas áreas de preservación permanente (APP), Reservas Legales (RL) y áreas de uso restringido. De acuerdo con la ley federal 12.651/2012, toda propiedad rural privada debe incluir una APP y una RL.
Entre las funciones ambientales de una APP se encuentra la preservación de los recursos hídricos. El objetivo principal de una RL es la preservación de la vegetación nativa, para garantizar el uso económico continuo de los recursos naturales de la propiedad de manera sostenible. El tamaño de una RL depende del bioma en el que se encuentra. En el Cerrado, una RL debe ocupar hasta el 35 % del área de una propiedad privada; en la Amazonía, se debe conservar hasta el 80 %.
“Pensamos en cuál podría ser una forma viable de recuperar el corredor, así que realizamos un estudio para identificar cuántas y cuáles propiedades [privadas] cumplían la ley [del Código Forestal] y cuáles no. También encontramos la ubicación y el tamaño de las áreas degradadas en las RL y las APP, y cuantificamos los beneficios y costos ambientales, económicos y sociales del futuro corredor”, dijo Andrea Lucchesi a Mongabay. Es profesora de economía ambiental en EACH/USP (la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo) y coordinadora del estudio de viabilidad.
Encargada por BJF y llevada a cabo por investigadores de la EACH/USP y de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, la investigación identificó 24.000 propiedades rurales en la zona del corredor, de las cuales 13.148 presentan un déficit ambiental en RL y APP que suma 1 millón de hectáreas. El equipo también cartografió otros aspectos, como la tenencia de la tierra y las áreas y especies de vegetación nativa existentes.
Sin embargo, el estudio solo logró determinar la titularidad clara sobre el 81 % de la superficie total propuesta para el corredor verde. “El problema es que el CAR [el Registro Ambiental Rural, que registra todas las propiedades rurales de Brasil] es autodeclarativo, y encontramos muchas superposiciones de tierras entre propiedades, por ejemplo”, afirmó el economista ambiental. Determinar los límites de los terrenos y establecer títulos de propiedad claros será uno de los desafíos para la puesta en marcha del proyecto de corredor.
Los beneficios superan los costos
El estudio de BJF concluyó que la restauración del corredor verde de un millón de hectáreas, junto con la implementación de sistemas de producción agroforestal en el bosque restaurado, podría generar US $21.100 millones en beneficios ambientales y económicos durante los próximos 50 años (una estimación que depende de los ciclos de crecimiento de los árboles aprovechables y de las técnicas de gestión forestal).
Otros beneficios del proyecto incluyen la captura de 262 millones de toneladas de CO2 equivalente, una reducción de 527 toneladas de erosión del suelo, ingresos por productos madereros y no madereros, y la creación de más de 37.000 empleos. El costo total del proyecto se estima en US $2.200 millones.
BJF se encargará de los gastos, que incluirán el mantenimiento de las áreas reforestadas durante los primeros tres años del proyecto, junto con el monitoreo forestal en el décimo y el vigésimo año después de la plantación. Cada propietario rural que se una al esfuerzo de BJF recibirá su propio plan de restauración, basado en el tamaño de la superficie que posee, una estimación del nivel actual de degradación del suelo, así como semillas y plántulas de especies nativas que ofrecen un mayor potencial de desarrollo económico agroforestal.
“Los dos modelos de restauración que hemos adoptado [ambos] siguen principios ecológicos para la conservación de la biodiversidad”, y la restauración de bosques y vegetación nativa, pero el segundo modelo también sigue “principios económicos que incluyen el uso sostenible del suelo para la generación de productos madereros y agrícolas”, explicó Dimitrio Schievenin, ingeniero forestal de BJF y coordinador del proyecto. “Las áreas [reforestadas] no pueden desfigurarse ni talarse a hecho, y la extracción de uno o dos árboles por hectárea, cuando hayan crecido, es habitual en los planes de manejo sostenible de bosques nativos”.
Un proyecto en sus primeras etapas
Hasta ahora, casi ninguno de los propietarios privados que han firmado contratos con BJF ha mostrado interés en implementar un sistema de gestión maderera en sus tierras, alegando que su uso requiere un proceso muy burocrático y una mano de obra costosa para talar los árboles. En cambio, prefieren el extractivismo agrícola, basado en cultivos forestales como el baru (una castaña del Cerrado de alto valor nutricional), el pequi (un fruto rico en aceite con múltiples usos), el cupuaçu (un fruto muy utilizado en la cocina amazónica) y el buriti (una palmera cuyo fruto es rico en vitaminas A, B y C).
