Las sanciones impuestas a Irán por el presidente estadounidense Donald Trump han empezado a golpear con fuerza la economía del país. La inflación, aparentemente derrotada por el presidente Hassan Rouhani, ha regresado con fuerza y alcanzó el 31% en 2018. Según el Fondo Monetario Internacional, se prevé que la economía se contraiga un 6% este año y que la inflación pueda llegar al 37%. Muchas industrias atraviesan graves dificultades y el desempleo va en aumento. Con el objetivo de reducir a cero las exportaciones iraníes de petróleo, Trump amenaza con sancionar a los países —como China, India y Japón— que sigan comprando petróleo iraní.
Dado el sufrimiento que las sanciones unilaterales de Trump están causando a Irán, ¿son realmente la política «milagrosa» que su administración espera que sean?
Desde la Primera Guerra Mundial, los gobiernos han recurrido cada vez más a las sanciones económicas para alcanzar sus objetivos políticos internacionales. Sin embargo, pese a un siglo de experiencia, la justificación de estas medidas dista mucho de ser convincente.
Las sanciones económicas se han vuelto aún más populares en las últimas décadas. En la década de 1990, por ejemplo, se establecieron regímenes de sanciones a un ritmo promedio de alrededor de siete al año. De los 67 casos de esa década, dos tercios fueron sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos. Se calcula que, durante la presidencia de Bill Clinton, cerca del 40% de la población mundial, es decir, 2.300 millones de personas, estuvo sujeta a algún tipo de sanción estadounidense. De hecho, la gran mayoría de las sanciones son impuestas por países grandes contra países pequeños. Actualmente, Estados Unidos mantiene casi 8.000 sanciones en vigor en todo el mundo, y con mucha diferencia Irán es el principal objetivo estatal.
Además, desde la década de 1960, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha establecido 30 regímenes multilaterales de sanciones en virtud del artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas. Podría decirse que los más exitosos desempeñaron un papel clave en el fin de los regímenes de apartheid de Sudáfrica y Rodesia del Sur (actual Zimbabue). Además de dirigirse contra países concretos, la ONU también ha impuesto sanciones a entidades no estatales como Al Qaeda, los talibanes y, más recientemente, el llamado Estado Islámico (ISIS).
Sin embargo, es muy dudoso que Irán cambie sus políticas, y mucho menos su régimen, ante las sanciones de Trump. La sencilla verdad sobre las sanciones económicas es que, aunque se utilizan ampliamente, a menudo fracasan. Un estudio exhaustivo de 170 casos del siglo XX en los que se impusieron sanciones concluyó que solo un tercio alcanzó los objetivos declarados. Otro estudio estima que la tasa de éxito de los regímenes de sanciones es inferior al 5%.
Una tasa de fracaso tan alta sugiere que los gobiernos suelen recurrir a argumentos falaces para justificar la imposición de sanciones, lo que distorsiona nuestra comprensión de su fundamento y eficacia. Destacan siete ideas erróneas o falacias. Hay que refutarlas todas.
En primer lugar, se justifica la imposición de sanciones como una alternativa más moderada y humana a la guerra. Pero esto subestima el potencial de la diplomacia internacional para resolver conflictos. Y, en realidad, las sanciones suelen allanar el camino a las guerras en vez de evitarlas: por ejemplo, los 13 años de sanciones internacionales contra Irak precedieron a la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003.
Un segundo argumento sostiene que «si las sanciones causan daño, es que están funcionando». Pero este criterio de eficacia no define qué constituiría el éxito. Peor aún, contradice las pruebas que indican que —incluso cuando se excluyen bienes esenciales como los alimentos y los medicamentos— las sanciones perjudican a amplios sectores de la población civil. Frenan el crecimiento económico, socavan la producción y provocan el cierre de empresas, lo que aumenta el desempleo. También pueden alimentar la inflación al restringir las importaciones y agravar las crisis cambiarias.
En tercer lugar, suele decirse que las sanciones son «inteligentes» y «selectivas». Sin embargo, en la práctica, las sanciones económicas integrales constituyen un castigo colectivo. Asfixian a las clases medias e imponen una carga desproporcionada a las personas más pobres y vulnerables, que posiblemente sean las principales víctimas de los mismos regímenes que las sanciones pretenden castigar.
En cuarto lugar, algunos gobiernos justifican las sanciones como un medio para defender y promover los derechos humanos. Pero las pruebas indican que las organizaciones de la sociedad civil y las ONG suelen estar entre las más perjudicadas por las sanciones. Al presentar estas medidas como una agresión extranjera y una guerra económica contra su país, los regímenes autoritarios suelen acusar a los activistas de derechos humanos de estar aliados con el enemigo. De ahí a reprimir a esas organizaciones en nombre de la seguridad nacional hay un paso muy corto.
Irán sigue ese patrón. La retirada de Estados Unidos por parte de Trump del acuerdo nuclear con Irán de 2015, en mayo pasado, junto con la imposición de una nueva ronda de sanciones, ha envalentonado a los sectores más radicales de Irán, que ahora afirman que su desconfianza hacia Estados Unidos estaba justificada y se oponen a la administración centrista de Rouhani. De manera similar, las sanciones impuestas al Irak de Saddam Hussein en la década de 1990 condujeron a la destrucción total de la sociedad civil del país y contribuyeron a avivar la política identitaria y el sectarismo que siguen asolando ese país y la región en general.
Una quinta afirmación sostiene que las sanciones son necesarias y eficaces para propiciar un cambio de régimen. A pesar de los casos de Sudáfrica y Zimbabue, este probablemente sea el más débil de los siete argumentos, como demuestra la longevidad de los regímenes sancionados en países como Corea del Norte, Cuba y Myanmar. Incluso el bloqueo impuesto a Catar por Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto desde junio de 2017 aumentó la popularidad del emir y llevó a una parte importante de la población a cerrar filas en torno a él.
En sexto lugar, se afirma que las sanciones debilitan a los gobiernos objeto de ellas. Sin embargo, al empeorar el clima empresarial y de inversión, las sanciones económicas afectan principalmente al sector privado. En todo caso, el poder se centraliza y concentra aún más, pues los gobiernos controlan cada vez más el suministro de productos básicos estratégicos ante la escasez que provocan.
Por último, supuestamente las sanciones son eficaces para contener la proliferación nuclear. También en este ámbito, su historial es claramente deficiente. Desde que el Tratado de No Proliferación Nuclear entró en vigor en 1970, cuatro países han adquirido armas nucleares: Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Tres de ellos lo hicieron mientras estaban sometidos a sanciones.
En última instancia, el éxito o el fracaso de las sanciones económicas se mide por si provocan un cambio de régimen o modifican el comportamiento de un gobierno. Dadas las ideas erróneas predominantes sobre su fundamento, no sorprende que tan a menudo no alcancen ninguno de esos objetivos, como probablemente volveremos a ver en Irán. Lo que sí es más seguro es que desestabilizar Irán hará que la región sea más peligrosa que nunca.
