• Los refugiados sirios en Líbano y Jordania siguen estando en gran medida excluidos del mercado laboral de esos países.
• La pandemia ha golpeado al sector informal, donde muchos se ven obligados a ganarse la vida.
• Los países de acogida deben eliminar las barreras legales y la comunidad internacional debe aumentar las donaciones.
El conflicto en Siria ha entrado ya en su décimo año; 7,1 millones de sirios siguen desplazados en países vecinos, y la crisis se ha convertido en una de las mayores del mundo. Hoy, la comunidad internacional de donantes, los gobiernos de acogida y los organismos de la ONU se reunirán en la cuarta Conferencia de Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y de la región» para volver a trabajar en la búsqueda de una solución política a la crisis y comprometerse a brindar más apoyo a quienes han visto sus vidas destrozadas por ella.
En 2016, cinco años después del inicio del conflicto en Siria, se celebró en Londres la primera edición de la conferencia de hoy, donde los líderes mundiales se reunieron para recaudar fondos y fijar objetivos ambiciosos con el fin de apoyar tanto a los refugiados afectados por la crisis siria como a los países que los acogen.
Dos países que recibieron especial atención fueron Jordania y Líbano, que en conjunto acogen a 2,8 millones de refugiados sirios. Se alcanzaron acuerdos concretos, conocidos como «pactos», con ambos países, y se comprometieron 12.000 millones de dólares en financiación para un período de cinco años. Estos pactos combinaban subvenciones y préstamos en condiciones favorables, una fórmula que podía cambiar las reglas del juego y que, vinculada a reformas de las políticas nacionales, aumentaría el empleo, la protección y la educación para los refugiados sirios y las comunidades de acogida vulnerables.
Un nuevo informe publicado por el Comité Internacional de Rescate, Una década en busca de trabajo, muestra que, aunque el apoyo mundial a Jordania y Líbano continúa, todavía no se ha materializado plenamente la ambición de los pactos de aumentar la inclusión de los refugiados.
En la actualidad, el 78 % de los refugiados sirios en Jordania y el 73 % en Líbano viven por debajo del umbral de pobreza, y la mayoría depende de la asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. Las leyes y políticas restrictivas de ambos países limitan su acceso al empleo y, aunque ambos gobiernos han tomado algunas medidas para abordar estos problemas, aún no han ido lo suficientemente lejos.
Por ejemplo, los refugiados necesitan permisos de trabajo, que son extremadamente difíciles de obtener. Un empleador nacional debe patrocinar los permisos, que se limitan a un número muy reducido de sectores debido al alto desempleo entre la población de acogida. Este es solo uno de los muchos obstáculos que impiden a los refugiados beneficiarse de lo establecido en los pactos.
En 2018, se dio un paso positivo al permitir que los refugiados sirios en Jordania pusieran en marcha negocios desde casa en determinados sectores. Sin embargo, hasta ahora muy pocos se han registrado, debido a que se exige un pasaporte válido, del que carece el 95 % de ellos. También hay limitaciones para crear empresas fuera del hogar, como la obligación de formar una empresa conjunta con un socio jordano.
En Líbano, los refugiados no pueden iniciar un negocio sin residencia legal, condición que no cumple la gran mayoría. Por ello, los negocios de ambos países siguen siendo en gran medida informales, y sus propietarios tienen un acceso limitado a la asistencia financiera formal, lo que les impide hacer crecer sus negocios o protegerlos.
Para empeorar las cosas, la pandemia de COVID-19 y los toques de queda en todo el país han obligado a muchos refugiados, que a menudo trabajan en sectores informales, a cerrar sus negocios; han perdido oportunidades de trabajo y no pueden ganar lo suficiente para mantener a sus familias.
Para que los refugiados puedan alcanzar todo su potencial y aumentar su contribución al impulso de la economía de cada país, el informe del IRC señala tres medidas clave que deben adoptarse.
En primer lugar, la comunidad internacional debería aumentar su apoyo financiero a ambos países y seguir vinculándolo a reformas de las políticas nacionales que mejoren el acceso al mercado laboral y las oportunidades de emprendimiento, tanto para los refugiados (de todas las nacionalidades) como para las comunidades de acogida vulnerables.
En segundo lugar, Jordania y Líbano deberían eliminar las barreras legales y ampliar las oportunidades de subsistencia para aumentar la autosuficiencia tanto de las poblaciones refugiadas como de las comunidades de acogida. Esto se ha vuelto aún más urgente con la pandemia de COVID-19. Ambos países deben aplicar reformas de las políticas nacionales para abordar las barreras legales que enfrentan los refugiados al acceder a empleos y oportunidades de negocio.
En tercer lugar, los donantes deben proporcionar financiación adicional para apoyar a las poblaciones refugiadas y de acogida afectadas negativamente por la COVID-19. Esta ayuda debería consistir en asistencia inmediata en efectivo para quienes más la necesitan, incluidas subvenciones en efectivo para que los emprendedores cubran los costes fijos mientras sus negocios están cerrados. Además, se requiere financiación plurianual y a largo plazo para los medios de subsistencia, destinada a las ONG, con el fin de impulsar la recuperación económica, hacer crecer las pequeñas empresas y ayudar a los refugiados a ser autosuficientes.
La mayoría de los refugiados quiere regresar a Siria a largo plazo, pero la gran mayoría no podrá hacerlo en un futuro previsible. Mientras la atención mundial se centra en acontecimientos de otras partes del mundo, los refugiados siguen atrapados en un sistema que continúa frenándolos; existe un riesgo real de que caigan en el olvido, pese a que sus necesidades no dejan de crecer. Los efectos económicos de la pandemia los están llevando más allá de sus límites, y muchos ya han llegado al punto de quiebre.
La conferencia de hoy brinda la oportunidad de abordar esta situación. Ahora más que nunca, los donantes y los gobiernos de los países de acogida deben actuar con urgencia para evitar que los refugiados caigan aún más en la pobreza y apoyar a los refugiados y las comunidades de acogida vulnerables para que avancen hacia una recuperación económica sostenible.