Las primeras plántulas del corredor se plantaron en 2018 en la región de Santana do Araguaia (en el sur del estado de Pará) y en Caseara (estado de Tocantins), ambas ubicadas en la zona de transición entre los biomas de la Amazonía y el Cerrado, aproximadamente en el centro del largo corredor. Para diciembre, las plantaciones totales sumaban 100.000 plántulas en 130 hectáreas (321 acres), incluida un área piloto. Los trabajos de campo cobraron impulso en el último trimestre de 2020, cuando se plantaron 30.000 plántulas.
“Antes de la pandemia [de COVID-19], el objetivo era llegar a marzo de 2021 con otras 250.000 plántulas [con la plantación realizada de octubre a marzo, en la temporada de lluvias], pero lo reducimos a 80.000. El año pasado, algunos trabajadores del equipo de campo contrajeron el virus y los propietarios se encerraron y negaron la entrada”, explicó Schievenin.
Aunque las cifras actuales están muy lejos de alcanzar los próximos objetivos de plantación —un millón de árboles a finales de 2022 y diez millones para 2025 en la zona de Santana do Araguaia—, BJF confía en cumplir el trabajo en los plazos previstos.
“Es un desafío, pero no imposible. Hasta el año pasado nos centramos en obtener los recursos financieros para el primer millón de árboles, que prácticamente logramos. Las superficies combinadas de los propietarios con los que ya hemos firmado un acuerdo representan el 40 % de las 600 hectáreas [1.482 acres] necesarias para ese millón de árboles”, dijo a Mongabay Marina Tavares, coordinadora de Relaciones Institucionales de BJF. “El otro 60 % corresponde a propiedades de cinco nuevos agricultores con los que estamos negociando”.
Obstáculos por superar
Ingo Isernhagen, investigador de Embrapa Agrossilvipastoril (una unidad del Ministerio de Agricultura especializada en el desarrollo de nuevas tecnologías) y miembro del consejo asesor de BJF, coincide en que los objetivos de la ONG son muy ambiciosos, pero señala que el proyecto ofrece una gran promesa ecológica y económica para las zonas rurales de Brasil.
“El proyecto abarca un largo gradiente latitudinal, de norte a sur, que atraviesa regiones de los biomas del Cerrado y de la Amazonía”, afirmó el biólogo de Embrapa. “Brasil tiene una enorme deuda en áreas degradadas, y la iniciativa de BJF es un gran laboratorio al aire libre para la restauración de ecosistemas en el centro del país, en la región de la frontera agrícola”.
Dado que el área de trabajo actual del proyecto se encuentra en la zona de transición entre la Amazonía y el Cerrado, “el equipo de campo debe estar [muy] atento a las variaciones en la fisonomía de la vegetación y buscar fuentes de semillas y plántulas que tengan en cuenta esas diferencias regionales. Hay especies versátiles [que crecen en el área del proyecto], pero una más típica del Cerrado no necesariamente se adapta bien a los ambientes del bioma amazónico, y viceversa”.
Otro desafío logístico: el esfuerzo de recolección de semillas y plantación de plántulas de la ONG requiere una cantidad considerable de trabajadores de campo. Sin embargo, Isernhagen explicó que la escasez de mano de obra calificada en la restauración forestal es un problema que se presenta en la región desde hace algunos años.
Esta falta de mano de obra calificada se compensa en parte con las técnicas de restauración de BJF: la ONG no solo realiza la plantación manual de plántulas, sino que también lleva a cabo la siembra directa con maquinaria agrícola (lo que permite ganar escala y reducir la mano de obra). El proyecto también depende en gran medida de la regeneración natural. “Hay áreas que han sido deforestadas recientemente y no han sido cultivadas durante muchos años, por lo que existen buenas probabilidades de que la vegetación [nativa] se recupere por sí sola”, afirmó el especialista de Embrapa.
Según los entrevistados, el mayor desafío hasta ahora para BJF no está en el aspecto técnico ni financiero, sino que depende de la disposición de los propietarios de las 24.000 propiedades rurales a sumarse a la iniciativa.
“A veces hay mucha resistencia entre los propietarios; sus perfiles son diversos. Mientras que algunos consideran que la restauración ecológica aporta beneficios a la producción agrícola y [les] preocupa estar dentro de la ley, otros desconocen las nuevas tecnologías y tienen medio cabeza de ganado por hectárea en sus tierras”, dijo Isernhagen, por lo que no se convencen de inmediato de las ventajas de participar.
“Buscamos mostrar los beneficios que tendrán, además de la regularización ambiental, como la mejora del clima y del suelo, el control de plagas mediante la biodiversidad y el mantenimiento de los recursos hídricos”, dijo Schievenin. “Lamentablemente, no hay sentido de urgencia. Los [propietarios rurales] piensan que la restauración [forestal] no será su problema, sino el de su hijo o nieto. [Pero] quienes se han unido a la iniciativa hasta ahora ya tienen conciencia ecológica”.
