Cuando la nueva ley de datos de Europa, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), entró en vigor el 25 de mayo, situó en las portadas de periódicos de todo el mundo un debate global de décadas sobre la privacidad y las salvaguardas regulatorias adecuadas para el uso comercial de la información de las personas en Internet.
Debido a los orígenes europeos del reglamento, algunos miembros tanto de la industria como de los medios de comunicación siguen creyendo que el RGPD es, de alguna manera, un “asunto europeo”. No lo es. Es un llamamiento global a quienes recopilamos, usamos o distribuimos la información de las personas para que repensemos cómo nos relacionamos con el consumidor final. También hay otras conclusiones para todas las partes interesadas: los gobiernos interesados en aprobar su propia legislación, las empresas e industrias que dependen de los datos, los operadores y editores de sitios web, y los propios usuarios de Internet.
1. Se trata de soluciones alternativas que funcionen para todos
La primera de estas lecciones no consiste en concluir que Europa tiene una filosofía regulatoria agresiva y que, por tanto, no hay nada que aprender de evaluar cómo se construyó el RGPD. En parte, se trata de cómo quienes nos preocupaba la legislación intentamos influir en el resultado. Los legisladores y reguladores de Estados Unidos y de otros países son libres de legislar, para bien o para mal, y seguirán haciéndolo. La primera lección de la experiencia del RGPD debería ser que oponerse a las medidas regulatorias o a las ideas de protección del consumidor y de la privacidad en la era digital, sin ofrecer soluciones alternativas ampliamente aceptables a las inquietudes de los consumidores, no funcionará.
El RGPD fue una idea para establecer las reglas del juego sobre el tratamiento de los datos de las personas que les diera mayor tranquilidad. Es el resultado de la presión política de las preocupaciones de los consumidores europeos sobre prácticas comerciales de datos que, a su juicio, carecen de transparencia o de una gobernanza adecuada, así como del sentir de los legisladores europeos de que debían actuar para proteger los derechos fundamentales. Ahora que es ley, deberíamos trabajar de forma cooperativa y colaborativa con los líderes de opinión de la región para aplicar el reglamento de manera moderada y razonable.
Como industrias que dependen de la tecnología y los datos, también debemos escuchar y estar a la altura del desafío de anteponer al consumidor y sus intereses, independientemente del RGPD y anticipándonos a las propuestas regulatorias y legales que vendrán. No deberíamos limitarnos a un cumplimiento de “marcar la casilla” de cada ley, ni tampoco deberíamos librar costosas batallas jurisdicción por jurisdicción para frenar nuevas propuestas de restricción de datos. En cambio, deberíamos ofrecer construcciones alternativas de protección del consumidor para la era digital que sean más flexibles y favorables a la innovación que el RGPD en algunos aspectos, al tiempo que hacemos igual o mejor labor para que los consumidores tengan el control de sus experiencias e identidad digitales. Deberíamos hacerlo mediante la autorregulación, la cooperación público-privada y un enfoque abierto a la modernización de la legislación vigente.
2. Se trata de dar y recibir
Para ayudar a construir este nuevo contrato social para la era digital, deberíamos comprometernos a crear un mercado en línea en el que se respeten los derechos y necesidades tanto de los actores del mercado digital y de los consumidores. No necesitamos que el gobierno nos obligue a hacerlo. Podemos lograrlo ajustando adecuadamente el intercambio de valor en el ecosistema y haciéndolo mucho más transparente y explícito. Pedimos la atención y el tiempo de los consumidores, por lo que, a cambio, debemos ofrecer experiencias publicitarias que respeten la dignidad digital de las personas y que las enriquezcan, entretengan, informen y eduquen.
3. Se trata de entender que Internet es global, no local
Países desde Brasil hasta Australia, así como estados de EE. UU. como California, están considerando copiar el RGPD o redactar legislación similar. Gran parte de ella podría estar mejor construida, y demasiada parte se basa en la idea de que compartir datos es malo en sí mismo. No obstante, este auge de las preocupaciones y propuestas de los responsables políticos representa un poderoso llamamiento a la capacitación digital individual. Consumidores de todo el mundo están alzando la voz y pidiendo un mejor trato en línea. El ecosistema digital haría bien en responder a sus demandas. Dejando a un lado las posibles nuevas leyes y regulaciones, basta con observar la creciente popularidad de los bloqueadores de publicidad para conocer lo que quieren los consumidores. El comportamiento del consumidor global, al igual que Internet en sí, no depende ni se limita a ningún esquema regulatorio geográfico particular.
4. Se trata del usuario y del consumidor, no del país ni de la empresa
Para ganarnos el apoyo del público y de sus representantes en favor del desarrollo continuo de una economía global impulsada por los datos, todos debemos adoptar una filosofía que sitúe al consumidor en primer lugar. Debemos mantener un diálogo transparente con los usuarios y tratar su información de una manera que la persona promedio pueda entender y aceptar razonablemente. Es un desafío justo, y es el espíritu movilizador del RGPD y de otras propuestas.
