Un programa de pagos en efectivo brindará apoyo financiero a más de 80 millones de personas en Pakistán durante la crisis del coronavirus.
Se ha comprobado que las transferencias monetarias incondicionales son una forma eficaz y eficiente de proporcionar asistencia humanitaria.
Los primeros informes indican que el dinero ha brindado cierta seguridad a estas familias vulnerables.
Con una población de más de 210 millones de habitantes, Pakistán es el quinto país más poblado del mundo. Casi un tercio de la población subsiste con salarios diarios y remuneración por pieza, por lo que la respuesta a la COVID-19 ha exigido una estrategia urgente e inmediata para proteger a quienes viven en la pobreza extrema.
Por este motivo, al mismo tiempo que nuestro Gobierno puso en marcha sus esfuerzos para controlar la propagación del SARS-CoV-2, también destinó 900 millones de dólares a entregar ayuda de emergencia en efectivo a las personas en situación de pobreza extrema. Este programa se administra a través de Ehsaas, el nuevo programa federal de lucha contra la pobreza, en colaboración con todas las unidades federativas de Pakistán: provincias y territorios.
El programa proporciona asistencia financiera por una sola vez a 12 millones de familias que, dada la dimensión de los hogares en Pakistán, representan a más de 80 millones de personas en el país. Cada familia que reúne los requisitos recibe aproximadamente 75 dólares, cantidad suficiente para cubrir la alimentación básica durante cuatro meses. A las dos semanas de su puesta en marcha, el programa ya había llegado a 7 millones de las personas más pobres del país, lo que representa la intervención de protección social más amplia y extensa de la historia nacional.
El sistema es de fácil acceso y emplea un sistema analítico «basado en reglas» para determinar quién reúne los requisitos. Se pidió a las personas y familias que deseaban recibir una subvención de emergencia en efectivo que enviaran un SMS con su número de documento de identidad a una línea telefónica especial. Este número de identificación —vinculado a la Base de Datos Socioeconómica Nacional y a la Autoridad Nacional de Registro de Bases de Datos, y utilizado también para viajes, impuestos, facturación, propiedad de activos y situación laboral en el Gobierno, entre otros fines— se utiliza para determinar la situación de pobreza y riqueza. Quienes cumplen los criterios de elegibilidad predeterminados reciben un SMS de confirmación. Los pagos se realizan a través de dos bancos comerciales que compitieron en un proceso de licitación en 2019 para prestar servicios a los programas de transferencias monetarias de Ehsaas con verificación biométrica. Ambos bancos cuentan con agentes minoristas de banca sin sucursales en pequeñas tiendas. Los cajeros automáticos utilizados también disponen de un sistema de verificación biométrica. Hasta la fecha, en la mayoría de los casos el dinero se ha entregado a las mujeres de la familia.
El desembolso de Ehsaas Emergency Cash planteó desafíos sin precedentes por su escala, la rapidez necesaria para su implementación y el contexto en el que debía efectuarse. El Gobierno estaba bajo confinamiento, los mercados donde operaban los minoristas estaban cerrados y se suponía que el personal bancario debía trabajar desde casa.
Con los confinamientos en vigor y las medidas de distanciamiento físico como requisito obligatorio, existía preocupación por la propagación de la COVID-19, dado que las personas tendrían que hacer cola para recibir el dinero y utilizar la identificación biométrica (huellas dactilares en máquinas). Otras preocupaciones incluían la disponibilidad de liquidez, la conectividad (ya que los bancos verifican las huellas dactilares en tiempo real), la ciberseguridad, las limitaciones de la comunicación basada en datos (como autorizar un pago a una persona fallecida si los registros no están actualizados) y la posibilidad de saturar los números de las líneas de ayuda.
En cuanto a los beneficiarios, preocupaba que pudieran ser víctimas de delitos al salir del punto de atención con dinero en efectivo. También preocupaban los bajos niveles de alfabetización financiera y digital, y que en algunas ciudades las personas pudieran necesitar transporte para llegar a un punto de pago, mientras que el transporte entre ciudades estaba suspendido.
Abordar estos desafíos requirió un enfoque de «todo el Gobierno», con la participación de los gobiernos provinciales, diversos ministerios, el Gabinete, los organismos de seguridad y el Centro Nacional de Mando y Control de la COVID-19, además de reuniones diarias de coordinación con bancos y personal sobre el terreno para perfeccionar en tiempo real los procedimientos operativos estándar, incluidos los relativos a la prevención de contagios y la seguridad. La interacción sobre el terreno nos permitió adoptar medidas de política en tiempo real para facilitar la implementación.
Dado los riesgos que entraña la selección de beneficiarios de la protección social, se incorporó la transparencia al programa mediante varias medidas: el proceso se hizo público; la iniciativa se anunció ampliamente en todo el país para que toda la población estuviera al tanto y pudiera acceder a ella; los pagos estaban supeditados a la verificación biométrica de los beneficiarios y al sistema de SMS vinculado al documento nacional de identidad, lo que permitía identificar a los beneficiarios mediante datos (usando análisis de datos y datos de encuestas), sin margen para la intervención humana. Toda denuncia de abuso se atiende con rapidez. Además, se hizo público un portal de información para consultar los detalles de los pagos.
¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial ante el brote de coronavirus?
Ya está claro que la COVID-19 tendrá efectos duraderos en la salud y la economía, más allá de los daños causados directamente por el propio virus. Las personas más pobres serán las más afectadas. Aunque será difícil cuantificar el sufrimiento, medidas como esta pueden ayudar a aliviar al menos parte del daño causado por la pandemia.
En el pasado, organizaciones han utilizado programas de pagos en efectivo durante emergencias humanitarias, como UNICEF. Se ha comprobado que las transferencias monetarias incondicionales son eficaces y eficientes para proporcionar asistencia humanitaria. Su costo por beneficiario es inferior al de los vales, cuyo costo por beneficiario, a su vez, es inferior al de la distribución de alimentos en especie. También pueden beneficiar a la economía local. Los programas de vales generaron hasta 1,50 dólares en beneficios indirectos de mercado por cada dólar equivalente proporcionado a los beneficiarios; y los programas de transferencias monetarias incondicionales generaron más de 2 dólares en beneficios indirectos de mercado por cada dólar entregado a los beneficiarios.
Los primeros informes indican que el dinero ha brindado cierta estabilidad y seguridad a estas familias vulnerables en un momento de crisis extrema. Aunque el programa apenas está comenzando y solo podrá evaluarse adecuadamente en las próximas semanas, hay muchos motivos para confiar en que este tipo de enfoque puede ayudar a aliviar al menos parte del daño previsto a causa de la COVID-19.
