Desde hace aproximadamente una década, los expertos se han devanado los sesos sobre qué hacer con las personas obligadas a abandonar sus hogares y países por desastres derivados de fenómenos meteorológicos extremos y otros impactos climáticos. Está claro que no hay interés en crear una nueva ley internacional para protegerlas.
Una razón es la dificultad de determinar hasta qué punto la decisión de una persona migrante de marcharse está influida por el empeoramiento de los problemas ambientales.
Otra es la constatación de que es poco probable que el cambio climático, por sí solo, provoque nuevas oleadas de refugiados llamando a las puertas de los países desarrollados.
En cambio, la «migración climática» suele seguir el patrón de otras migraciones y, a menudo, lleva a las personas desplazadas de zonas rurales a ciudades, o a países vecinos en lugar de a países lejanos.
Pero eso no significa que el problema se haya escondido bajo la alfombra.
La Iniciativa Nansen, puesta en marcha por los gobiernos de Noruega y Suiza en 2012, ha ayudado a los Estados a determinar cómo proteger a las personas desplazadas a través de las fronteras por desastres naturales y el cambio climático, ya que actualmente no están amparadas por ninguna convención internacional ni otro instrumento.
La Iniciativa Nansen no ha intentado desarrollar nuevas normas jurídicas para ayudar a las personas desplazadas por desastres, sino encontrar un acuerdo entre los Estados sobre cómo atenderlas, mediante consultas regionales con gobiernos y la sociedad civil.
En el nuevo número de Forced Migration Review (FMR), Walter Kälin, abogado de derechos humanos y enviado de la iniciativa, confirma que una «agenda de protección» que se adoptará en una reunión mundial en Ginebra en octubre no propondrá crear una nueva ley internacional.
En cambio, presentará «un conjunto de entendimientos comunes» sobre el desplazamiento por desastres, sus dimensiones y los desafíos que afrontan todas las personas afectadas.
La agenda identificará principios clave de protección recogidos en acuerdos regionales e internacionales existentes y ofrecerá ejemplos de prácticas y herramientas que pueden utilizarse para prevenir, prepararse para responder al desplazamiento causado por desastres.
Al acercarse la Iniciativa Nansen a su fin a finales de este año, Kälin sostiene que «ha llegado el momento de volver a incluir en la agenda de la ONU el desplazamiento transfronterizo en el contexto de los desastres y el cambio climático», y de garantizar que los Estados apliquen el plan de acción de la agenda.
Como escribe Volker Türk, alto comisionado adjunto de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), en el último número de FMR, existe una laguna jurídica en lo que respecta a las personas que huyen a otros países tras un desastre.
Protección temporal
Para estas personas desplazadas, el ACNUR considera que los acuerdos de protección temporal o de permanencia podrían ser la respuesta para aclarar derechos y responsabilidades. En febrero de 2014 elaboró directrices para este tipo de acuerdos.
Su objetivo es ayudar a los gobiernos a responder a crisis humanitarias y a movimientos de población complejos o mixtos (incluidas las llegadas por barco), en situaciones en las que las respuestas existentes no son adecuadas o suficientes, y armonizar los acuerdos entre regiones.
Türk señala que el concepto de protección temporal existe desde hace décadas y se ha aplicado en muchos lugares y situaciones diferentes, especialmente ante la llegada masiva de personas.
La concesión de refugio temporal a vecinos en apuros, incluidas las personas afectadas por desastres, tiene una larga tradición en África, escribe Tamara Wood, quien actuó como experta jurídica para la consulta de la Iniciativa Nansen sobre el Cuerno de África.
Por ejemplo, en 2002, se permitió que las personas que huían de la erupción del monte Nyiragongo, en la República Democrática del Congo, permanecieran en Uganda hasta que pudieran regresar a casa, aunque no se les concedió el estatuto de refugiadas. Botsuana y Tanzania también han acogido a personas afectadas por inundaciones en Estados vecinos.
«Sin embargo, estos acuerdos suelen ser puntuales e informales, y las personas desplazadas a través de las fronteras dependen de la buena voluntad de las comunidades de acogida y de las organizaciones no gubernamentales para su seguridad y supervivencia», escribe Wood en FMR.
En la consulta de la Iniciativa Nansen para el Cuerno de África se acordó que la protección temporal debía basarse en las leyes, políticas y prácticas existentes en la región y ser coherente con las obligaciones del derecho internacional y regional, para garantizar que estas no se socavaran.
Wood señala que los Estados que se han adherido a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 deben garantizar una serie de derechos a todas las personas que se encuentren en su territorio, incluidos los no nacionales.
Wood sostiene que, si se utilizan requisitos existentes como este como base para formalizar medidas de protección temporal, se podría garantizar mejor el acceso al territorio y a los derechos humanos, y promover una acogida y un trato más coherentes para las personas desplazadas a través de las fronteras por desastres.
La Iniciativa Nansen indicará el camino para hacerlo, pero corresponderá a los gobiernos llevarlo a cabo.
Este artículo se publica en colaboración con Thomson Reuters Foundation. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autora: Megan Rowling es periodista de Thomson Reuters Foundation.
Imagen: Miembros del grupo étnico Ese Ejja descansan en una escuela utilizada como refugio improvisado después de ser desplazados por la crecida del río Acre en Cobija, en el departamento de Pando, en la frontera entre Bolivia y Brasil, el 28 de febrero de 2015. REUTERS/David Mercado
