Usar internet es caro para la mayoría de la población mundial. Los africanos destinan el 17% de sus ingresos medios a comprar 1 GB de datos móviles. (La Alianza para una Internet Asequible recomienda que 1 GB de banda ancha móvil cueste el 2% o menos del ingreso mensual medio). Los latinoamericanos gastan 4,7 veces más en comprar datos móviles que los norteamericanos. El costo inasequible de internet contribuye de manera importante a que la mitad del mundo no esté conectada. La falta de conectividad tiene importantes efectos negativos en la educación, la salud, la productividad y el crecimiento de un país.
Hacer más asequible el acceso a internet conectaría a más personas y también permitiría un uso más significativo de internet entre quienes ya tienen conexión. La mayoría de las personas conectadas lo hacen a través de una conexión móvil y limitan su uso de internet para ajustarse a su presupuesto. El 80% de las conexiones móviles en Asia son de prepago —la opción más barata—, por lo que los usuarios solo están conectados cuando tienen saldo, muy lejos de la conexión permanente deseada.
Sin embargo, promover la asequibilidad es más fácil de decir que de hacer. El precio del acceso a internet responde a un equilibrio delicado. Los operadores necesitan recuperar sus importantes inversiones: cada año invierten más de 1 billón de dólares en redes móviles. Los reguladores promueven la competencia y tratan de impedir que los operadores abusen de su poder de mercado y actúen de forma oligopolística.
Los gobiernos suelen considerar las telecomunicaciones una fuente fácil de ingresos fiscales. Es fácil entender por qué. Los flujos de efectivo son abundantes, ya que las telecomunicaciones se han convertido en una industria grande y relativamente rentable. Recaudar estos impuestos cuesta poco. Muchos países, sobre todo las economías emergentes, gravan el acceso a internet con tasas muy elevadas.
La asequibilidad es una de las barreras más importantes para la adopción y el uso de internet, y los impuestos que afectan al servicio de internet pueden tener consecuencias devastadoras. En algunos países, los impuestos pueden llegar al 60% del precio del acceso. Al imponer impuestos elevados al acceso a internet, los gobiernos frenan efectivamente su adopción y uso (al aumentar artificialmente el costo total de la telefonía móvil), y también podrían reducir el crecimiento potencial del PIB, que está estrechamente correlacionado con los indicadores de internet.
Los elevados impuestos al uso de internet impiden que la gente se conecte y dificultan mucho que las sociedades avancen hacia la Cuarta Revolución Industrial. Los países cuyos ciudadanos gastan más en el acceso a internet compiten en desventaja frente a los que ofrecen servicios de internet más asequibles.
Reducir los impuestos es una estrategia difícil de implementar. La mayoría de los países tienen déficits fiscales, pues gastan más de lo que recaudan en ingresos tributarios. Bajar los impuestos sin más aumenta los déficits. Sin duda, cualquier propuesta de este tipo sería cuestionada, y es difícil responder a la inevitable pregunta: «¿de dónde saldrá el dinero?». ¿Cómo puede justificarse entonces, desde el punto de vista económico, la reducción de los impuestos a internet? ¿Qué herramientas necesitan los gobiernos para aumentar la adopción y el uso de internet mediante incentivos fiscales?
Cuantificar el impacto de reducir los impuestos es un buen punto de partida. Reducir los impuestos al acceso a internet (y, en última instancia, los precios) aumenta el uso de internet y amplía la base tributaria. Estudios detallados en países de América Latina y Áfricaestiman que las reducciones de los impuestos al acceso a internet generarían aumentos significativos de los ingresos fiscales de los gobiernos, tras una disminución inicial.
Por ejemplo, se estimó que eliminar los impuestos especiales sobre los servicios móviles en Argentina aumentaría los ingresos fiscales en 980 millones de dólares al año en solo cuatro años (al principio, el efecto neto sería una reducción de 78 millones de dólares). Con ello, 1,7 millones de personas más se conectarían, lo que reduciría significativamente la brecha digital y aumentaría el uso de internet entre quienes ya lo utilizan.
La posibilidad de aumentar los ingresos fiscales y, al mismo tiempo, reducir la brecha de conectividad debería atraer a la mayoría de los gobiernos. Sin embargo, muchos quizá no puedan renunciar a los flujos de ingresos tributarios, ni siquiera durante unos años, mientras la demanda de internet (y la base tributaria) responde al estímulo. Nuevas herramientas y modelos podrían ayudar a los gobiernos a respaldar «reducciones fiscales que aumentan los ingresos», algo que no es posible en la mayoría de los países.
Un posible acuerdo podría incluir la participación de prestamistas cuyo mandato sea promover el crecimiento económico y social, como los bancos multilaterales de desarrollo, las fundaciones y los fondos de impacto. El indudable rendimiento social que generaría una mayor adopción y uso de internet encajaría bien con sus tesis de inversión. Esto, junto con el perfil de riesgo intrínsecamente bajo de los préstamos a los gobiernos, daría lugar a una combinación única de rendimientos sociales y económicos.
Así, estos prestamistas pueden apoyar planes de inclusión digital que también tengan un efecto neto positivo en los presupuestos de los gobiernos. Mediante financiación, seguros y titulización de los créditos fiscales, u otros instrumentos similares, estas instituciones podrían garantizar a los gobiernos un flujo de efectivo estable mientras estos aplican reducciones fiscales para impulsar la adopción y el uso de internet. Si a ello se suma el compromiso de los operadores de trasladar la mayor parte de las reducciones fiscales a los precios del acceso a internet, este acuerdo podría hacer que internet fuera más asequible, reducir la desigualdad digital, aumentar el uso y, en última instancia, impulsar la prosperidad y el crecimiento económico, estrechamente correlacionados con el uso y la adopción de internet.
Un modelo econométrico que simula el impacto de estas medidas en los países en desarrollo (ilustrado conceptualmente en el gráfico anterior) muestra que reducir del 30% al 10% la tasa impositiva sobre el acceso a internet aumenta un 7% el número de usuarios conectados y un 30% el tráfico de internet. El déficit fiscal inicial (que, según propone este artículo, podrían financiar terceros sin necesidad de modificar los presupuestos de los gobiernos) se convierte rápidamente en un superávit fiscal, gracias a la demanda latente liberada por las menores tasas impositivas y los precios más bajos. Para el gobierno, este superávit fiscal compensa con creces el déficit inicial y aumenta, de manera efectiva (y contraintuitiva), tanto la inclusión como los ingresos fiscales.
En conclusión, los bancos multilaterales pueden desempeñar un papel clave para armonizar los incentivos de los gobiernos y los operadores en beneficio de quienes no están conectados. Se trata de una situación económica habitual que puede resolverse mediante un tercero (los bancos), capaz de gestionar las asimetrías temporales y las ineficiencias entre una reducción fiscal y su traslado a los consumidores. Probablemente sería el uso más acertado de los fondos de estas instituciones, y podría ampliarse y replicarse.
Esta iniciativa debería implementarse en coordinación con programas que aborden otras barreras a la adopción de internet, como la falta de competencias e infraestructura, de concienciación y aceptación cultural, y de adopción y uso locales. Al aprovechar una plataforma multisectorial como Internet para Todos del Foro Económico Mundial, esta solución podría mejorar significativamente la inclusión digital y generar todos los beneficios sociales y económicos consiguientes.
Esta estrategia se desarrolló en colaboración con Sebastian Cabello, director para América Latina de GSMA, y con aportaciones de Hélcio Tokeshi, exsecretario de Hacienda del estado de São Paulo, Brasil.
Las opiniones expresadas por Sebastian Cabello son propias y no representan las de GSMA.