En respuesta parcial al llamamiento de Europa, y de conformidad con el RGPD, IAB Europe ha creado un Marco de Transparencia y Consentimiento que ofrece una vía viable para respetar el RGPD sin obstaculizar el comercio digital. Este es un ejemplo de atención de buena fe a las preocupaciones de los consumidores y de los responsables políticos. Deberíamos instar a todos los actores de la economía digital a adoptarlo. Crea un mecanismo para que los operadores de sitios web indiquen con claridad a los consumidores qué otros actores digitales participan en la protección de los datos de los consumidores y con qué fines. Ofrece a los consumidores la posibilidad de elegir si distribuyen o no esos datos a dichos actores para esos usos. Más allá de eso, garantizar la seguridad de la información que almacenamos y permitir que las personas soliciten la eliminación de sus registros también son exigencias razonables, a las que deberíamos responder sin quejas.
5. Lecciones sobre lo que no se debe hacer
Pero, al considerar el futuro del comercio digital, existen algunas ideas realmente malas que el llamamiento a la protección del consumidor está llevando a algunos responsables políticos a adoptar. Por ejemplo, deberíamos considerar seriamente, ya sea en el marco del RGPD o de cualquier otra ley, si los legisladores deberían obligar a las empresas a prestar gratuitamente servicios que hoy prestan a cambio de la información de las personas. Salvo que ese servicio específico sea un derecho humano o un servicio público, eso sería ir demasiado lejos.
No debería obligarse a los editores de sitios web a dar acceso gratuito al contenido de un sitio de noticias ni a un servicio como una red social cuando alguien decide no participar en el intercambio de valor de datos por servicios. Las personas deben tener la posibilidad de no permitir que sus datos se utilicen sin su consentimiento, pero no la de aprovecharse gratuitamente de la información de otros y acceder a servicios sin coste. No creemos que eso sea justo. Esperamos que quienes interpreten el RGPD o estén considerando leyes similares en sus propias jurisdicciones tengan esto en cuenta.
Actualmente no está claro, ni en el RGPD ni en el borrador vigente de las próximas normas europeas de privacidad electrónica, si las empresas podrán cobrar a las personas algo si deciden no participar en el intercambio de valor de datos por servicios. La afirmación es que los consumidores deberían poder impedir el acceso a sus datos sin penalización, y muchos interpretan que cobrar por los servicios de cualquier forma constituye una penalización. En el borrador actual de la iniciativa electoral de California que se debate para noviembre, se establece explícitamente que las empresas deben permitir que los consumidores que se nieguen a proporcionar acceso a sus datos utilicen sus servicios de forma gratuita. Internet y los servicios que ofrece son asombrosos y abundantes, pero no son gratuitos. Es un mal precedente y una mala política imponer por ley cómo se puede o no monetizar un servicio, o cómo una persona puede o no compensar a un proveedor de servicios por él. Las empresas necesitan monetizar sus servicios para funcionar. Y para que las personas sigan accediendo a los servicios de Internet sin tener que sacar la cartera cada vez, los sitios web deben poder negociar el acceso a los datos a fin de financiar mejor los servicios actualmente gratuitos, que no implican pagos en efectivo.
No cabe duda de que el comercio en Internet con arreglo al RGPD y otras propuestas similares será más complejo. Algunas empresas no podrán adaptarse a la transición, y las que sobrevivan y se adapten a las nuevas leyes y a las exigencias de los consumidores deberán alcanzar un nivel más alto. Pero no podemos tirar al niño con el agua del baño, y tampoco creemos que esa sea la intención de nadie. Utilizar, analizar y distribuir los datos de las personas para crear, monetizar y prestar servicios ha impulsado el auge de una economía digital global con barreras de entrada y participación muy bajas. Ha servido como un increíble motor para la democratización del comercio y de la conversación. Podemos llegar a normas y procesos acordados mutuamente para garantizar su progreso continuo y la financiación de los mismos, mediante múltiples mecanismos, incluida la publicidad con permiso, al tiempo que damos a las personas un mayor control sobre su propia información y sus datos.
El Foro Económico Mundial es una excelente plataforma para mantener este diálogo. También lo son la OCDE, los centros de estudios como el German Marshall Fund, sus parlamentos nacionales, los organismos reguladores y las organizaciones de autorregulación y multipartitas.
El RGPD no es el final de los debates y deliberaciones globales y nacionales sobre la privacidad de las personas en la era digital, ni es una solución milagrosa que deba copiarse y pegarse en otras jurisdicciones. Es una idea que los legisladores y reguladores europeos se han esforzado mucho por construir. Las empresas que operan en Europa, incluida la mía, deberían respetarla y cumplirla. Y todos deberíamos evaluarla, participar en su aplicación y pensar en lo que podría funcionar igual de bien o incluso mejor en otras partes del mundo, en aras de proteger a las personas y de facilitar la innovación y el comercio en nuestra sociedad de la información, que aún está en desarrollo.