El arte fino de la negociación
Un caso ilustrativo: Guilherme Tiezzi, propietario de una finca de 500 hectáreas (1.235 acres) en el municipio de Caseara, en el estado de Tocantins. Cuando oyó hablar del plan del corredor verde, se mostró, en sus propias palabras, super entusiasmado.
“Un mes después estaba en Ámsterdam para hablar con [el fundador de BJF] Ben [Valks]. Fui el primer agricultor en firmar el acuerdo”, dijo Tiezzi a Mongabay.
Él y su hermana heredaron la propiedad de su padre, quien había despejado el 60 % de la tierra para convertirla en pasto para ganado. Sin embargo, la visión del miembro más joven de la familia era mucho más ambiciosa, y, trabajando junto con la ONG, este técnico agrícola invirtió en la construcción del primer vivero de plántulas del proyecto, instalado en las tierras de Tiezzi. BJF plantó 500 plántulas en 200 hectáreas (494 acres) de la finca, que hoy funciona como una Reserva Privada del Patrimonio Natural (RPPN) dentro de las áreas de APP y RL de la propiedad. En las otras 300 hectáreas (741 acres), el agricultor desarrolla sistemas agroforestales e integración de cultivos, ganadería y bosque. Con ese objetivo, ya ha plantado decenas de especies vegetales nativas y, en un futuro próximo, espera incorporar gallinas, cerdos y peces.
“Es más fácil deforestarlo todo e instalar monocultivos porque llueve mucho en esta región”, y todo crece rápido, dijo Tiezzi. “Pero si todos solo plantan soja, a mediano plazo el suelo se degrada, los animales de la zona mueren y los ecosistemas dejan de regenerarse. Mi intención es mantener el bosque en pie y, al mismo tiempo, generar negocio. Como BJF, creo que la ganancia económica para los propietarios rurales es la clave para tener éxito en la restauración a gran escala”.
Sin embargo, Tiezzi, un pionero, es actualmente una especie de excepción, según la opinión de Eduardo Malta. Malta es especialista en restauración ecológica de la ONG Instituto Socioambiental (ISA) y fue uno de los coordinadores de un proyecto del ISA que, junto con sus socios, plantó 1 millón de árboles en 300 hectáreas dentro de APP en un solo año (2017), alrededor de la Reserva Indígena de Xingu.
“En los estados de Mato Grosso y Pará recibimos muchas miradas de desaprobación de los propietarios. Pensaban que perderían superficie productiva”, recordó Malta sobre su experiencia de plantación de árboles con el ISA.
“Aun así, logramos convencer a algunos presentando una propuesta sólida, con mucha claridad y transparencia”, recordó. “Además, en ese momento no estaban [el presidente Jair] Bolsonaro ni [el ministro de Medio Ambiente Ricardo] Salles, y más personas estaban dispuestas a cumplir con la legislación [del Código Forestal federal]. La situación política actual envía el mensaje de que no hay necesidad de reforestar, y los propietarios piensan que pueden postergarlo, o que la ley aún podría cambiar”.
Aunque muchos propietarios rurales consideran que la cobertura de los costos del proyecto por parte de BJF es un gran incentivo, Malta sugiere que el proyecto podría avanzar con mayor facilidad si los propietarios tuvieran una participación más activa, incluida la ayuda financiera directa y la provisión de empleados de sus fincas para participar en las plantaciones del proyecto. “De lo contrario, [los propietarios] no tienen nada que perder si no se comprometen. En algunos casos lo proporcionamos todo, y a veces funcionó y otras veces no. Un propietario, por ejemplo, soltó el ganado en las zonas donde habíamos plantado, y otro vendió la propiedad sin avisarnos”.
A pesar de los innumerables desafíos, BJF avanza de forma constante y logra más cada día. El mes pasado, la ONG recibió la aprobación del municipio de Santana do Araguaia para construir un tercer vivero, equipado con paneles solares y un sistema de captación de agua de lluvia, con una capacidad de producción anual de 500.000 plántulas. Según Valks, fundador de la Fundación Black Jaguar, el vivero forma parte de un plan urbanístico más amplio para crear un parque de 40 hectáreas (99 acres), de las cuales dos hectáreas (5 acres) estarán ocupadas por el vivero.
“Especialmente en un país como Brasil, tan complejo, es sorprendente ver que los municipios empiecen a adoptar nuestra misión”, dijo Valks a Mongabay. “Confiamos en que nuestro proyecto tendrá éxito. Debemos creer en lo positivo de la humanidad, para poder actuar y, al menos, hacer un esfuerzo considerable por restablecer el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza.”
