En su artículo «Aid for Peace», Berman, Felter y Shapiro cuestionan algunos de los supuestos básicos que sustentan la prestación de ayuda humanitaria para el desarrollo en zonas de conflicto y sostienen de manera convincente que los programas pequeños y focalizados, diseñados a partir de un conocimiento profundo del contexto y de los factores que impulsan un conflicto, producen mejores resultados que los programas cuyo objetivo es distribuir la mayor cantidad posible de dinero. Como profesional del desarrollo con experiencia en zonas afectadas por conflictos de Afganistán, Filipinas y Aceh, Indonesia, en última instancia coincido con esta conclusión y felicito a los autores por su innovador trabajo a través del Empirical Studies of Conflict Project (ESOC). Sin embargo, advertiría enfáticamente contra la generalización excesiva de la experiencia de Filipinas para determinar qué constituye una «ayuda inteligente» en otras zonas de conflicto. Cabe señalar, en particular, que los estudios sobre desarrollo impulsado por las comunidades y programas de transferencias monetarias condicionadas implementados en otros países muestran efectos en los resultados de los conflictos que son totalmente opuestos a los observados en Filipinas.
Indonesia ofrece varios ejemplos de este tipo. En la provincia de Aceh, donde, antes del Memorando de Entendimiento de Helsinki de 2005 (MoU), el Movimiento Aceh Libre (GAM) libró una insurgencia armada contra el Gobierno de Indonesia (GOI), el Programa de Desarrollo de Kecamatan (KDP), impulsado por las comunidades, llevó infraestructura de pequeña escala a toda la provincia sin exacerbar el conflicto violento. Esto se debió, en gran medida, a los esfuerzos de los facilitadores locales del programa y de los habitantes de las aldeas por alcanzar acuerdos informales con los comandantes del GAM que permitieran seguir adelante con la implementación del programa sin obstáculos. Si bien esos acuerdos pudieron haber disminuido el papel del GOI en el programa a ojos de los habitantes de Aceh, la flexibilidad y la discrecionalidad local incorporadas en el programa de desarrollo impulsado por las comunidades (CDD) contribuyeron eficazmente a mitigar el conflicto. Más adelante, en 2006 y 2007, el GOI implementó en Aceh el Programa de Asistencia para la Reintegración de Víctimas del Conflicto Basado en la Comunidad (BRA-KDP) mediante la red de facilitadores y el mecanismo de transferencia de fondos del KDP. El alcance y la intensidad del conflicto en Aceh en los años previos al Memorando de Entendimiento de Helsinki hicieron logísticamente imposible verificar de forma objetiva las reclamaciones individuales de victimización mediante un mecanismo centralizado de focalización. En cambio, los facilitadores del BRA-KDP trabajaron con los habitantes de las aldeas para decidir quién tenía derecho a recibir una compensación, utilizando criterios definidos localmente. Una evaluación de impacto del BRA-KDP halló que las víctimas del conflicto recibieron, a través del programa, mayores cantidades de compensación en efectivo o en especie que quienes no fueron víctimas, sin que aumentaran los niveles de conflicto violento.
A través del Programa Nacional de Solidaridad (NSP) del Gobierno de la República Islámica de Afganistán (GoIRA), otro programa de CDD a gran escala, las aldeas rurales construyeron miles de obras de infraestructura de pequeña escala en entornos a menudo inestables. La evaluación de impacto independiente que lo acompañó no encontró pruebas de que el programa aumentara la violencia asociada al conflicto. Por el contrario, los evaluadores hallaron que el programa mejoró la percepción de la situación de seguridad local.
El estudio de Crost, Felter y Johnston sobre KALAHI-CIDSS en Filipinas emplea un análisis econométrico para identificar la relación entre la incidencia del conflicto y la presencia del programa. Esto permite a los autores formular hipótesis sobre las posibles causas de esa relación. El estudio no emplea trabajo de campo cualitativo ni otros métodos necesarios para poner a prueba esas hipótesis. Como demostraron Barron, Diprose y Woolcock en el contexto indonesio, los proyectos humanitarios o de desarrollo que cuentan con procedimientos claros para abordar las tensiones derivadas del proceso de desarrollo tienen muchas menos probabilidades de provocar violencia. Estos pueden incluir procesos participativos de toma de decisiones; reglas claras y ampliamente difundidas sobre qué se puede y qué no se puede financiar; mecanismos de reparación de agravios; y foros participativos en los que quienes intervienen en la implementación rindan cuentas de los avances. Los proyectos de CDD suelen incorporar estos procedimientos como elementos centrales del diseño del programa. Sin embargo, durante la implementación pueden surgir muchos problemas. El estudio de Crost, Felter y Johnston plantea la pregunta de si había algún defecto intrínseco en el diseño de CDD de KALAHI-CIDSS, o si un fallo de implementación provocó un aumento de los resultados violentos en las zonas donde se desarrolló el programa. Además, los autores pasan por alto que los gobiernos pueden ser conscientes de los posibles costos de violencia a corto plazo que podría causar la infraestructura y decidir aceptarlos, calculando que el programa puede generar beneficios mayores, por ejemplo, al fortalecer la confianza en la capacidad del gobierno para prestar servicios básicos, a lo largo de un período más prolongado. El estudio de Crost, Felter y Johnston no permite analizar los costos y beneficios de los programas de infraestructura de pequeña escala a mediano y largo plazo.
En el caso de los programas de transferencias monetarias condicionadas, en las zonas de conflicto suele faltar la capacidad administrativa necesaria para identificar a las personas pobres (mediante pruebas de recursos o, más comúnmente, pruebas indirectas de recursos) y transferir dinero directamente a los hogares pobres. Volviendo al caso de Indonesia, un país donde existe un nivel razonable de capacidad administrativa para implementar programas de transferencias monetarias, la investigación de Cameron y Shah aporta pruebas de que un programa de transferencias monetarias con una focalización deficiente se asoció con niveles más altos de delincuencia y una disminución del capital social a nivel comunitario. Por lo tanto, es fácil imaginar que un programa de transferencias monetarias mal focalizado podría aumentar el conflicto violento en un contexto con escasa capacidad administrativa.
Durante la última década, ESOC ha producido investigaciones aplicadas innovadoras sobre ayuda humanitaria y para el desarrollo en zonas de conflicto. Al sintetizar y reflexionar sobre los hallazgos de ESOC, instaría a los autores a actuar con cautela al descartar la eficacia de un enfoque concreto en un entorno afectado por conflictos, como parecen hacer con el CDD, o al elogiar las ventajas relativas de un enfoque, como parecen hacer con las transferencias monetarias, basándose en el contexto de un solo país y en estudios que evalúan los resultados de interés durante un período limitado. Se necesita más investigación que utilice una mayor variedad de metodologías y conjuntos de datos longitudinales para construir un argumento convincente a favor de la generalización de los hallazgos actuales de los autores.
Esta publicación apareció primero en el blog People Spaces Deliberation del Banco Mundial. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Robert Wrobel es especialista en desarrollo social del Banco Mundial
Imagen: Niños de la minoría yazidí hacen fila para recibir ayuda humanitaria en el monte Sinjar, el 22 de diciembre de 2014. REUTERS/Stringer




