La nueva Directiva de la UE sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial podría incluir una cláusula que conceda a los pequeños agricultores un derecho legal a un «ingreso digno».
Obligar a las empresas a garantizar que los proveedores, como los pequeños agricultores, se beneficien de un nivel de vida adecuado reduciría la pobreza mundial y generaría beneficios económicos más amplios.
Más allá de las disposiciones legales, las empresas pueden adoptar sus propias medidas para defender activamente a los pequeños agricultores.
Las ordenadas calles de Bruselas pueden parecer a un mundo de distancia de los campos de algodón de la India o las plantaciones de cacao de Ghana, pero los pequeños agricultores de países como estos podrían verse gravemente afectados por una directiva pendiente de los responsables políticos europeos. Las ambiciones de la Unión Europea de mejorar los derechos humanos y los impactos ambientales cadenas de valor mundiales de las grandes empresas de la UE dependen de los cambios propuestos a la tan esperada Directiva de la UE sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD).
En particular, las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo podrían permitir que los pequeños agricultores adquieran el derecho legal a recibir un «ingreso digno» por su papel en la producción. Una medida de este tipo supondría un avance de enorme importancia para mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores. Sin embargo, sin esta enmienda, los pequeños agricultores corren el riesgo de ser cada vez más vulnerables en su papel de proveedores, y su acceso a los mercados mundiales podría estar en juego.
Los 570 millones de pequeños agricultores del mundo desempeñan un papel fundamental en los actuales sistemas agrícolas mundiales y en las industrias textiles. En cultivos como el algodón, los pequeños agricultores representan más del 90 % de los agricultores a escala mundial. Esto les otorga un papel central en el futuro del sector mundial de la moda, que se prevé que registre un crecimiento de casi dos dígitos en los próximos años.
Sin embargo, los bajos precios en la explotación agrícola, junto con los obstáculos sistémicos al desarrollo y los crecientes desafíos de producción provocados por el cambio climático, impiden que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa. Muchos se enfrentan, como consecuencia, a una precariedad económica que, además de ser una injusticia manifiesta, pone en peligro las perspectivas de crecimiento de los sectores en los que desempeñan un papel tan fundamental.
Sin embargo, cuando se les dan las condiciones para tener éxito, la pequeña agricultura ofrece un camino para que las comunidades salgan de la pobreza. Al mismo tiempo, las sociedades obtienen beneficios económicos más amplios, ya que los pequeños agricultores resilientes al clima tienen la clave de la seguridad alimentaria.
De ahí la importancia de la enmienda propuesta, según la cual las empresas deben «asumir la responsabilidad de utilizar su influencia para contribuir a un nivel de vida adecuado en las cadenas de valor», lo que incluye garantizar un ingreso digno para los agricultores, además de la alineación existente de la UE en materia de salario digno. Está claro que, al igual que el salario digno para los trabajadores, el ingreso digno representa el compromiso mínimo con los derechos de los agricultores individuales y sus familias. Pero también establece un principio fundamental para un sector agrícola justo y sostenible en su conjunto.
El poder de la influencia
Suponiendo que las enmiendas propuestas a la CSDDD se aprueben en su totalidad, la cuestión clave pasa a ser cómo pueden aplicarse sus disposiciones de la mejor manera. En particular, ¿qué significa para las empresas utilizar su «influencia» para ayudar a abordar la pobreza estructural que subyace a las dificultades de subsistencia de los pequeños agricultores?
Reconocer que tienen tal influencia es el primer paso. Las prácticas de adquisición de las empresas tienen enormes repercusiones para los pequeños productores. Sin embargo, debido a la multitud de intermediarios en las cadenas de suministro modernas, estas repercusiones a menudo quedan ocultas o, en algunos casos, se ignoran deliberadamente. Por ello, es fundamental mejorar la transparencia para que, en el futuro, los compradores corporativos (y otros) puedan tener una imagen más precisa de dónde proceden sus compras de materias primas y de las condiciones socioeconómicas de los pequeños agricultores en cuestión.
Una vez que las empresas saben a quién compran, ¿qué pueden hacer para garantizar que mejoren los medios de vida? La respuesta es mucho. Aumentar el capital humano de los pequeños agricultores mediante la educación, la formación y el desarrollo de competencias constituye una contribución importante. Otras incluyen ayudarles a acceder a servicios, financiación y recursos asequibles, respaldar su capacidad de acción colectiva y de defensa de sus intereses y, cuando sea necesario, ayudar a los pequeños agricultores a diversificar su producción.
Como queda claro en la Hoja de ruta para el ingreso digno de IDH, la naturaleza precisa de estas intervenciones variará según el contexto. El principal problema que limita los ingresos de un agricultor de frutas del Caribe puede ser la falta de capital, por ejemplo, mientras que para un productor de maíz en Somalia podría ser la mayor frecuencia de las sequías.
Independientemente del contexto concreto, dos principios generales se aplican a todas las estrategias corporativas de ingreso digno. El primero consiste en tener una visión clara de dónde reside el poder. En el caso del algodón, por ejemplo, los pequeños productores podrían estar atrapados en un sistema hiperlocal controlado por desmotadoras individuales. En otros productos básicos, podría tratarse de un procesador, un mayorista o un comprador en la explotación agrícola. Una vez identificados, las empresas deben encontrar la forma de trabajar con estos actores influyentes.
El segundo principio sigue una línea similar. Los pequeños agricultores son uno de los muchos actores de un sistema, y sus ingresos están determinados por el funcionamiento de dicho sistema. ¿Están disponibles los datos con facilidad, por ejemplo? ¿Se administran de forma justa los regímenes de tenencia de la tierra? ¿Se incluye plenamente a las mujeres o a los grupos minoritarios? Cuanto más inclusivo y equitativo sea el sistema, más beneficiosos serán los resultados para todos.
Peso a nivel empresarial
Por ello, las empresas deben utilizar su poder de convocatoria para reunir al mayor número posible de actores del sistema (por ejemplo, gobiernos regionales o municipales, otros compradores, expertos técnicos, grupos de agricultores, etc.) con el fin de cambiar el funcionamiento de dicho sistema. Este enfoque colaborativo se aplica tanto al nivel local como al macro; desde ayudar a identificar y supervisar las brechas de ingreso digno, por ejemplo, hasta poner en práctica estrategias prácticas para aumentar los ingresos sobre el terreno.
Incluir el derecho a un ingreso digno en la Directiva Europea es fundamental para cumplir la finalidad esencial de la legislación. Su omisión solo serviría para trasladar aún más responsabilidad a los pequeños agricultores y podría reducir su acceso a los mercados mundiales o, incluso en el futuro, debilitar sus medios de vida y, en consecuencia, los sectores que dependen de su producción.
Mientras los responsables políticos deliberan, las empresas responsables deben hacer oír su voz y defender activamente un ingreso digno para los pequeños agricultores. No solo eso, sino que deben demostrar cómo una adquisición responsable puede hacer realidad ese resultado en la práctica. Esto comienza por situar los derechos de los pequeños agricultores en el centro del proceso, independientemente de la redacción que los legisladores de Bruselas adopten o no.
