Por qué gravar la carne podría salvar cientos de miles de vidas cada año

A man looks at meat on display inside a butcher shop in Buenos Aires, Argentina October 29, 2018. Picture taken October 29, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci - RC1A92DD1360
A tax on red and processed meat could encourage consumers to make healthier choices.Image: REUTERS/Marcos Brindicci
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A estas alturas, probablemente ya habrás oído que comer demasiada carne roja y procesada es malo para la salud. No solo se asocia con un aumento de las tasas de cardiopatía coronariacardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, y diabetes tipo 2, sino que también hay pruebas convincentes de que la carne roja y procesadapuede causar cáncer .

La agencia contra el cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el consumo de carne roja, que incluye carne de vacuno, cordero y cerdo, como carcinógeno; es decir, con potencial para causar cáncer si se consume procesada. Esto incluye perritos calientes (frankfurts), jamón, salchichas, carne en conserva y cecina de vacuno, así como carne enlatada y preparados y salsas a base de carne.

La OMS también clasifica la carne roja como probablemente carcinógena—incluso si se consume sin procesar. Hay pruebas mecanísticas sólidas de una asociación entre el consumo de carne roja y el cáncer colorrectal, y también existen indicios de vínculos con el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata.

Dado el impacto negativo en la salud, se ha pedido que ciertos tipos de carne se regulende forma similar a otros carcinógenos, como el tabaco o el amianto, o a otros alimentos que preocupan desde el punto de vista de la salud pública, como las bebidas azucaradas.

Al igual que los impuestos sobre otros productos perjudiciales para la salud, un impuesto sanitario sobre la carne roja y procesada podría animar a los consumidores a tomar decisiones más saludables. Además, nuestra nueva investigación, que analiza los beneficios de un impuesto sanitario sobre la carne roja y procesada, ha concluido que un impuesto de este tipo podría prevenir más de 220.000 muertes y ahorrar más de 40.000 millones de dólares estadounidenses en costes sanitarios en todo el mundo cada año.

Cambios en el consumo de alimentos relacionados con los impuestos, por producto alimentario y región.Image: PLOS One

Un impuesto sanitario sobre la carne

En nuestro nuevo estudio, colegas del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias de Estados Unidos, así como de la Oxford Martin School y del Departamento Nuffield de Salud de la Población de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, analizaron el impacto de regular el consumo de carne roja y procesada mediante un impuesto sanitario sobre la carne.

Calculamos los llamados niveles impositivos óptimos que tendrían en cuenta los costes sanitarios de la carne roja y procesada en cerca de 150 países y regiones de todo el mundo. Así, aunque los consumidores seguirían teniendo la opción de comer carne roja y procesada, tendrían que contribuir a pagar el tratamiento de las enfermedades crónicas que, según se supone, provoca su consumo.

Para nuestro estudio, utilizamos estimaciones de cómo la carne roja y la procesada afectan al riesgo de padecer enfermedades crónicas y de cuánto cuesta tratarlas. Después calculamos la carga sanitaria y económica asociada a una ración adicional de carne roja y procesada y, a partir de ahí, estimamos los impuestos sanitarios por ración que cubrirían esos costes.

Impuestos elevados para un consumo elevado

Estimamos que en 2020 se producirían en todo el mundo 2,4 millones de muertes atribuibles al consumo de carne roja y procesada, además de 285.000 millones de dólares estadounidenses en costes sanitarios.

Los países de ingresos altos, como el Reino Unido y Estados Unidos, consumen aproximadamente el doble de la media mundial de carne roja y procesada. Estos países también gastan más en tratar las enfermedades crónicas asociadas. Los países de ingresos bajos consumen menos de la mitad de la media mundial y también gastan menos en tratar las enfermedades relacionadas con la carne.

Debido a esta diferencia en los costes sanitarios, los impuestos sanitarios tendrían que variar según la región para tener en cuenta la carga sanitaria y económica del consumo de carne roja y procesada en cada una. Por ello, los impuestos sanitarios que calculamos se basan en un nivel impositivo económicamente óptimo: alto en los países de ingresos altos y bajo en los de ingresos bajos.

Por ejemplo, los impuestos sanitarios sobre las salchichas en Alemania y el beicon en Estados Unidos elevarían los precios nada menos que un 160 %. En cambio, los precios de la carne procesada en China tendrían que subir un 40 %, y en Etiopía, menos de un 1 %. El Reino Unido se sitúa en un punto intermedio, con un aumento del 80 %, debido a su gasto sanitario relativamente moderado.

Los beneficios

Los precios más altos de la carne roja y procesada animan a cambiar la dieta y optar por otros alimentos menos perjudiciales. Nuestros resultados sugieren que, si se implantaran los impuestos sanitarios, el consumo de carne procesada disminuiría unas dos raciones semanales en los países de ingresos altos y un 16 % en todo el mundo.

Un menor consumo de carne roja y procesada reduciría en 220.000 las muertes anuales por enfermedades crónicas, como la cardiopatía coronaria, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer y la diabetes tipo 2. También podría tener efectos positivos indirectos sobre el cambio climático y el peso corporal.

Descubrimos que podría reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en más de cien millones de toneladas, principalmente debido a un menor consumo de carne de vacuno. También reduciría los niveles de obesidad al impulsar a los consumidores a elegir sustitutos con menos calorías.

Los ingresos fiscales ascenderían a 172.000 millones de dólares estadounidenses en todo el mundo y cubrirían el 70 % de los costes sanitarios que el consumo de carne roja y procesada impone a la sociedad. Para cubrirlos por completo, habría que duplicar los impuestos sanitarios y, en los países de ingresos altos, elevarlos al 200 % para la carne procesada.

Nuestros resultados dejan claro que el consumo de carne roja y procesada tiene un coste: no solo para la salud de las personas y el planeta, sino también para los sistemas sanitarios y la economía. Los gobiernos no tienen que decirle a la gente qué puede y qué no puede comer, pero sí tienen la responsabilidad de fomentar la adopción de dietas saludables y sostenibles. Y asegurarse de que los precios de los alimentos reflejen sus costes sanitarios es un componente importante de esa responsabilidad.

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