¿Deberían los gobiernos pagar rescates alguna vez?

¿Deberían los gobiernos pagar rescates alguna vez?
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Cualquiera que no comparta la ideología del llamado «Estado Islámico» en Irak y Siria probablemente estará de acuerdo en que está mal que los partidarios del grupo decapiten a algunas de las personas que han mantenido como rehenes. Mucho más controvertidas, sin embargo, son las decisiones secretas de los gobiernos europeos de pagar rescates a esos grupos para que liberen a sus ciudadanos.

Aunque los rehenes del Estado Islámico han procedido de varios países, hasta ahora solo ha decapitado a los de Estados Unidos y el Reino Unido. El único rehén europeo del que se ha informado que fue ejecutado directamente por el Estado Islámico parece haber sido un ruso, Sergey Gorbunov, pero se sabe poco de él. Ningún amigo ni familiar se ha presentado, y no se ha difundido ningún video de su muerte. Las autoridades rusas han puesto públicamente en duda que fuera ciudadano ruso.

Por otro lado, el Estado Islámico ha liberado a 15 rehenes, entre ellos ciudadanos de Italia, Francia, Suiza, Dinamarca y España.

Rukmini Callimachi, en sus reportajes para The New York Times, ha explicado la diferencia de trato. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido mantienen desde hace mucho tiempo una política de no pagar rescates a organizaciones terroristas. Además, cuando Michael Foley, hermano de James Foley, uno de los rehenes, recibió una exigencia de rescate, el FBI le advirtió que, conforme a la legislación estadounidense, pagar dinero a terroristas constituye un delito. Foley fue ejecutado posteriormente.

En cambio, desde hace más de una década varios gobiernos europeos han estado dispuestos a pagar a terroristas millones de euros para que liberen a sus ciudadanos cautivos, o han facilitado el pago de rescates por parte de familiares y amigos de los rehenes. Esto pese a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad en enero una resolución que se oponía al pago de tales rescates, y a una declaración similar en la cumbre del G-8 del año pasado, firmada por algunos de los gobiernos que han seguido pagando.

Según Callimachi, Francia ha pagado más dinero en rescates que cualquier otro país: un total de $58 millones desde 2008, incluido un único pago de $40 millones en 2013 por cuatro ciudadanos franceses capturados en Mali. Pero la política francesa quizá esté cambiando. Después de que Francia participara en ataques aéreos contra el Estado Islámico en septiembre de 2014, un grupo yihadista argelino capturó a Hervé Gourdel, un turista francés, y amenazó con ejecutarlo a menos que Francia renunciara a su participación en las operaciones. Esta vez Francia se mantuvo firme, y el primer ministro Manuel Valls dijo que retroceder un centímetro equivaldría a entregar la victoria a los militantes. Gourdel fue decapitado.

Es comprensible la presión sobre los gobiernos para que paguen rescates o, al menos, faciliten el pago por parte de familias desesperadas por salvar la vida de sus seres queridos. Se trata de una aplicación de la llamada «regla del rescate»: nuestro deber percibido de gastar casi cualquier suma para salvar a una víctima identificable, como un minero atrapado, un alpinista herido o un bebé extremadamente prematuro. Estamos mucho menos dispuestos a invertir en salvar vidas cuando las víctimas no pueden identificarse de antemano, incluso si se salvaría un mayor número de vidas; por ejemplo, mejorando la seguridad vial o la educación sobre medidas preventivas de salud.

La regla del rescate debe entenderse como una regla de la psicología humana, no de la moral. Aplicarla puede parecer justificable si nos ponemos en el lugar de una persona cautiva o imaginamos que terroristas han capturado a nuestro hijo, padre, madre o cónyuge y hacen una oferta creíble para liberar a nuestro ser querido a cambio de un rescate.

Pero este argumento se aprovecha de nuestra incapacidad para ponernos en el lugar de la mayor cantidad de personas asesinadas por el Estado Islámico y otros grupos terroristas. Se han convertido en víctimas solo porque los $125 millones en rescates pagados a esos grupos durante los últimos seis años les han permitido armar a más militantes para llevar a cabo ataques mortales. Deberíamos utilizar nuestros recursos para salvar al mayor número de vidas; y, en general, es probable que pagar rescates provoque más pérdidas de vidas.

Además, el mayor poderío militar que los terroristas obtienen de los ingresos por rescates no es el único daño causado por pagarlos. Rescatar a un rehén occidental crea un incentivo para que los militantes capturen a otro. Graeme Wood, periodista que pasó cuatro años trabajando en Oriente Medio, señala que los periodistas en zonas peligrosas siempre corrían el riesgo de ser secuestrados o asesinados por motivos ideológicos; pero no ayuda que un periodista occidental pueda valer millones de dólares, una suma que él califica de «universalmente motivadora».

El general John Allen, excomandante estadounidense en Afganistán y actualmente enviado especial del presidente Barack Obama ante la coalición internacional que combate al Estado Islámico, sostiene que no podemos saber cuántos estadounidenses no han sido secuestrados porque el grupo sabe que no recibirá rescates por ellos. Señala que «hay que tener en cuenta que hay estadounidenses en la región que nunca fueron capturados porque [el Estado Islámico y sus aliados] sabían que hacerlo no les reportaría ninguna ventaja».

Los gobiernos que pagan rescates salvan la vida de algunos de sus ciudadanos, pero exponen a un mayor riesgo al resto de sus ciudadanos y a otras personas. La negativa a pagar rescates a terroristas puede parecer insensible, pero en realidad es la única política ética. Todos los gobiernos deberían atenerse a ella.

Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.

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Autor: Peter Singer es profesor de Bioética en la Universidad de Princeton y profesor laureado en la Universidad de Melbourne.

Imagen: Un candado y una cadena aseguran una verja de acceso a una casa en Goussainville-Vieux Pays, a 20 kms (12 millas) al norte de París, 21 de agosto de 2013. REUTERS/Charles Platiau.

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