Hoy, jóvenes activistas de todo el mundo utilizan las plataformas de redes sociales para movilizarse, abrir el espacio cívico y recuperar sus libertades. La región de la ASEAN tiene 630 millones de habitantes, y más de la mitad son menores de 30 años. Un asombroso 90 % de las personas de 15 a 24 años se considera «nativa digital» (es decir, tiene al menos cinco años de experiencia en línea y usando Internet). Para los jóvenes activistas, las plataformas de redes sociales pueden servir para hacer campaña en favor de los derechos humanos.
Aunque el poder de las nuevas plataformas es bien conocido, se reconocen menos algunas de las consecuencias potencialmente perjudiciales de participar en estos espacios: vigilancia, censura, intimidación, acoso y ataques. Es aterrador pensar que el espacio digital, que ofrece tantas oportunidades de comunicación y colaboración, también pueda ser un espacio de mayor represión e intolerancia. Para muchos gobiernos de la región, los espacios de las redes sociales representan una amenaza para su control de la información.
Por ejemplo, en Tailandia, el gobierno tomó medidas para acabar con el debate antes de un referéndum sobre un proyecto de constitución. En un caso, alrededor de una docena de estudiantes universitarios que comentaban la constitución propuesta en Facebook fueron detenidos o acusados y se enfrentaron a penas de hasta 10 años de prisión en virtud de una nueva orden gubernamental draconiana. En Malasia, el gobierno sigue aplicando leyes restrictivas como la Ley de Sedición y la Ley de Comunicaciones y Multimedia para silenciar a los críticos del gobierno, incluidos los activistas estudiantiles. En un caso, Muhammad Amirul Zakwan, que entonces tenía solo 19 años, fue condenado en 2016 a dos años en un reformatorio por comentarios publicados en Facebook. Al menos otros tres jóvenes fueron acusados, detenidos o investigados por publicaciones en redes sociales con comentarios similares.
En Singapur, las autoridades siguen acosando y procesando a blogueros y disidentes. Amos Yee, un bloguero de 17 años, fue condenado a seis semanas de cárcel y a una multa por unas publicaciones de septiembre de 2016 que supuestamente «herían los sentimientos religiosos de otras personas». Desde entonces huyó a Estados Unidos, donde se le concedió asilo.
En Vietnam, las autoridades siguen utilizando leyes redactadas en términos vagos para condenar a activistas pacíficos en virtud de leyes de seguridad nacional. Las personas defensoras de los derechos humanos se enfrentan a amenazas y ataques en línea y en el espacio cívico. Nguyễn Văn Hóa, un bloguero de 22 años, fue detenido en enero de 2017. Ayudaba a los pescadores afectados por el desastre ecológico de Formosa, que comenzó en abril de 2016 y cuyas consecuencias devastaron los medios de vida y las comunidades de hasta 270.000 personas, incluidos pescadores, debido a la muerte de millones de peces. Está detenido en virtud del artículo 258 del Código Penal de 1999 por «abusar de las libertades democráticas para vulnerar los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de las organizaciones y los ciudadanos», una disposición que se utiliza habitualmente contra activistas pacíficos. Si es condenado en virtud del artículo 258, podría enfrentarse a una pena de hasta siete años de prisión.
Los jóvenes activistas no deben considerarse parte del problema, sino de la solución. Los gobiernos de la ASEAN deben dejar de restringirlos o silenciarlos y, en su lugar, trabajar con ellos para fomentar un proceso inclusivo de formulación de políticas y responder a los problemas de derechos humanos. La pregunta clave es: ¿cómo? Estas son algunas sugerencias que pueden servir como buen punto de partida:
● Los jóvenes en la mesa de toma de decisiones: Los gobiernos deben empezar a dialogar con los jóvenes de sus países y también a nivel regional, a través de los foros juveniles de la ASEAN, para aumentar la participación de los jóvenes activistas en la toma de decisiones y la formulación de políticas de la ASEAN;
● Solidaridad mediante la conectividad: Crear y apoyar redes regionales de solidaridad mediante la tecnología digital y la conectividad sin precedentes entre los jóvenes de la región. La atención puede centrarse en los jóvenes que actúan para defender sus derechos y libertades y los de otras personas, en un contexto de reducción del espacio cívico en la región;
● Activismo en línea/digital: Garantizar el apoyo de distintos sectores para desarrollar infraestructuras de TIC regionales y nacionales y crear un espacio seguro y propicio donde los jóvenes puedan defender de manera significativa los derechos humanos y las libertades.
Aunque, por supuesto, esto no resolverá todos los problemas de la región, demostrará un compromiso real con la protección y promoción de la libertad de expresión en línea. Aprovechemos al máximo las ideas, la visión y los sueños de estos «nativos digitales» y asegurémonos de que los jóvenes tengan voz para expresarse y contribuir a construir un mundo mejor.
